Un misil: la curiosa comparación de un exfuncionario para describir un decreto
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LA NACIONMaría Julieta Rumi
El exvicejefe de Gabinete y exministro de Modernización del gobierno de Mauricio Macri, Andrés Ibarra, se refirió en duros términos al DNU 690/2020-que declaró servicios públicos a la telefonía móvil, internet y tv paga y dejó entreabierta la puerta para que sea el Gobierno el que fije las tarifas- y dijo que, si se quería congelar precios, se podría haber hecho de otra forma y no lanzando un "misil" al sector.
Durante una exposición virtual con la Fundación Libertad, Ibarra repasó algunas de las medidas que tomó durante su gestión y se refirió en duros términos al decreto al que consideró "pésimo".
"La Argentina se bancó bastante el aumento del tráfico de Internet por la pandemia y la cuarentena y tuvo un avance importante en los últimos cuatro años por el riesgo que asumió el sector privado. Las medidas que se tienen que tomar son inversas al decreto. Hay que dar certidumbre, facilitar y acompañar desde el Estado y, si hay que discutir y pedir congelamientos de precios por un tramo, se puede hacer, pero sin agarrar un misil y amenazar la certidumbre del sector. No hay que afectar su visión para que siga invirtiendo en Argentina", opinó.
De acuerdo con su exposición, el sector de las telecomunicaciones representa el 2,5% del PBI y emplea a más de 250.000 personas de manera directa. En cuanto a inversiones, en los últimos cuatro años, las empresas habrían desembolsado US$2000 millones anuales que "mejoraron sustancialmente el servicio".
"Ya hemos visto cómo una inadecuada intervención del Estado nos llevó, durante los gobiernos kirchneristas, a que la telefonía móvil tuviese una mala calidad de servicio y a que las llamadas se cortasen con asiduidad. Un buen ejemplo del camino que hay que recorrer es el de Chile, que acaba de lanzar la primera licitación de espectro para 5G en América Latina y podría recibir inversiones por hasta US$3000 millones", ejemplificó.
"Si hay algo que pido es que el Gobierno sobreactúe medidas en términos de lograr confianza, más en pandemia, porque si no no vamos a recibir las inversiones que necesitamos. Resulta incomprensible que en la Argentina se tomen este tipo de decisiones que atrasan, desalientan cualquier tipo de inversión y generación de empleo y perjudican a millones de argentinos", agregó.
Por último, dijo que, por más de que se hable de cambios que podrían introducirse con la reglamentación, un decreto que regula y habla de servicios públicos "está muy mal y es una mala señal".
"Lo más delicado es el carácter de servicio público porque el Estado podría eventualmente intervenir, coadministrar las empresas o introducir cambios en la prestación del servicio. No está la reglamentación, pero a partir de acá las facultades que tendría el Estado son enormes y da mucha incertidumbre hacia adelante. Eso implica inversiones que no se realizan o se hacen más costosas, entonces a los argentinos no nos conviene un DNU de estas características y entiendo que por la evolución del sector tampoco se justifica. Y, si era por tema precios, se podía hacer de otra forma", cerró.
La industria del cable le contestó al presidente
En la apertura de IDEA el presidente Alberto Fernández, entre otras justificaciones por el dictado del DNU 690, expuso que en los servicios de TV Paga y de acceso a Internet era necesario promover la competencia.
"La competencia se ha perdido en Internet y en la TV por cable, porque algunos sectores tuvieron ventajas que otros no tuvieron. Hemos tomado la medida para un mercado que, por cuestiones políticas, por decisiones políticas estuvo cerrado y protegido", afirmó.
Al respecto, la industria del cable salió al cruce y dijo que "es por demás dinámica, logrando popularizar los accesos de banda ancha, significativas bajas en los precios de los abonos y sustanciales aumentos en la velocidad de la conexión".
"Somos una industria argentina que emplea 30.000 trabajadores calificados, integrados en más de 700 empresas Pymes, otras medianas y algunas de alcance nacional", aseguraron.
En cuanto a las acusaciones de falta de competencia, las empresas del sector apuntaron que en los últimos cuatro años el Enacom "informa haber otorgado 1212 licencias audiovisuales, la gran mayoría de ellas a Pymes y cooperativas".
Además, destacaron que el Estado Nacional "ofrece un servicio gratuito que compite con todos los prestadores mencionados", en referencia a la Televisión Digital Abierta, que cubre todo el país y brinda señales digitales a más del 80% de la población.
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