Sancionan con más de $1000 millones a una sociedad de bolsa por usar la plata de sus clientes

La Comisión Nacional de Valores (CNV) impuso una de las sanciones más severas de su historia. Luego de constatar que la sociedad de bolsa Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. dispuso de los fondos de sus clientes sin contar con el consentimiento de ellos, el organismo aplicó una multa que asciende a los $1000 millones e inhabilitó a los empresarios para volver a operar en el mercado de capitales.

“Frente a incumplimientos graves, la respuesta del regulador es clara y contundente”, afirmó la entidad que dirige Roberto Silva. Con esta medida, el organismo regulador reafirmó el criterio de tolerancia cero que también aplicó en junio del año pasado durante el caso de Guardati Torti S.A., aunque en ese entonces la multa llegó a superar los $2.760 millones.

La investigación sobre Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. se inició a mediados de 2019, cuando varios inversores alertaron que, al ingresar al portal de la Caja de Valores, sus tenencias no coincidían con lo operado o, directamente, habían desaparecido.

Las auditorías posteriores revelaron una maniobra sistemática mediante la cual el Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) transfería los títulos y fondos de sus comitentes hacia una cuenta a nombre de la firma agropecuaria Cereales del Sur S.A. Esta última empresa, cuyo presidente era el propio titular de la sociedad de bolsa, Daniel Casanovas, utilizaba esos activos ajenos para colocarlos como garantías para respaldar operaciones a plazo.

“A partir de agosto de 2019, noté que se había vaciado el saldo de mi cuenta comitente, en la que tenía depositados U$S5.751,48. En ningún momento había solicitado el retiro de dichos fondos, como así tampoco instruí que se realice alguna inversión. Simplemente habían desaparecido de mi cuenta. Al consultar con la persona con la que solía contactarme, la que me llevó a abrir la cuenta comitente en esta sociedad de bolsa, me informó verbalmente que el dinero no estaba y que la situación estaba difícil", relató uno de los afectados en el expediente.

En ese mismo testimonio, el denunciante contó que después de insistir en varias oportunidades “y ya sin esperanza de poder cobrar mis ahorros”, desde la sociedad de bolsa le comunicaron que la única forma de cobrar era firmando un acuerdo de pago de cuotas. El documento incluía un inciso en el que manifestaba que había prestado expreso consentimiento sobre los movimientos de la cuenta.

“Al no quedarme otra alternativa, firmé el convenio de pago en cuotas, pero les dije que las notas prestando consentimiento las iba a firmar únicamente cuando terminaran de pagarme todo el dinero que me adeudan y que robaron de mi cuenta comitente”, afirmó. El dinero nunca fue devuelto, y no fue el único caso. En el expediente aparecen otras situaciones similares.

Durante el proceso sumarial, la defensa de la sociedad de bolsa intentó justificar los movimientos argumentando que poseía un mandato de administración discrecional sobre las carteras de los clientes afectados. Sin embargo, la CNV desestimó este planteo al comprobar que los poderes firmados por los inversores no habilitaban en ningún caso la transferencia de activos hacia cuentas de terceros sin una orden específica y expresa.

Ante la magnitud de la irregularidad, el Directorio de la CNV decidió no aplicar el tope máximo estándar de $100 millones previsto habitualmente, sino utilizar la facultad legal que le permite multiplicar la penalidad sobre la base del beneficio indebido obtenido.

Tras calcular que el beneficio económico logrado por el agente superó los $672 millones de pesos, el organismo fijó la multa en 1,5 veces el beneficio. Así, la sanción definitiva ascendió a $1.009 millones (unos US$713.074 al dólar oficial), equivalente a diez veces la sanción máxima prevista por la ley.

También se sumó la inhabilitación por cinco años para los directores Daniel Andrés Casanovas, Fernando Agustín Gatti y Silvina Mariela Casanovas, junto con la prohibición absoluta de operar —tanto ellos como la sociedad— en el mercado. LA NACION intentó contactar a la empresa, pero la página web dejó de existir, y no obtuvo respuesta por otras vías.

De hecho, Daniel Andrés Casanovas y su esposa, Samanta Bravo, fueron detenidos en agosto del año pasado por presuntamente haber orquestado múltiples estafas. Era el segundo proceso penal que enfrentaba el matrimonio, tras haber sido imputados en mayo de 2023 por retención indebida de granos respecto de la empresa Cereales del Sur.

“Nuestra política es clara: los incumplimientos menores pueden derivar en advertencias, pero frente a faltas graves la respuesta del regulador será contundente y con sanciones ejemplares. Nadie puede disponer de los valores negociables de los inversores sin su autorización", afirmó Roberto Silva, presidente de la CNV.

Las autoridades concluyeron que la gravedad de este tipo de conductas no se limita a su eventual impacto patrimonial, sino que lesiona de forma directa los principios básicos de custodia, registración y ejecución de instrucciones, pilares que sostienen la transparencia y estructuran la relación de confianza entre los agentes y los inversores en el mercado de capitales. "Cuando esa confianza se vulnera, el organismo actúa con la severidad que corresponde”, cerró Silva.

Por Melisa Reinhold

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