Por su situación económica, las clínicas dudan de destinar tantas camas para el covid como el año pasado

Si llega, la segunda ola de Covid vendrá a la Argentina acompañada de una tormenta: los estragos económicos que la crisis sanitaria viene ocasionando en clínicas y sanatorios. Será una tensión inevitable que ya se planteó el viernes pasado, durante una reunión de Acami, la Asociación Civil de Actividades Médicas, en forma de pregunta: cuando aumenten los contagios por el frío, ¿deberán hacer como el año pasado, que postergaron cirugías para evitar una saturación de las camas? Es un dilema, porque eso empujaría a varias prestadoras al quebranto: la atención por coronavirus no es rentable como, por ejemplo, operaciones programadas de alta complejidad que la pandemia obligó a cancelar.

Vienen de tener un anticipo. Las reuniones de Navidad y Año Nuevo quintuplicaron los contagios y llevaron a muchos centros de salud a discutir internamente si habilitaban nuevas camas. Algunas clínicas decidieron no hacerlo, pero alcanzó justo porque la curva volvió a caer hacia mediados de enero. Pero hace dos semanas apareció otra perturbación, el comienzo de las clases, que hizo bajar el promedio de edad de hisopados en siete años; los casos positivos, en una década, y la proporción de internados adultos mayores de 60, del 35%, al 21,5%.

En el chat de directivos de una clínica lo explican en estos días así: “Es por las burbujas de los colegios y los testeos a que obligan cuando un alumno da positivo”. ¿Esos chicos y adolescentes, se preguntan ahora, podrán contagiar en los próximos días a sus padres y abuelos? Misterios del virus.

Es cierto que el panorama económico de todos venía mal, pero se agravó con la crisis sanitaria. “Nos convertimos de la noche a la mañana en un sistema subsidiado -dice Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra)-. Entrar es fácil; salir, muy difícil”.

Cherro, que pertenece a la Corporación Médica Sanatorio General San Martín, cuenta que él y sus pares del sector tuvieron que levantarse este mes de la mesa de revisión que, con los sindicalistas Rodolfo Daer y Carlos West Ocampo, hacían de la paritaria del año pasado. Están todavía 14 puntos abajo, pero ve difícil dar esos aumentos.

Son los desajustes de un sistema que no cierra. Una internación en una de estas clínicas cuesta $45.000 por día, y una cama de terapia intensiva, arriba de $75.000. El problema, que tiene varios eslabones, empieza en el control de precios que el Gobierno viene aplicando en las prepagas y obras sociales, a las que les autorizó aumentos del 10% en diciembre y el 3,5% en marzo, muy por debajo de costos que exceden el 50%.

“Mientras reciban ATP no van a tener aumentos”, les advirtió el año pasado Luana Volnovich, jefa del PAMI, y cumplió. Pero los ATP desaparecieron en diciembre y fueron reemplazados por los Repro Salud, que no sólo pagan la mitad, sino que requieren más condiciones, por lo que un 35% de las clínicas y sanatorios queda excluido.

Son un sector desregulado, pero están condicionados de manera determinante a esos aumentos: si deciden subir el precio de las prestaciones, es muy probable que las prepagas y obras sociales los abandonen y, con ellas, los pacientes. Y el mensaje oficial tampoco está claro.

El 31 de diciembre, por ejemplo, el Gobierno deshizo en unas horas la resolución que había publicado en el Boletín Oficial y que disponía, tal como había autorizado Eugenio Zanarini, superintendente de Servicios de Salud, un alza del 7% para las prepagas. “Por expresa decisión del Sr. Presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados”, corrigió por la tarde una nueva resolución.

La desautorización, que las clínicas atribuyen al Instituto Patria, provocó revuelo incluso dentro del Gobierno. Y un pico de estrés y un problema de salud para el propio Zanarini, que tuvo que ser internado esa tarde en el sanatorio Santa Isabel, del grupo Omint.

La pandemia multiplicó costos y acentuó viejas distorsiones. “Tuve que mandar a 150 personas a la casa porque son personal de riesgo”, dice Hugo Magonza, director general del Cemic y secretario de la Asociación Civil de Actividades Médicas (Acami). Para lograr una rentabilidad de entre el 1% y el 3%, calculan los prestadores, una clínica, sanatorio u hospital debe tener una ocupación de entre el 85 y el 90% todo el año. Pero el Covid desplazó de los centros de salud los pacientes tradicionales y, en la actualidad, ese porcentaje de ocupación orilla el 75%. “Yo no elijo los pacientes, elijo por grado de complejidad, sea o no Covid”, dice Magonza para anticiparse a un dilema que abarca a la mayor parte de la población: el 70% de los argentinos se atiende a través de centros de salud privados, grandes o pequeños. A los hospitales públicos van sólo los que no tienen cobertura.

Dependerá de la fuerza de la segunda ola. Por eso todos miran a Brasil y su rebrote. “Hay que cerrar ya las fronteras”, dijeron a este diario en un hospital público de la Capital Federal. Como todo durante el Covid, la urgencia y la preocupación coinciden con la del sector privado: sin suficientes vacunas y escasa paciencia social para volver a mayores restricciones, algo que ya mostró Formosa, evitar el colapso podría ser para el Gobierno bastante más difícil que el año pasado.