Nuevo revés para la Argentina: la Justicia rechaza el pedido para suspender la entrega de acciones de YPF
El Estado argentino tiene un plazo de tres días antes de entrar en desacato si no cumple con el fallo o consigue un acuerdo previo; el país ya apeló a la Corte de Apelaciones, pero no hay certezas de que se expida antes de las próximas 72 horas
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LA NACIONSofía Diamante
La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina al rechazar el pedido de suspender la orden que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos beneficiarios que demandaron al país. Ahora, el Estado argentino tiene un plazo de tres días más antes de entrar en desacato si no cumple con el fallo o consigue un acuerdo previo.
El país ya apeló esta decisión al tribunal superior de la Corte de Apelaciones, pero no hay certezas de que se expida antes de las próximas 72 horas.
La confirmación llegó de parte de la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (primera instancia), 14 días después de que ordenara transferir las acciones de YPF.
En un escrito de cuatro páginas, la jueza dijo que “la República continúa demorando y eludiendo sus obligaciones en virtud de la sentencia no suspendida”.
“El Tribunal concedió la suspensión sin una fianza de sobreseimiento, con la condición de que la República solicitara una revisión acelerada en apelación y presentara una garantía mínima, lo que implicaba comprometer activos mínimos a los demandantes. La República no cumplió con ninguna de las dos condiciones”, dijo la magistrada.
“La República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal (...) Ahora, la República alega que se producirá un daño irreparable si el Tribunal no suspende su orden de entrega, pero cualquier supuesto daño surge directamente de las propias acciones de la República al retrasar e intentar eludir sus obligaciones en virtud de la sentencia”, agregó en un duro escrito.
En la Procuración del Tesoro, el organismo oficial encargado de diseñar las estrategias legales del país, dijeron que ya estaban trabajando en todos los escenarios posibles. “Cabe destacar que la Argentina no se encuentra incumpliendo la orden, ya que la propia Preska otorgó tres días más para solicitar la suspensión ante la Cámara de Apelaciones”, aclararon.
El viceprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, dijo en declaraciones radiales que no solo se apeló el fallo de Preska, sino que se solicitó que se suspenda también la orden de entrega de acciones hasta tanto haya una decisión del tribunal superior. Además, adelantó que, en caso de que ambos pedidos sean rechazados, todavía queda la instancia de la Corte Suprema de Estados Unidos.
“El Estado presentó hoy ante la Cámara de Apelaciones el escrito que informa la decisión de la jueza y pide que se expida sobre la suspensión. Creemos que la orden de la jueza va a estar suspendida en todo este período porque las propias contrapartes aceptaron que sería una suspensión administrativa bajo el derecho norteamericano. Eso como mínimo va a estar. Y después existe la posibilidad, y esto es lo que estamos pidiendo, que la Cámara mantenga suspendida la medida mientras tramita toda la operación de esta orden de entrega a las acciones”, dijo Stampalija a El Observador.
Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que demandaron a la Argentina por la expropiación de YPF y obtuvieron a su favor un fallo de Preska, en 2023, que impuso el pago de una indemnización de US$16.100 millones más intereses.
También fue incluido como beneficiario el fondo Bainbridge, que recibiría acciones de la compañía como parte del pago de la deuda en default desde 2001.
Aunque ese último juicio ya tiene sentencia firme y el Estado argentino debe pagar alrededor de US$100 millones, el proceso por la expropiación de YPF aún se encuentra en etapa de apelación.
Burford —que compró en España el derecho a litigar en la quiebra de las empresas Petersen— y Eton Park solicitaron al tribunal que rechace la cautelar pedida por la Argentina. En caso de que se concediera, pidieron que quedara sujeta al pago de una fianza millonaria.
La suspensión actual de la orden se extendió hasta este jueves, pero mañana habrá antes una reunión entre los abogados de los fondos beneficiarios y la defensa. “La decisión de la Corte de Apelaciones sobre el pedido de la Argentina de suspensión del fallo de Preska tiene fecha incierta, pero el jueves es el plazo límite para entregar las acciones de YPF. De no hacerlo, puede haber pedido de desacato (no es seguro esto aún)”, dijo Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.
Repercusiones
Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro durante la gestión anterior, dijo que la decisión de Preska es “prematura e irrazonable”, y que se aparta de las normas sobre inmunidad soberana que rigen en Estados Unidos.
“Esto último ya lo expresó el gobierno estadounidense en el escrito que su Departamento de Justicia presentó en la causa en noviembre del año pasado, apoyando la postura de la defensa argentina y pidiéndole a Preska que no dictara esa orden”, comentó.
“En su escrito, el Departamento de Justicia le dijo a Preska que semejante orden infringiría las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos, que no le permiten a sus jueces embargar u ordenar la venta de un bien de otro país si ese bien no está en ese país, y también le advirtió que esa orden afectaría la soberanía argentina”, agregó.
El Estado argentino no puede transferir las acciones sin la previa autorización del Congreso, según el artículo 10 de la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF.
Mientras tanto, en paralelo, también se espera en Estados Unidos la designación de los tres jueces que integrarán el Tribunal de la Corte de Apelaciones, que revisará la sentencia de primera instancia. Las tres partes involucradas en el caso —el Estado argentino, YPF y los fondos demandantes— ya presentaron todos los escritos requeridos, y solo resta el nombramiento de los jueces y la fijación de la fecha de audiencia oral, prevista para los próximos meses.
A diferencia de la Argentina, en Estados Unidos no se suele suspender la sentencia de primera instancia cuando se la apela, sino que el juez decide si se concede esa suspensión o no.
En septiembre de 2023, el Estado argentino fue condenado a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses por la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012.
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