Decreto. Qué puede pasar con los servicios de teléfono, cable e internet

Según especialistas del sector la falta de actualización de los precios puede llevar a una desinversión y a la desaparición de pequeños proveedores
Según especialistas del sector la falta de actualización de los precios puede llevar a una desinversión y a la desaparición de pequeños proveedores Crédito: Shutterstock
María Julieta Rumi
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24 de agosto de 2020  • 17:18

Tras la publicación del decreto que establece que la telefonía celular, Internet y la TV paga pasarán a ser servicios públicos esenciales y que los precios se congelarán hasta fin de año y luego serán regulados por el Estado, distintos especialistas alertaron sobre el impacto que esto podría generar en la calidad de las prestaciones por un recorte de la inversión y la supervivencia de los pequeños operadores del Interior.

En diálogo con LA NACION, Esteban Russell, presidente de una consultora de telecomunicaciones basada en Miami, ex gerente de regulación de Movistar y ex asesor de la Secretaría de Comunicaciones, se refirió al término "servicio público esencial y estratégico en competencia" contenido en el artículo 1° del DNU -recuperado de la ley Argentina Digital- y dijo que no le preocupa porque es un término "inasible" que no puede tener ningún efecto, como tampoco lo tuvo cuando fue aprobada aquella norma.

De acuerdo con Russell, el decreto apunta más que nada a lo contenido en el artículo 2° en adelante, donde se establece que las empresas "tendrían que notificar previamente al ente regulador antes de hacer un aumento"."Hasta antes del decreto las compañías solo debían informar las subas a sus clientes con un mes de anticipación para que tuvieran tiempo de cambiarse de operador si así lo deseaban", dijo Russell.

"Pienso que va ser interpretado de manera de que las empresas tengan que notificar al Gobierno o que esa notificación requiera una autorización. Si la autorización demora un mes o dos será un cosa, pero si demora uno o dos años en un contexto inflacionario eso sí puede tener un efecto en la ecuación de inversión de las compañías y podría impactar en las inversiones de desarrollo de las redes 4G o la implementación futura del 5G", explicó.

El escenario de un eventual retraso en los aumentos fue suscripto por el analista de la industria de las telecomunicaciones Enrique Carrier. "Con Eduardo Duhalde se congelaron tarifas y no se tocaron hasta que llegó el gobierno de Mauricio Macri, con lo cual tenés el antecedente de eso y cómo va subiendo la presión en la olla por los aumentos que no hacés en su momento. Si no te dejan actualizar por un año, acumulás una inflación del 40% que después tampoco podés recuperar de un tirón y así se siguen atrasando las subas. Es como que arrancás cuesta arriba y las empresas entonces dejan de invertir", señaló.

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En este sentido, el exvicepresidente y subgerente de Arsat, Henoch Aguiar, dijo que el problema no es si se trata de servicios públicos o no, sino de si las reglas maximizan la actualización de la tecnología y permiten hacer un uso inteligente del capital.

"El mercado no satisface todas las necesidades, pero sería bueno que crezca lo más posible para que aquellas necesidades que genuinamente no pueden ser satisfechas por privados sean satisfechas por el Estado. La intervención estatal es una acción muy fuerte y hay tres operadores conocidos, pero 2997 que están en el Interior y por ahí le dan servicio a 700 personas en el medio de Jujuy. Cuando se planifica, se generan condiciones generales que pueden poner trabas, y las realidades no son las mismas en CABA que en Catamarca o Jujuy", puntualizó.

La Cámara Argentina de Internet (Cabase) hizo mención hoy a la declaración de los servicios de conectividad a Internet como servicio público esencial y estratégico en competencia y aseguró en un comunicado que "pone en riesgo de subsistencia a más de 1200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son pymes y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en la gran mayoría de pequeñas y medianas localidades del interior del país".

"Los prestadores asociados a la cámara han buscado y mantenido instancias de construcción de diálogo con autoridades nacionales del sector (Enacom, Secretaría de Innovación Pública y Subsecretaría de TIC), así como con autoridades legislativas del Congreso Nacional, a fin de consensuar soluciones y políticas para los diferentes desafíos que presenta el desarrollo del sector TIC, incluyendo la universalización de la conectividad en nuestro país, para llegar a conectar al 37% de los hogares del país que aún no tienen internet fija. Lamentablemente el DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores pymes y cooperativos", afirmaron.

"El mercado argentino tiene ya un altísimo nivel de concentración que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para pymes y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores", concluyeron.

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