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Preocupación por un proyecto que propone un impuesto a las TIC para financiar el deporte
La iniciativa, que podría tratarse en breve en Diputados, busca aplicar un gravamen de 1% sobre los ingresos
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LA NACIONCarlos Manzoni
Crece la preocupación en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) por un proyecto de ley que consiste en aplicar un impuesto de 1% sobre los ingresos de estas empresas para financiar el deporte. La iniciativa ya tiene aprobación de las tres comisiones a las que se había girado y está en condiciones, por lo tanto, de tratarse en la Cámara de Diputados.
Se trata de un gravamen similar al que se conoció como “impuesto Enard”, que cobraba el mismo porcentaje del 1% y que fue eliminado en 2017. En aquel caso, impactaba solo a la telefonía móvil, mientras que ahora se pretende incluir también a internet y televisión.
El proyecto afirma que este impuesto, con el que se busca financiar al nuevo Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (Cofard), comprenderá a aquellos operadores que tengan más de 10.000 clientes. Según estimaciones del sector, esto significa que impactará en 100 operadores, lo que representa 100% del mercado móvil, 90% de banda ancha (Internet) y 88% de televisión paga.
La autoría del proyecto, que modifica la ley 26.573, corresponde a Rogelio Iparraguirre y Victoria Tolosa Paz, del bloque Unión por la Patria, y ya cuenta, como se dijo, con dictamen de las comisiones de Deportes, Comunicación y Presupuesto de Diputados.
Según la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), si algunos legisladores cercanos al oficialismo –varios de los cuales votaron a favor en comisión– acompañan la iniciativa, esta podría avanzar.
Según la redacción del texto, el 1% se agregaría al precio del servicio, pero el cliente no lo distinguiría en la factura. Los cálculos elaborados por distintas cámaras del sector arrojan que lo que se recaudaría en este concepto sería aproximadamente $120.000 millones por año.
Federico Fornelli, presidente de la ATVC, dijo que, de aprobarse este proyecto, “se castigaría a una industria que es habiltadora de la educación, el trabajo, la ciencia y la tecnología, que sin ningún motivo se vería obligada a financiar el deporte”.
Además, Fornelli enfatizó: “Se obligaría a pagar un sobreprecio en un sector para financiar el deporte. Nos parece bien que se destine dinero a ese fin, pero no que ese costo recaiga sobre nuestra industria. Debería recaudarse impuestos de manera general y que después esa suma sea distribuida por el Congreso”.
Otro punto en el que se hace hincapié desde el sector es que “esta industria ya está sobrecastigada”. En este sentido, Fornelli señaló: “Más del 40% del servicio corresponde a impuestos. Además de los clásicos (Ganancias, IVA, etc…), paga Ingresos Brutos y tributos específicos (internos, tasas municipales, derechos radioeléctricos)“.
Además, destacan en el sector, la industria TIC aporta el 1% de los ingresos totales devengados para constituir el Fondo de Servicio Universal (FSU), destinado a financiar proyectos de conectividad y acelerar la digitalización. Solo en 2024, el aporte total del sector por este concepto fue de $58.800 millones.
Enrique Carrier, analista especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, escribió al respecto en su newsletter semanal. “De convertirse en ley este proyecto, las empresas tendrían que aportar el 2% de su facturación (1% al FSU y otro 1% al Enard), lo cual duplicaría la carga específica del sector”, opinó.
La diferencia, según Carrier, es que, en el caso del FSU, los fondos regresan al propio ecosistema a través de programas y proyectos; en el del Enard, se trata de una tasa con un destino completamente ajeno. “En los hechos, equivaldría a una doble imposición sectorial encubierta”, afirmó el especialista.
Consultado por LA NACION, Carrier comentó que lo que hay que propiciar es que haya menos impuestos y no más. “Pero si se va a agregar un impuesto específico, este debería aplicarse al propio sector que se verá favorecido o a alguno que esté vinculado con él. ¿Por qué la industria TIC o cualquier otra que no esté relacionada con el deporte, debería financiar el deporte?“, remarcó.
Carrier agregó que, “además, esta iniciativa demuestra que en la mente de la clase política todavía persiste una imagen del sector TIC propia de hace una década, cuando crecía a tasas chinas y todo era una fiesta”. Y sugirió: “Deberían ver los números con más detalle para darse cuenta de que aquellos tiempos quedaron definitivamente atrás”.
Otro eje del reclamo de la industria TIC es que sus cámaras pidieron que se las citara en las tres comisiones que trataron el proyecto y en ningún caso tuvieron éxito. “Tampoco fue citado el organismo regulador, el Enacom, para ver qué opinaba sobre esta nueva carga al sector”, agregó Fornelli.
También diez miembros de la comisión de Comunicaciones e Informática expresaron su disidencia parcial con el texto aprobado por la mayoría. Esos diputados son Marcela Antola, Ana Carla Carrizo, Christian Castillo, Mariela Coletta, Carlos D´Alessandro, Eduardo Falcone, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Marcela Pagano y Oscar Zago.
En una comunicación a la Cámara de Diputados, señalaron que, si bien comparten el objetivo general del proyecto, “el mecanismo de recaudación vulnera principios constitucionales y regulatorios esenciales”. Dijeron que hay desproporcionalidad fiscal, distorsión de mercado y competencia y riesgo de concentración económica.
Consultada por LA NACION, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras del proyecto, señaló: “Yo sé que las TIC manifiestan que no les gustan proyectos que usen a las empresas como vehículos para el cobro de impuestos; pero esto es parte de los mecanismos que tiene el Estado para garantizar financiamiento”.
En tal sentido, Tolosa Paz subrayó que “esto no es un impuesto que no se puede trasladar al cliente”. Y, para explicar cuál sería el impacto en el usuario, agregó: “Iparraguirre hizo una averiguación en Enacom y le informaron que una familia tipo gasta $60.000 por mes en servicios de las TIC, con lo cual este impuesto significaría $625 mensuales; es decir, lo que cuesta un pasaje de subte”.
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