Nuevo índice, viejas dudas: los efectos de sincerar la inflación

Hace falta un movimiento desacertado y tan sólo un segundo para provocar el derrame del contenido de una botella de aceite. Hacen falta balde, agua, trapos, detergente, tiempo y un trabajo esforzado y meticuloso, para dejar el piso libre del riesgo de resbalones y daños por caídas.

Siete años pasaron desde aquel movimiento decidido por la política, que en enero de 2007 desarmó la credibilidad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La manipulación del dato de evolución de precios, que se ubicó cada vez más lejos de cualquier percepción de la realidad de los consumidores , expandió sus efectos negativos en varios aspectos de la economía y de la vida social.

Tras 84 informes con números que ya poco interesaban, el Gobierno difundió este mes el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPC-NU). El dato inaugural, de 3,7% para enero, fue visto como razonable por muchos analistas. Pero la forma en que fue presentado mantiene signos de pregunta. Por un lado, porque se mostraron índices, pero no los precios que los sostienen. Por el otro, porque además de haberse rodeado de los funcionarios que condujeron un Indec desprestigiado, el ministro de Economía, Axel Kicillof, insistió en su discurso en culpas solamente ajenas y en supuestas conspiraciones que explicarían este fenómeno de una Argentina que, a contramano de casi todo el mundo, sufre una elevada inflación.

Aunque una evaluación amplia requiere del paso de más tiempo, el reconocimiento oficial arrastrará una serie de efectos vinculados a la deuda del Estado, a la imagen de la Argentina y a las discusiones salariales. También debería haber un impacto en los índices de la realidad social y en el diseño de las políticas públicas, aunque es todavía una incógnita qué comportamientos adoptará el Gobierno en esos aspectos. Hoy existen señales contradictorias: se muestra un índice mensual que permite proyectar un año con inflación superior al 30%, al mismo tiempo que, con un relato que proclama la defensa del poder adquisitivo, se ofrece una recomposición salarial muy inferior para los docentes, que tienen al sector público de empleador.

"Cuando se agita tanto este tema quiero recordarles que parte de la deuda externa argentina está contratada bajo el índice CER, y cada punto de inflación significa anualmente US$ 421 millones." La entonces senadora nacional Cristina Kirchner les hablaba así, en julio de 2007, a empresarios españoles. Al decir "este tema", se refería a los cuestionamientos al índice oficial de precios. El resto de la frase condice con una excusa espinosa que varios kirchneristas se animaron a expresar al hablar del caso Indec.

El Gobierno mantiene parte de su stock de compromisos en bonos que se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), desde 2002 atado al IPC del Gran Buenos Aires (el índice discontinuado), y ahora vinculado al Ipcnu, según lo dispuso anteayer Economía. Pero al "ahorro" que puede haber acumulado el sector público por subestimar el índice de actualización –una pérdida para los ahorristas, en su gran mayoría argentinos– se contrapone el costo de la credibilidad lastimada.

Mucho pasó en estos años y el sinceramiento de la inflación plantea, para el Estado y sus compromisos, efectos más suaves que los que podrían haberse estimado un par de años atrás. "A fines de 2006, 41,3% de la deuda se ajustaba por CER; a junio de 2013 y según el último dato oficial, esa participación era de 17%", detalla el economista Maximiliano Castillo, director de la consultora ACM, que calcula que, solo por efecto de la subestimación, entre 2007 y 2013 se pagaron US$ 14.048 millones menos.

Castillo advierte que la ecuación final no es tan simple. "Hay un costo en la reputación que es difícil poner en números", analiza. Algo de eso se pagó en las nuevas emisiones de deuda, que resultaron más caras.

La intervención política en el instituto de estadística, por otra parte, coincidió con un punto de inflexión en algunas variables económicas. "No se veían aún como ahora problemas como los de las cuentas fiscales o los subsidios, pero empezaban a estar", señala Castillo. "Los errores se profundizaron –agrega– y creció el riesgo país" de una manera que no ocurrió por ejemplo en Brasil.

Hacia adelante, el Ipcnu llevará a un ajuste de la deuda superior al que podía proyectarse antes. Una estimación del Ieral de Fundación Mediterránea, indica que si la inflación promedio mensual de este año fuera de 3%, el stock de compromisos ajustables por CER subiría en $ 52.017 millones más respecto de lo que ocurriría con un índice de 1% promedio. Y en la hipótesis de una variación de precios de 2% , se sumarían $ 24.607 millones adicionales. En el primer supuesto, el efecto de más deuda llegaría a 1,3% del PBI y en el segundo, a 0,7 por ciento. Mucho menor es el impacto sobre el monto que hay que pagar este año: según qué hipótesis se tome, habrá que desembolsar $ 2340 millones o $ 1128 millones extra.

Como los últimos datos oficiales son de junio de 2013, la incidencia de la deuda con CER podría haber caído hasta 15%, según estima Daniel Marx, director de Quantum Finanzas. Y el valor sería de unos US$ 25.200 millones ($ 196.500 millones).

Entre los títulos ajustables por CER tienen fuerte presencia los Cuasipar, que en su mayoría están en el fondo de garantía del sistema previsional, perjudicado en estos años por el Indec. Según afirma Sofía Devalle, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), más de 70% de esos títulos y 30% del total de la deuda con CER, está en el régimen jubilatorio. De todas maneras, agrega Devalle, no habrá pronto un beneficio por mayores cobros; en el corto plazo los vencimientos más grandes corresponden a otro título, el Bogar, que proviene de una plan por el que la Nación ayudó a las provincias a reestructurar deudas.

Decisiones políticas

Más allá de la cuestión de la deuda, el sinceramiento de la inflación hace nacer expectativas respecto de las futuras decisiones políticas. Lo que ocurra en ese sentido ayudará a saber si se dio el puntapié para hacer volver la confianza en el Indec, que en el armado del nuevo índice tuvo asesoramiento del FMI (lograr financiamiento es algo que está en la mira).

"Esto ayuda a dar una visión de que se cumplirá un contrato, que hasta ahora se cumplía en la letra, pero no en el espíritu", señala Marx, en referencia a la aplicación del CER en los bonos. El ex secretario de Finanzas recuerda que en materia de políticas y frente a la evidencia de la alta inflación, está pendiente el problema de la distorsión de precios relativos, que marca un tema de agenda de esos que requieren medidas con costos políticos y sociales.

Hay cautela al hablar de cómo sigue la historia. "Si se quiere ganar credibilidad, uno debe ser más transparente de lo que se espera", dice Castillo, tras marcar la debilidad de la presentación oficial, a causa de lo que no se mostró (detalles de la metodología y listas de precios). "Hay muchas dimensiones en lo que se perdió con el tema del Indec y una es la institucional: ¿cómo hacer políticas públicas si se cree que la pobreza y la indigencia son lo que se dijo que son?", cuestiona.

Los índices sociales están directamente vinculados a los de precios. Para estimar la indigencia y la pobreza se toman los valores de dos canastas, la básica alimentaria y la básica total, y se los compara con los ingresos percibidos en las familias según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Hasta la información referida a diciembre de 2013, el Indec difundía de cuánto era el costo de esos consumos, un número que varía según la integración de cada hogar. Con la difusión del Ipcnu el dato no llegó y tampoco está prevista su difusión.

"No está claro si van a calcular las canastas", duda Graciela Bevacqua, desplazada del cargo de directora de Precios del Indec tras la intervención. En la estimación de la ex funcionaria, el valor de la canasta de pobreza fue en enero de $ 6984,16 y la de indigencia, de $ 3033,59, para un matrimonio joven con dos hijos de 5 y 8 años. Son valores muy alejados de los que usó el Gobierno y que le permitieron declamar una pobreza de solo 4,7%, mientras que para otras fuentes ese índice trepa a 26 por ciento.

Un sinceramiento, en este caso, requeriría mostrar precios en valores absolutos, y ahí resulta mucho más difícil disimular diferencias con el pasado que cuando se habla del nuevo índice de variación porcentual, que ciertamente es distinto al anterior, en primer lugar porque se refiere a precios de seis canastas de regiones del país, mientras que el IPC –GBA se limitaba al área metropolitana. Si habrá o no un reconocimiento de la pobreza es todavía una incógnita.

Sin certezas y en plena ebullición por la aceleración de los precios tras la devaluación, las negociaciones salariales se prevén más conflictivas este año. "Vemos en estos días que el blanqueo de la inflación ayudó a abrir el juego en las empresas, que revisan aunque con poco margen la suba salarial que podrían dar", comenta María Laura Calí, directora de SEL Consultores. En las multinacionales, el nuevo dato mostrado a las casas matrices colabora a la hora de obtener el visto bueno para revisar presupuestos, dice. Mientras que el promedio de cuánto darían de ajuste anual se mantuvo por meses inamovible en 25%, ahora subió a 27%, con un techo de 30% y con tendencia creciente (al igual que la inflación).

Pero hay otro indicador que avanza: el porcentaje de empresas que prevé reducir sus dotaciones era de 3% a fines de 2012, llegó a 12% un año después y ya está en 15 por ciento.

"Es el primer condicionante que tenemos", lamenta Héctor Daer, dirigente sindical de la Sanidad y diputado por el Frente Renovador, respecto de la situación del empleo. "Al índice de precios anterior nunca le creímos y sobre el nuevo tenemos dos reflexiones –analiza–. La primera es que parece reflejar mínimamente la realidad inflacionaria; la segunda, que el dato es por demás preocupante."

El mensaje oficial no aparece claro. Por un lado se admitió para enero un nivel de inflación que permite proyectar un índice para todo el año de 33%, según un informe de la consultora Econométrica. Pero no se alteró el pedido de moderación para los reclamos sindicales, un mensaje que en el caso de los docentes tomó forma en la modesta oferta a los gremios.

"El Gobierno sigue con la idea de un aumento de 25% y acuerdos por un año; hay un mensaje confuso cuando a la vez se reconoce esta inflación", dice el abogado Pedro Etcheberry, asesor de la Cámara Argentina de Comercio. Agrega que la necesidad de recomponer ingresos laborales se encuentra, al otro lado de la mesa, con los problemas de las empresas por el alza de costos y el nivel de actividad.

"Es cierto que la Presidenta pidió prudencia, pero dejó en claro que cada uno puede pedir según lo que crea que necesite su actividad", afirma Daer. Desde un lugar cercano al kirchnerismo, Antonio Caló, líder del sindicato de metalúrgicos y de la CGT oficialista –retado en público por la Presidenta por sus dichos sobre los salarios– ya pidió que antes del acuerdo anual, las empresas de su sector paguen un adicional de $ 1400.

Poco antes de la difusión del Ipcnu, las respuestas dadas por ciudadanos consultados en la encuesta de expectativas de inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, mostraron una cuesta arriba preocupante. La suba promedio de precios que se cree que habrá en los próximos doce meses es de 41,3%, 3,7 puntos porcentuales más que la expectativa relevada el mes previo. "El efecto del nuevo índice puede ser positivo, aunque quedan resquemores porque siguen los mismos funcionarios en el Indec, y habrá que ver qué se hace en cuanto a las políticas", señala Guido Sandleris, a cargo del centro de investigación. "No había credibilidad y ahora la mayoría de los economistas considera que este dato es razonable; eso es bueno porque la gente va formando su opinión al escucharlos", agrega.

Para sindicatos, empresas y ciudadanos en general, el viejo IPC ya no era referencia. En lo últimos años, las negociaciones salariales tuvieron resultados mucho más cercanos a los índices de consultoras privadas, esos mismos que a los ojos de Jorge Capitanich son un "mamarracho". Y varias veces, no se alejaron mucho de esos números los ajustes que el propio Gobierno hizo para actualizar el impuesto a las ganancias o algunas prestaciones. Hasta en juicios por cuotas alimentarias se consignaron cifras de fuentes no oficiales, algo que remarcó el descreimiento hacia el Indec, explicitado en informes del FMI. Tanto ese organismo como los diferentes actores sociales, se tomarán su tiempo para ver si creen en la nueva medición, o si consideran que tanto daño derramado exige un esfuerzo mayor para ser reparado.

Por Silvia Stang

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