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Qué propone el equipo de Carlos Melconian para empresas públicas y planes sociales
El economista dijo que no se puede hablar “livianamente” de cerrar las compañías; su reforma es diferente a la que se encaró en los ‘80 con las privatizaciones
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El plan económico que están diseñando los economistas de la Fundación Mediterránea para el próximo gobierno nacional incluye diferentes capítulos. Uno implica qué hacer con las empresas públicas. En su presentación de esta semana en Córdoba, Carlos Melconian, advirtió que los tiempos cambiaron y no hay posibilidades de repetir el “ramal que para, ramal que cierra” de los ‘90. Desde su equipo advirtieron a LA NACION que, a diferencia de lo que ocurrió a fines de los ‘80, el déficit de las empresas públicas es un “fenómeno más concentrado” en aspectos “más difíciles de resolver”.
De cara a lo que vienen, señalan que los subsidios económicos (gas y electricidad) tienen una urgencia de reducción “más importante” que lo relacionado con las empresas públicas para achicar el déficit fiscal. Un caso particular es el de Aysa, la empresa pública que comanda Malena Galmarini, que pisa en los dos sectores, el de tarifas y el de sociedades del Estado.
“Hay consenso de que la tarifa social se debe mantener, aunque se analiza cómo y en qué sectores”, apuntan las fuentes. “Claro que nos vamos a meter con los servicios”, dijo Melconian a los empresarios y detalló que “todas” las empresas públicas deben ser sometidas a control y contar con programas “con criterios de éxito”. Pero insistió en que no tiene sentido prometer “cierres” cuando eso no se puede hacer.
Los economistas mediterráneos explican que no es un dato menor que Aerolíneas Argentinas -la compañía a la que siempre se apunta con las críticas- en el último año no pidió recursos al Tesoro. No cubre su déficit de $90.000 millones con transferencias corrientes, sino que según la ejecución presupuestaria, lo hace con “endeudamiento”.
Hay 44 sociedades del Estado y la mitad de las transferencias corrientes del año pasado para cubrir el déficit de $620.000 millones fueron a Enarsa. En línea de importancia, las otras que más recibieron fueron el sistema ferroviario de pasajeros (28%), Aysa (20%), Correo (5%) y el sistema de medios públicos (5%). En el capítulo de las transferencias de capital, que sumaron $230.000 millones, Aysa se quedó con la mitad; Ferrocarriles el 15% y Enarsa, por el gasoducto, 30%.
Los ferrocarriles de carga están encuadrados como una empresa con potencial de crecimiento, pero con la advertencia de que -con la actual infraestructura- su participación podrá pasar del 5% actual al 10% o 12%.
Una posibilidad en estudio es que, en los casos en los que se hizo una “inversión fuerte” como el Belgrano Cargas, se puede relicitar para que lo opere el sector privado. La aplicación del open access (desregulación del uso de la infraestructura) también se estudia; fue una alternativa que en el 2018 se anunció para el 2023 y está frenada.
Melconian le dedicó un segmento de su exposición a YPF: “Estamos elaborando una propuesta; tiene potencial en un marco de cooperación con el resto de las empresas petroleras y margen para aumentar el apalancamiento y financiar inversión”. Señaló que lo “ideal” es mantener un presidente acompañado de un CEO profesional.
En el diseño que está elaborando el equipo incluyen empresas que se pueden “cerrar, traspasar a provincias o redimensionar”: Aysa, Yacimientos Carboníferos Fiscales, todo el sistema de medios públicos; Correo Argentino e Impsa.
También están las que, desde el punto de vista presupuestario, no implican mucho peso, pero su operación debe ser “reconsiderada”. La lista la integran Tandanor, YMAD (Aguas de Dionisio), Polo Tecnológico Constituyente, Fabricaciones Militares y la Fábrica de Aviones (Fadea).
Una alternativa que consideran es una organización centralizada, tipo holding, que establezca acuerdos, programas y management profesional.
Planes sociales, organización del Estado
Respecto de los planes sociales -un punto sobre el que siempre preguntan los empresarios- enfatizaron que resulta “imprescindible” minimizar su peso en el presupuesto nacional. “Los Emerencianos Sena de los planes sociales son candidatos directos al bisturí”, graficaron en referencia al dirigente chaqueño ahora detenido que manejaba programas.
La frase apunta a que habrá una reformulación para terminar con los intermediarios; además, se descentralizaría -si el programa llega a aplicarse- el Potenciar Trabajo, con una duración “temporaria” y capacitación, además de suprimiendo la superposición. La propuesta inicial incluye ampliar la AUH y el Plan Alimentar para compensar los ajustes de precios relativos y la eliminación de las restricciones cuantitativas a las exportaciones.
Andrés Ibarra, el exfuncionario macrista, encabeza el grupo que prepara el proyecto que, además de una nueva ley de ministerios con reducción del número, incluye un achicamiento de la planta estatal, para lo que se analizan diferentes opciones, incluido el estudio de los contratos que terminan en 2023. La perspectiva es que, con todas las variantes posibles, la planta se puede achicar hasta 25% en un año.
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