Mayor riesgo político, menor inversión productiva

Como tantos países emergentes, la Argentina necesita que la economía crezca sostenidamente durante años para crear empleos formales y reducir la pobreza. También, exportar más para generar divisas, sin las cuales no es posible importar insumos ni aumentar la producción.

A diferencia de otros países cuenta con gran potencial en muchas áreas, que viene siendo desaprovechado a través de los años. Y si bien movilizarlo requiere mayores inversiones privadas –locales y extranjeras–, el gobierno del Frente de Todos se ha dedicado a ponerles palos en la rueda, desalentarlas o ahuyentarlas.

Ahora la perspectiva se complica aún más por la incertidumbre y el riesgo político que provoca la fractura expuesta del oficialismo. En menos de tres meses, Cristina Kirchner rechazó el acuerdo con el FMI, se enfrentó con Alberto Fernández, la Corte Suprema y alienta la fuerte embestida contra Martín Guzmán por parte de La Cámpora, que busca reemplazarlo no para mejorar la gestión del área, caracterizada por la inestabilidad macroeconómica y tributaria, sino por la peor alternativa de reforzar las políticas populistas, los cepos o controles sobre la economía y el “capitalismo de amigos”. O sea, una reedición de la consigna peronista de combatir al capital, aggiornada al siglo XXI y con similar o mayor imprevisibilidad en un contexto de crisis inflacionaria.

Un rápido repaso de los sectores con mayor potencial muestra cómo las diferencias ideológicas dentro del FDT tuvieron como correlato acciones oficiales contradictorias o descoordinadas que frenan las posibilidades de inversión privada:

•Energía. El ala K cajoneó prematuramente el plan elaborado en 2019 por Guillermo Nielsen para impulsar la producción de Vaca Muerta mediante garantías de estabilidad fiscal, disponibilidad de divisas para nuevas inversiones y precios alineados con la paridad de importación. Luego el Gobierno demoró hasta fines de 2021 el proyecto de nueva ley ómnibus de Hidrocarburos para conformar a todas sus líneas internas. El resultado fue un complejo engendro de 115 artículos con varios regímenes de promoción sectorial, rechazado por las provincias productoras y que no llegó al Congreso. Esta semana, Guzmán anticipó la intención de flexibilizar el cepo cambiario para las petroleras (ante la evidencia de que si los capitales no pueden salir, tampoco entran), pero encontraría resistencias en el Banco Central. Y aunque el Gobierno puso en marcha en 2020 el Plan Gas 4 con subastas de precios para aumentar la producción, solo ahora adjudicó la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá sustituir importaciones de gas y combustibles líquidos si –con suerte– pudiera ser habilitado antes del invierno de 2023. En cambio, los alcances del ajuste que se aplicará en junio en las tarifas de luz y gas, según el acuerdo con el Fondo, enfrentan al Ministerio de Economía con La Cámpora y el Instituto Patria.

•Agroindustria. El frustrado intento de expropiar Vicentin, a mediados de 2020, puso en guardia al sector en medio de presiones K para recrear la Junta Nacional de Granos. Para entonces, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había presentado al Gobierno un proyecto de ley ómnibus para promover nuevas inversiones, más exportaciones y empleos a cambio de estabilidad fiscal por 10 años. Luego de innumerables reuniones de trabajo y modificaciones, aún no fue enviado al Congreso. En el ínterin, y en sentido contrario, se dispusieron el cepo a las exportaciones de carne; cupos a las de trigo y maíz, y la suba de retenciones a la soja, que este año alcanzaron a los subproductos (aceites y harinas), pese a la reducción aplicada en 2021.

•Telecomunicaciones. Tras el DNU que, en plena cuarentena de 2020, declaró servicio público a la telefonía móvil, la televisión por cable y accesos a internet para regular sus precios, las empresas prestadoras obtuvieron amparos judiciales que fueron recurridos por el Enacom y deberán ser resueltos por la Corte Suprema. Este marco de inseguridad jurídica inhibe mayores inversiones privadas cuando en la segunda mitad de este año debería concretarse la licitación del espectro de frecuencias 5G de alta velocidad. En medio de presiones externas e internas y señales ambivalentes, el Gobierno aún no definió la tecnología a utilizar, que se disputan los Estados Unidos y China. Cualquiera de ellas requerirá millonarias inversiones en infraestructura de conectividad digital.

•Exportaciones SBC. Si bien crecieron 14% en 2021 (a US$6400 millones), las exportaciones de servicios basados en el conocimiento (SBC) enfrentan el escollo de la brecha cambiaria, que fomenta ventas no registradas al exterior (calculadas en US$1700 millones) por profesionales independientes. Esta distorsión neutraliza los beneficios fiscales otorgados por ley a las empresas del sector, en una de las pocas políticas de Estado vigentes desde hace 18 años. El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, tampoco anticipa una solución: “No queremos que esos chicos que se formaron acá y tienen grandes capacidades en el campo de la programación se vayan del país, pero tampoco queremos que trabajen para afuera”, dijo esta semana.

•Transporte aéreo. El decreto que dispuso establecer bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje en la segunda mitad de este año, desalienta las inversiones de las pocas compañías low cost que aún operan en el país, deberán fijar tarifas más altas y limitar ofertas. También frena el ingreso de nuevas empresas. Sólo apunta a reforzar el monopolio en el mercado de Aerolíneas Argentinas, que en 2021 recibió subsidios estatales equivalentes a $ 200 millones por día, costeados por todos los argentinos, vuelen o no.

Dentro de este desalentador panorama, una de las pocas excepciones es la minería, con 87 proyectos en distintos grados de avance, nuevos empleos y exportaciones por US$3300 millones en 2021. Principalmente por el boom de los yacimientos de litio en el NOA, donde sólo dos proyectos en operación ya convierten a la Argentina en el cuarto productor mundial y con otros 12 en proceso podría pasar a ser el primero en 2030, con miras a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos.

Aun así, el analista en economía internacional Marcelo Elizondo, titular de la consultora DNI, advierte que, en general, los inversores externos están más preocupados por el futuro del país que por lo que pueda hacer el Gobierno hasta fin de 2023. Al margen de la incertidumbre que provocan los cambios sorpresivos de reglas en materia impositiva, cambiaria y de precios; la inestabilidad macroeconómica; la politización y judicialización de las medidas oficiales y la errática política exterior, consideran que falta sustento político para futuras reformas y muestran poca paciencia con los cambios graduales.

Otra muestra de este deterioro político-institucional aparece en un trabajo elaborado por DNI. Mientras en el mundo se duplicó en los últimos diez años el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) al pasar de 19,9 a 41,3 billones de dólares, en la Argentina sigue siendo similar al de 2011 (US$85.000 millones). De ahí que su participación dentro del total mundial descendió de manera notable (de 0,4 a 0,2%), al igual que en la región (de 5,5 a 3,8%) y pasa a ser un dato preocupante frente a la competitividad surgida de la capacidad tecnológica y la innovación. En la Argentina solo 58 empresas exportan más de US$100 millones por año y, si hubiese mayor cantidad de grandes compañías, habría mejores y mayores actores en esta materia, motorizada por las firmas trasnacionales y que se traslada a sus proveedores locales, concluye.