Por el plan de la Ley Bases solo se blanqueó el 0,3% de los trabajos informales: el porqué del fracaso
La norma impulsada por el Gobierno incluyó un programa con un amplio perdón de deudas para empresas, pero solo se puso en regla a 16.703 empleados; según analistas, influyeron las dudas sobre la economía y el hecho de que la misma legislación eliminó sanciones por tener puestos no registrados
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LA NACIONSilvia Stang
La Ley Bases aprobada por el Congreso a mediados de 2024 incluyó un plan para regularizar puestos de trabajo que no habían sido registrados o que estaban deficientemente declarados. Fue una apuesta del Gobierno para ver crecer el número de ocupaciones asalariadas registradas, algo que en la práctica no se logró. Más conocido como blanqueo laboral, el Régimen de Promoción del Empleo Registrado previó una amplia condonación de las deudas con el fisco por los aportes y contribuciones no abonados en su momento, entre otros beneficios.
¿Qué resultados tuvo el programa? Durante los tres meses que estuvo habilitado el trámite para la regularización -entre fines de septiembre y fines de diciembre de 2024- adhirieron 1950 empleadores, y lo hicieron para poner en regla la situación de solo 16.703 trabajadores. Por el plan, el fisco recaudó unos $2000 millones.
Las cifras son de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fueron obtenidas por LA NACION tras un pedido de acceso a la información pública.
El número de regularizados puede considerarse sumamente escaso si se lo contrasta con la cantidad estimada de asalariados no registrados que consta en los últimos informes del Indec referidos a la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”. En el primer trimestre de este año -dato más reciente disponible- la cifra era de 5.437.000 ocupados, no muy diferente a la de igual período de 2024, de 5.448.000 (hubo 11.000 puestos menos este año). Es decir, del total de empleados no declarados que se estima que hay, se regularizó un 0,3%.
Según analistas consultados por LA NACION, además de la heterogeneidad del problema de la informalidad y de las dudas sobre la marcha de la actividad económica y sobre posibles reformas legislativas futuras, una cuestión que atentó contra una regularización más amplia es que, además de los incentivos para blanquear, la misma ley 27.742 eliminó sanciones que existían por no regularizar. Ambas medidas fueron promovidas por el Gobierno y una de ellas, según la observación, bien pudo haber opacado a la otra.
Desde el Gobierno admitieron, ante la consulta de este medio, que el número de empleos regularizados “representa una proporción baja frente al universo total de empleo no registrado en el país” y que “no puede hablarse aún de un impacto estructural, aunque sí de una buena señal inicial de adhesión” a un cambio. Fuentes oficiales afirmaron que el 90% de los empleadores participantes “pertenecen al segmento más pequeño del tejido productivo, lo cual confirma que la informalidad está muy arraigada en ese sector”
“Es necesario seguir acompañando estas medidas con políticas activas de promoción del empleo, especialmente para sectores con alta rotación o informalidad estructural”, señalaron fuentes oficiales, que definieron al plan de la Ley Bases como “un paso inicial” hacia “la reducción de la informalidad”. La actual gestión de Javier Milei anunció más de una vez su intención de impulsar una ley de reforma laboral, pero lo cierto es que todavía no se conoce el contenido de la propuesta, ni se sabe si políticamente habrá posibilidades de avanzar con cambios a la normativa..
De acuerdo con las cifras del ya citado informe del Indec, el empleo asalariado registrado tuvo también una caída interanual en el primer trimestre, al igual que el trabajo informal. En los primeros meses de 2024 los puestos eran 11.199.000, mientras que en la primera parte de este año la cifra fue de 11.145.000.
El número total de puestos de trabajo, sin embargo, mostró una suba entre un año y otro. Sin embargo, eso se explica por el crecimiento de la cantidad de ocupaciones sin relación de dependencia, un segmento en el que prevalecen los monotributistas y los cuentapropistas informales. La estimación del instituto de estadística revela la existencia de alrededor de 22.688.000 puestos de trabajo este año (sumando todos los grupos), 227.000 más que los que había en los primeros meses de 2024.
Quita de sanciones y expectativas
Según consideró el economista Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, hay “dos grandes razones” por las cuales el resultado fue muy pobre. “La primera -dijo- es que, si bien se crearon incentivos para regularizar, al mismo tiempo se eliminaron las sanciones por no regularizar", algo que, en su opinión, desalentó el ingreso al programa.
La segunda razón, según su análisis, es que el problema del no registro requiere un abordaje sectorial porque, por ejemplo, “no es lo mismo el pequeño comercio minorista, que a veces ni siquiera tiene rentabilidad para pagar los salarios de convenio, que los pequeños talleres proveedores de grandes empresas, casos en los cuales sería necesario mirar toda la cadena de valor”.
Según el análisis del economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, hay varias hipótesis sobre por qué no le fue mejor al plan, y se vinculan con las razones por las cuales no se crea más empleo formal (el número de asalariados registrados del sector privado es, según datos del sistema jubilatorio, similar al que había a comienzos de 2012, más allá de los altibajos no demasiado significativos que hubo en el período).
Según el economista, muchas empresas enfrentan hoy la necesidad de tener mayor competitividad, y eso requiere “bajar drásticamente los costos unitarios de producción” para evitar que la demanda de bienes vaya hacia los que son más competitivos o hacia los importados. En ese contexto, aun con los beneficios ofrecidos para regularizar, el empleador percibe que no se libera de los altos costos de litigiosidad derivados de contratar en blanco a los que quedaría expuesto “si la demanda se cae”. En consecuencia, estimó Bour, no se contrata, excepto que el empleo sea para un establecimiento “con mucha tecnología y capital intensivo”.
Esas observaciones se relacionan con lo que ocurre con la actividad y, sobre todo, con las expectativas. Este año “la economía se desacelera, crece apenas al 5% y las perspectivas para 2026 son inciertas”, afirmó el economista.
Esto lleva a que el empleo formal se mueva poco. Según la estadística del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los empleos registrados en empresas privadas fueron en abril de este año 6.255.083, el número mensual más bajo del primer cuatrimestre. En abril de 2024 y de 2023 los puestos fueron 6.257.457 y 6.339.738, respectivamente.
En las expectativas entra en juego la posible reforma laboral. “No está claro qué se propondrá, y las pocas reformas que hubo fueron revertidas”, observó Bour, en referencia a los fallos judiciales contra cambios dispuestos para la legislación laboral durante la actual gestión.
Un alivio al costo de incumplir
El abogado Luis Discenza, socio del estudio Adrogué, Zabala, Discenza, Ronchetti & Abogados, coincide con Campos en destacar que “la misma norma que incluyó el blanqueo eliminó las multas que aplicaba el fuero laboral ante el empleo no registrado o parcialmente registrado, que tornaban muy gravosos los reclamos laborales”.
Según graficó, en una demanda por despido de un trabajador no registrado que había estado en una empresa 5 años, el monto a pagar se triplicaba por efecto de las multas que quedaron derogadas.
La Ley Bases definió, por un lado, el plan de blanqueo, que incluyó varios incentivos económicos para el empleador y el derecho para los trabajadores regularizados a computar hasta 60 meses de aportes al sistema jubilatorio.
Pero, a la vez, la misma ley eliminó multas por falta de registración del vínculo laboral y anuló incrementos del monto indemnizatorio previstos para el caso de no existir el debido registro. Además, se derogaron otras sanciones.
“Evidentemente, los incentivos no despertaron el interés suficiente de los empleadores para acogerse al blanqueo, una vez derogadas las multas por no registrar”, evaluó Discenza.
Qué empresas regularizaron
Según los datos brindados ARCA a LA NACION, de los 1950 empleadores que adhirieron a la regularización 1411 fueron micro y pequeñas empresas o entidades sin fines de lucro. Este grupo fue beneficiado con un 90% de condonación de las deudas con los subsistemas de jubilación, del PAMI, de las obras sociales y de asignaciones familiares, y con el Fondo Nacional del Empleo.
También ingresaron 51 firmas medianas (se les perdonó el 80% de las obligaciones) y otras 282 no calificadas como pymes, que tuvieron un descuento del 70% del monto de sus deudas. Además, 206 empleadores se anotaron en el programa para rectificar los montos de las remuneraciones (habían declarado cifras inferiores a las reales).
La actividad que concentró la mayor cantidad de empresas fue la mercantil. Hubo 661 empleadores del rubro definido como “comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”. En 266 casos se trató de industrias, en tanto que adhirieron 182 firmas de servicios de alojamiento y gastronómicos; 131 de servicios profesionales, científicos y técnicos; 116 de servicios de salud y sociales, y 109 del rubro agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
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