Tarifas: las distribuidoras de gas exigen al Gobierno un aumento mínimo de 350% para febrero
Las empresas presentaron ante Enargas sus propuestas para la audiencia que se realizará el 8 de enero; la Secretaría de Energía es la que determina de cuánto será la suba
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LA NACION
Las empresas distribuidoras y transportistas de gas -entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy, Camuzzi, TGN y TGS- pidieron actualizaciones de sus ingresos desde febrero de al menos el 350% a partir de febrero próximo. Los informes fueron presentados ante Enargas y serán parte de la audiencia pública que tendrá lugar el 8 de enero, donde se determinará cómo será el descongelamiento en las boletas.
Debido a los últimos meses sin actualización y a sabiendas de que el último aumento tuvo lugar a principio de año, las empresas realizaron sus estimaciones teniendo en cuenta el valor del gas, el transporte a los centros de consumo, la distribución entre los hogares y los impuestos, y plantearon cuál es el panorama para cada una.
Para Metrogas, la principal distribuidora del país, que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el aumento debería ser superior al 375%. La empresa, de la cual el 70% de la participación accionaria corresponde a YPF, también manifestó que el Estado le adeuda $1091 millones “por reintegro de la bonificación en el precio del gas a clientes MiPymes”. A su vez, Metrogas mantiene una deuda de $36.895 millones más sus intereses con YPF y Enarsa.
Por otro lado, Naturgy, que brinda el servicio en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, solicitó a Enargas un incremento del 437%; mientras que Camuzzi Gas Pampeana pidió un 421% de aumento en la tarifa de distribución; Camuzzi Gas del Sur, un 543%; Gasnor aseguró que sus tarifas de distribución están atrasadas para los usuarios residenciales entre 438% y 704%; Ecogas (Córdoba, La Rioja, Catamarca) estimó un promedio de 126% de impacto en las tarifas; Redengas (Entre Ríos), solicitó desde marzo un incremento promedio de 481%.
En cuanto a las empresas transportistas, las empresas pidieron aumentos mayores: TGS calculó que hace falta una recomposición de 567%, mientras que TGN pidió 573%.
A su vez, en la convocatoria a audiencia pública, el Enargas pidió que cada empresa proponga un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público. En todos los informes presentados, las distribuidoras y transportistas coincidieron en que el índice de precios mayoristas (IPIM), publicado por el Indec, era el que mejor reflejaba la variación de sus costos.
El servicio de transporte y distribución son solo dos de los componentes que forman el costo de las boletas de gas. El total está explicado por los siguientes rubros: el costo del gas (60% del total); el transporte (2%); la distribución (14%), e impuestos (24%).
Los informes de las empresas no son demandas obligatorias ante la decisión final de la suba de tarifas, que dependerá de la Secretaría de Energía. “Las opiniones no obligan al Enargas a adoptar una decisión sobre ellas en el mismo acto de la Audiencia. Tal como expuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si bien constituyen un ámbito de participación ciudadana en la toma de decisiones, no constituyen la propia decisión, que se mantiene inalterada en manos de la autoridad pública”, explica un documento de esa entidad.
Sin embargo, el Enargas tiene como obligación fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles han sido desestimados.
La mayor parte de la suspensión del marco regulatorio sucedió entre 2002 y 2016, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que decidieron mantener las tarifas congeladas hasta 2013, y luego otorgaron subas discrecionales, sin un parámetro de ajuste.
En 2017, la administración de Mauricio Macri buscó regularizar la situación al establecer una Revisión Tarifaria Integral (RTI) por cinco años, en los cuales las empresas se comprometían a realizar inversiones y el ente regulador fijaba incrementos semestrales atados a la variación del índice de precios internos al por mayor (IPIM). Sin embargo, en 2018, la misma gestión modificó el índice de ajuste y, en octubre de 2019, previo a las elecciones presidenciales, difirió el segundo aumento que correspondía en el año.
En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández impulsó la ley de Solidaridad, que volvía a congelar las tarifas y suspendía la RTI. Entre 2021 y 2022, la Secretaría de Energía permitió un aumento de 60% en la tarifa de transporte de gas y dos subas anuales de 26% y 40% a las transportistas, muy por debajo de la inflación, que solo en 2022 fue de 95%.
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