Por la falta de datos del Indec, Trabajo prepara una encuesta
Permitirá obtener números de empleo; el ministerio ratificó y luego negó el sondeo
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Como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no le pasa al Ministerio de Trabajo la base de datos de la cuestionada Encuesta Permanente de Hogares (EPH, de la que surgen índices como los de desempleo y pobreza), la cartera que conduce Carlos Tomada está comenzando a preparar su propia encuesta de seguridad social, a partir de la cual podrá obtener datos más precisos del mercado laboral. LA NACION pudo saberlo de boca de cuatro investigadores sociales que tienen contacto habitual con esa dependencia.
Un vocero del Ministerio de Trabajo se limitó a confirmar que "se está pensando en una encuesta con información sobre seguridad social, sobre jubilaciones". Horas después, otro vocero la contradijo: "El ministro Tomada niega enfáticamente la existencia de esa encuesta". Tal vez, la cartera laboral tema que se desate una nueva polémica con el Indec, intervenido en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner a través del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Los investigadores, que frecuentan a las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo reconocieron que éste está preparando una encuesta sobre "protección social", que no será tan exhaustiva como la EPH, pero aportará datos del mercado laboral de todo el país. Como esa cartera también hace fiscalizaciones contra el trabajo en negro, se reconoce que los encuestadores deberán dejar bien en claro a los encuestados el respeto del secreto estadístico (el que protege la identidad de las fuentes).
Los expertos consultados cuentan que Trabajo, al igual que ellos, no puede acceder a la base de datos de la EPH porque el Indec dice que está revisando la forma de presentar la información. El problema es que esa revisión se demora demasiado: la última base disponible es la del primer trimestre de 2007. La falta de difusión de la base impide que se pueda calcular un dato que el Indec dejó de informar desde entonces: la distribución del ingreso entre las personas. Técnicos del Indec contrarios a la intervención del Gobierno atribuyen la ausencia de información a que la del Gran Buenos Aires "es de mala calidad, sin controles".
Un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue convocado por el Ministerio de Trabajo para colaborar en la elaboración de la futura encuesta, según las fuentes. Esa facultad también acordó con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que conduce Lino Barañao, la confección de un mapa de la situación social de la Argentina, que comenzará a trazarse en la segunda mitad del año.
Los expertos consultados dijeron que el proyecto del sondeo "aún está verde" y sólo el año próximo los encuestadores saldrían a la calle. El ministerio está buscando que el Banco Mundial lo financie, según reconocieron fuentes cercanas tanto a la cartera laboral como al organismo con sede en Washington.
Encuestas propias
Investigadores sociales afirman que en Trabajo admiten que, si bien la encuesta será de seguridad social, podrán usarla para conocer mejor el mercado laboral. En concreto, un sondeo así le permitiría obtener datos propios sobre empleo en blanco y en negro y desocupación, dos variables sobre las que informa el Indec, aunque con cuestionamientos (sobre todo en lo que hace a la cantidad de pobres y salarios de trabajadores en negro).
Hasta 2007, Trabajo elaboraba algunos índices a partir de la base de datos de la EPH, pero desde entonces dejaron de publicarse. Lo que sí sigue haciendo el ministerio es la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que se publica cada trimestre y que sondea a empresas que están en blanco y que emplean a más de 10 personas acerca de la demanda de trabajo.
Cuando LA NACION quiso confirmar en el ministerio la información de la nueva encuesta, altas fuentes dijeron, en primer término, que no iban a responder la consulta. Después, los voceros de la cartera darían las versiones contrapuestas sobre la existencia o inexistencia del sondeo.
No es la primera vez que sucede algo así. En 2004, Tomada declaró a LA NACION que el Gobierno iba a aumentar las asignaciones familiares y al día siguiente el vocero del ministerio lo desmintió. Dos meses después, se terminó concretando el incremento.
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