Se presentaron nueve ofertas para avanzar con la privatización de las represas del Comahue
Hubo fuerte interés para participar del proceso de licitación nacional e internacional de la concesión de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila; se espera recaudar US$500 millones
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LA NACIONSofía Diamante
El Gobierno informó que se presentaron nueve empresas interesadas en participar del proceso de licitación nacional e internacional para la gestión privada de la concesión de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en la región del Comahue.
La adjudicación habilitará la reprivatización de las concesiones por un período de 30 años, en un esquema similar al implementado en 1993, durante la administración de Carlos Menem.
La licitación tiene por objeto la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que operan cada una de las represas. La expectativa es recaudar alrededor de US$500 millones, según coinciden fuentes oficiales y del mercado.
La Secretaría de Energía dijo que el proceso generó un alto interés: durante el período de consultas de los pliegos se recibieron más de 300 presentaciones técnicas y administrativas por parte de potenciales oferentes nacionales e internacionales.
Las empresas que finalmente presentaron oferta fueron: IPS Renewal, Central Puerto, Central Costanera, Hidroeléctrica Futaleufú (Genneia, Aluar y Futaleufú), BML Inversora (MSU Green Energy), Enel Argentina, AES, Pampa Energía y Edison Inversiones.
“El diseño de la licitación se elaboró en coordinación con los gobiernos de Neuquén y Río Negro. En esta nueva etapa, el proceso continuará con el análisis de la calificación técnica y luego con la apertura y análisis del sobre económico”, dijo la cartera energética.
El vencimiento original de estas concesiones había ocurrido a mediados de 2023, pero tanto el gobierno anterior como el actual fueron prorrogando los contratos. En consecuencia, las centrales continuaron operadas por las mismas empresas hasta la finalización del proceso licitatorio que ahora se pone en marcha.
Las represas incluidas en la licitación son cinco: Alicurá (1050 MW de potencia instalada), operada por la estadounidense AES; El Chocón y Arroyito (1417 MW), administradas por la italiana Enel; Cerros Colorados y Planicie Banderita (472MW), bajo la concesión de Aconcagua Energía, y Piedra del Águila (1440 MW), operada por Central Puerto.
Todas están emplazadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre las provincias de Río Negro y Neuquén. En conjunto, suman una potencia instalada de 4170 MW, equivalente al 10% de la oferta total de energía eléctrica del país.
De acuerdo con lo instruido por el Poder Ejecutivo, la Unidad Ejecutora de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar las acciones necesarias para que la venta quede concluida antes del 31 de diciembre. Sin embargo, en la práctica, el proceso podría extenderse hasta el primer semestre de 2026.
El esquema fijado en el pliego establece que una parte de la energía producida se venderá a través de los contratos de concesión, mientras que el remanente podrá comercializarse de manera privada, ya sea mediante contratos a término libremente pactados o en el mercado spot. Inicialmente, el 95% de la energía se destinará al esquema regulado y el 5% a la venta libre. Esa relación se irá modificando año tras año hasta alcanzar, en el año 21 de la concesión, un 100% de energía libremente comercializable.
En paralelo, las provincias también tendrán un beneficio directo: los gobiernos de Río Negro y Neuquén percibirán un 12% en concepto de regalías sobre el precio de venta de la energía, además de un canon provincial del 2% por el uso del recurso hídrico, repartido equitativamente entre ambas jurisdicciones.
El desafío adicional será la necesidad de realizar fuertes inversiones para extender la vida útil de las centrales. El Chocón, por ejemplo, se inauguró en 1973 y requiere un desembolso considerable para continuar en operación bajo estándares de seguridad y eficiencia. Este aspecto es central, ya que la antigüedad de la infraestructura pone presión sobre las compañías que resulten adjudicatarias.
La venta de las hidroeléctricas se enmarca, además, en la segunda etapa del proceso de privatización de Energía Argentina (Enarsa), prevista en el decreto 286/2025. Esa norma establece la venta gradual de activos con el objetivo de consolidar un esquema energético más eficiente, competitivo y con mayor participación privada. La apuesta oficial es que este rediseño del sector permita atraer inversiones, mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar un abastecimiento acorde con las necesidades de crecimiento económico de los próximos años.
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