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Subsidios millonarios para frenar las tarifas
La historia argentina muestra que cuando los precios suben en forma desigual, a la larga todos terminan emparejándose. Mientras tanto, algunos se adelantan y otros quedan rezagados. Se da así un cambio en la estructura de precios relativos. Los gobiernos de turno juegan un rol, pero al final todo se empareja.
Hoy, el involucramiento del Estado en el nivel macro y micro está profundizando esas diferencias, independientemente del aceptable primer round aplacador de expectativas. Pareciera que no sólo quiere administrar, sino también tener un nuevo set de precios relativos. Digo "pareciera" porque no se conoce el diseño macro.
La intervención tiene costos fiscales y de inversión privada en los sectores "perdedores". Un caso notorio es el boleto de colectivo. Históricamente, para el saber popular valía lo mismo que un diario, una lustrada de zapatos o un café. Hoy cuesta $ 0,75 o 0,80, y lo demás en torno de $ 2. Por cada boleto las empresas reciben del Tesoro un subsidio de $ 1; o sea, sin subsidio debería valer $ 1,80. El Estado gasta $ 2400 millones por año para que el boleto no suba. Se "zafa", pero hay claramente un deterioro de calidad que el usuario termina pagando.
Otro caso es el de la nafta. En 2002 los combustibles subieron 95%. Después, la política oficial fue que los precios internos no acompañaran el salto del petróleo. Para ello se implementó el mecanismo de retenciones móviles a la exportación. Hoy la nafta está en la Argentina barata con relación a la situación internacional y regional. Llenar aquí el tanque de un gran auto alemán vale muchísimo menos que llenar el tanque de un vehículo de gasoil para el trabajo en cualquier país vecino.
Por ser un país productor de petróleo, no tiene que costar lo mismo la nafta aquí que, por ejemplo, en Chile o Uruguay, que son importadores netos, pero hay desequilibrios por la suma de devaluación 2002 más precio del barril. Al actual precio de la nafta, desde 2005 el consumo empezó a subir después de 10 años de caída. Se viaja más en colectivo por el boleto barato, pero también en auto por la nafta barata. Se subsidia el consumo de los que menos tienen y el de los que más tienen.
Un tercer caso son los precios de la luz y el gas residenciales. Desde la salida de la convertibilidad, el Indec registra una suba en los servicios públicos de apenas un 15%. La política oficial es evitar subas fuertes. El consumo está 30% arriba de 1998, por encima del crecimiento poblacional de estos años.
El mercado energético está desequilibrado: hay precios distorsionados, se producen de tanto en tanto excesos de demanda y las inversiones están demoradas. Acá la luz en el "country" se paga lo mismo que en el conurbano. En este contexto, para que la gente pueda disponer de luz y gas baratos, el Estado gasta $ 1500 millones por año. Y las empresas los pagan más caro: desde la devaluación, el gas mayorista subió un 200%, y la electricidad, 100 por ciento.
Son decisiones políticas que conllevan costo fiscal. La intención del Gobierno es que la economía se adecue a esta nueva estructura de precios relativos. El gran desafío es inducir un nivel suficiente de inversiones en estos sectores que "avalen" o legitimen más genuinamente estos precios y así no tener que depender de los subsidios fiscales, que hoy tienen el respaldo de la recaudación tributaria, pero que en el futuro quizás haya que reducirlos.
