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Pedro Tarak: “Las empresas de impacto positivo construyen la base de una nueva competitividad”
El co-fundador de Sistema B dice que es necesario armar ecosistemas para una economía del bien común y advierte que no hacerlo es ineficiente; confía en que la Argentina pueda tener una ley que reconozca una identidad a compañías y emprendimientos con propósitos sociales y ambientales
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LA NACIONSilvia Stang
“No alcanza con individualidades, no alcanza con la lógica de quién le gana a quién; todos necesitamos ganar, porque somos interdependientes”, reflexiona Pedro Tarak, uno de los fundadores de Sistema B, la organización que en América Latina es promotora, desde 2012, del movimiento que busca que las empresas trabajen, desde el corazón mismo de sus negocios, con la mira en el triple impacto: económico, social y ambiental. Y su conclusión está vinculada a la transformación del ADN de las empresas, como le llama, para que sean parte de un ecosistema en el cual, sin perder de vista el resultado económico, también sea protagonista la meta del bien común.
Se trata, dice, de empresas que desde una identidad particular -que en varios países y en varios estados de Estados Unidos está reconocida jurídicamente- “construyen la base de una nueva competitividad”, operando con las reglas generales en sus mercados y, al mismo tiempo, creando soluciones a problemas de la sociedad.
La conciencia de la interdependencia, un concepto en el que insiste, llevó a conformar la Alianza Comercial de Impacto Regional (RITA, por su sigla en inglés), una organización con sede en Melbourne, Australia, de la cual Tarak, que emprendió con varias empresas, es global strategic council.
El principio básico del movimiento B –que en marzo de cada año celebra su mes especial- es que no tiene sentido una economía que por su propia naturaleza excluya a personas y destruya recursos naturales. La letra B se adoptó por las Benefit Corporation, tal como se denomina a las empresas de impacto en Estados Unidos.
“Echar a la sociedad o al Estado la responsabilidad de lo que puedo resolver yo [como empresa] no solo es una irresponsabilidad, sino también un acto tremendo de ineficiencia”, señala Tarak, quien advierte que, más allá de la posibilidad de tener una “certificación B” -otorgada por una ONG global-, la Argentina no cuenta con la tipificación legal para que las compañías puedan añadir a su forma jurídica una identidad del tipo BIC (sociedades de beneficio de interés colectivo). La cuestión se debatió hace unos años, pero el proyecto entonces impulsado no se convirtió en ley.
-¿Qué significa pasar de empresas a mercados de impacto?
-Las empresas existen en un ecosistema, y las que son de impacto positivo necesitan uno que las premie, las valore, las favorezca. Por ecosistema entendemos un sistema jurídico, político, de mercado, que otorgue preferencias en compras e inversiones, preferencias de consumidores y proveedores. En el inicio del ciclo de creación de esos ecosistemas hay ciertos territorios en los que la diversidad de actores hace sus aportes y es algo que hoy vemos, por ejemplo, en Mendoza. Hay múltiples movimientos que hacen propuestas para la transformación de la genética empresarial, pero también se necesita el mundo de la inversión y el de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, en su rol regulatorio y de mercado, como compradores e inversores. Todo eso, para llevar adelante la transición de la naturaleza económica, para que la economía integre soluciones sociales y ambientales. También se necesita el mundo del conocimiento y la investigación y en la Universidad de Cuyo, por ejemplo, ya existe el título de licenciado en Administración de Empresas de Impacto. Se trata de empresas que van construyendo la base de una nueva competitividad, de eso estamos hablando, no de que lo hagan por responsabilidad social empresaria.
-¿Por qué cree que en su momento, en 2017, no se aprobó una ley de empresas BIC?
-A mi entender, no se interpretó bien el proyecto; se lo identificó muy por el lado ambiental y social, cuando se trata de una nueva manera de crear valor económico en el mercado. La propuesta implica ampliar el menú de las maneras en que nos organizamos como empresas; es una forma de configurarse jurídicamente. Se trata de dar claridad legal y de poder tener protegido el propósito de bien común que se tiene que manifestar en el proceso de producción con un compromiso de transparencia. Y no tiene que ver con beneficios impositivos.
-¿Qué diferencia hay entre esa tipología legal y la certificación B? ¿Y qué resultados considera que tuvo el movimiento de empresas B?
-Hay una organización global, B Lab, que certifica; Sistema B acompaña a las empresas que deciden caminar en esa dirección. Desde su existencia, en muchos lugares de América Latina se instaló el horizonte de que podemos resolver problemas colectivos, sociales, ambientales, culturales desde las oportunidades del mercado y desde el corazón de los negocios. Tiene mucho que ver con personas que estaban en la búsqueda de sentido. En el mundo hay 9500 empresas B en 102 países; en América Latina, 1255, y en la Argentina, 244. Nosotros nunca aspiramos a tener un número muy alto; hay más o menos 125 millones de empresas en el mundo y una organización privada nunca va a llegar a todas; lo que nos interesa es que a través de las dinámicas propias de la competitividad haya cada vez más búsquedas de soluciones. La BIC tiene la intención de transformar el sistema; la empresa B es una certificación privada de eso. Para los muchos está la BIC, que no es un sello, sino una categoría que se agrega la tipología SA, SRL, o la que sea. Es la forma jurídica para empresas que demuestren su impacto integral y rindan cuentas, con una ampliación del deber de cuidado a los socios, porque no soslayamos el interés de los accionistas. Es una evolución del sistema. Y no es “o”, es “y”.
-¿Es posible evitar en todo esto el greenwashing [práctica de marketing con la que se engaña al público sobre los reales intereses de una empresa]?
-Las empresas B nacieron en 2006 y ya hay un caudal de experiencias. Hay quienes de afuera dicen que se busca un sello para el greenwashing. Lo de B Lab es privado, aspira a transitar la excelencia y en breve se implementarán estándares más exigentes. ¿Eso protege del greenwashing? El greenwashing es una posibilidad humana, porque está en el universo humano el buscar esconder lo que se sabe que no se hace bien. Nunca se va a evitar al 100%. Este es un mecanismo que aspira a mejorar la relación de la ciudadanía con el mercado y se enfatiza mucho en el aspecto de la transparencia y la rendición de cuentas.
-¿Hay experiencias de empresas expulsadas, que pierden su identidad BIC o su certificación B?
Hay mucha experiencia. En la red B no sancionamos moralmente, no somos de señalar a las empresas que no califican, porque creemos en construir confianza para cambiar. Si alguien no cumple, se retira la certificación. Las empresas saben que se exponen a auditorías aleatorias o a denuncias que pueden hacerles. Para el que busca solo el sello no le conviene, es de alto riesgo. El sistema está muy bien estructurado para que se reduzca el máximo el interés de los que buscan solo el sello. Porque se trata de tomar una nueva identidad para competir en el mercado con creación de soluciones para distintos públicos de interés. Un caso paradigmático es el de la empresa Patagonia, y hay casos como el de Guayakí, donde yo estuve acompañando.
-La empresa productora de yerba que “pagó por la lluvia”
-Sí, eso fue por dos años. Guayakí y acordó con una ONG que trabaja con 16 etnias amazónicas colombianas y financió el desarrollo del liderazgo emprendedor femenino y juvenil, en reconocimiento por los servicios de agua y de la interdependencia. Fue algo muy de vanguardia. Muchas empresas desarrollan innovaciones de vanguardia que hacen que otras se inspiren. Por eso digo que no nos interesa llegar a todas las empresas, sino que algunas marquen el ritmo. Cada empresa pasa a ser un actor transformador de realidades. Echar para la sociedad o para el Estado lo que puedo resolver yo no solo es una irresponsabilidad, sino también un acto tremendo de ineficiencia empresarial. Desde la macroeconomía es muy ineficiente generar daños, porque tarde o temprano hay que reparar y la reparación es mucho más cara.
-¿Qué chances hay de que se apruebe en el país una legislación de empresas BIC?
Percibo que hay una enorme mayoría de voluntades que queremos que la casa se ordene, que se dome la inflación, que haya déficit cero y que se recupere la economía. Tengo la sensación de que se está esperando ese momento para llevar adelante este tipo de iniciativas. Hablamos de ampliar el menú de opciones para dar mayor libertad a los actores económicos. Ahora se habla de libertad y yo siempre tuve la libertad como un valor para discernir las vocaciones personales y convertirlas en propósitos en la medida en que respondan a demandas de la sociedad. Si queremos emprender para el bien común, no alcanza con individualidades, no alcanza con la lógica de quién le gana a quien; todos necesitamos ganar, porque somos interdependientes. Después de elecciones de medio término vamos a tener un mejor panorama de cómo están las fuerzas y vamos a saber cómo compartir la propuesta.
MINI BIO
Profesión
Pedro Tarak es abogado (UBA) y LL.M (Master on Laws) en derecho ambiental (Universidad de Indiana)
Trayectoria
Inició la Fundación Avina, co-fundó Sistema B, The Regional Impact Trade Alliance (RITA) y fue designado embajador global del Movimiento B
Emprendimientos
Co-creó Emprendia, la primera empresa B del país; asesoró a Guayaki, productora de yerba y regeneradora de la selva misionera; co-fundó Impact Trade, dedicada a la internacionalización de empresas de impacto
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