Proceso de crisis en una firma cordobesa
Petroquímica Río Tercero sufre la caída de exportaciones
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CÓRDOBA.- Petroquímica Río Tercero, del grupo Piero, pidió el procedimiento preventivo de crisis (PPCE) en el Ministerio de Trabajo de Córdoba. Su argumento es la caída de las ventas por la fuerte baja de las exportaciones a Brasil, que acumulan 20 meses de caída.
La empresa es la única productora en América latina de diisocianato de tolueno (TDI), la materia prima de espumas y resinas poliuretánicas. En la planta también se fabrica policloruro de aluminio (usado en la potabilización de agua), ácido clorhídrico, soda cáustica e hipoclorito de sodio.
En el mercado interno es el propio grupo Piero el principal cliente del TDI para sus empresas Colchones Piero, Suavestar, Colchones Cannon y Suavegom. El grupo compró la petroquímica en 1996. Emplea de manera directa (incluyendo a los administrativos en la Capital Federal) a 407 personas, y hay otros 200 empleados indirectos de proveedores de la zona.
De los últimos tres balances que se exigen en Trabajo para solicitar el PPCE se desprende una baja de las ventas del 40%, que casi en su totalidad se explica por la caída de exportaciones. Otro factor crucial es que la compañía importa insumos en dólares y vende en pesos, lo que provoca un desequilibrio adicional.
Omar Barbero, jefe del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, explicó a LA NACION que, por ahora, acordaron con la empresa una semana de vacaciones para los 70 operarios de la línea de producción más afectada, mientras que durante otros siete días realizarán tareas de mantenimiento en la planta.
Hace dos años Petroquímica presentó a la ministra Débora Giorgi un proyecto por US$ 22 millones para la modernización y el reacondicionamiento ecológico y técnico de la planta de producción de cloro y soda cáustica. En el gremio dicen que la iniciativa "no avanzó".
La finalidad del PPCE es encontrar un mecanismo de negociación entre la empresa y los empleados que permita preservar los puestos de trabajo. Se tramita antes de disponer suspensiones o despidos, y en empresas de más de 400 empleados (como ésta) corresponde cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores.
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