Una asociación que no prospera

Delicadas, polémicas y riesgosas, las asociaciones entre el sector público y el privado son inevitables para el desarrollo de grandes obras de infraestructura como rutas, puentes, puertos o servicios de agua potable. La Argentina tiene un historial de buenas y de malas experiencias. Pero no por ser un entendido jugador pueda jactarse de ser uno bueno.

De hecho, un estudio elaborado por el Economist Intelligence Unit (EIU), con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) y el Programa para la Promoción de Asociaciones Público-Privadas en Latinoamérica y el Caribe, fundado por el gobierno de España, clasifica a la Argentina como uno de los países menos aptos de la región para las asociaciones del sector público y el privado en obras de infraestructura.

Para calificar a los países de América latina y el Caribe, el EIU elabora un índice con una escala que va de 0 al 100 (la nota mayor, para los ambientes "perfectos" para proyectos de asociaciones públicas y privadas). De 19 países analizados, la Argentina ocupa el puesto 14, con un puntaje de apenas 21,9, sólo superior al de países como Guatemala (18 puntos), Ecuador (14,5), Nicaragua (10) o Venezuela (7,1).

La debilidad de la Argentina no se debe a un problema de falta de experiencia; el país lleva implementados más de 25 proyectos combinados. Pero el índice pondera sobre todo el marco legal y regulatorio del país para la implementación de proyectos (representa un 42% de la calificación final); las instituciones que preparan, otorgan y supervisan los proyectos (un 25%); y la madurez operacional, o lo que es lo mismo, la capacidad del gobierno para observar leyes y reglamentos para concesiones, y el número y la tasa de éxito de proyectos previos (otro 25%).

"La Argentina viene golpeada desde 2002. Había habido un avance muy fuerte en los años ?90, pero después, con la crisis y la caída de todos los contratos, se hizo de un antecedente muy malo.

Todo el proceso de renegociación de contratos, además, ha venido muy lento. Había 44 contratos que había que renegociar, y hasta hace dos años no se había avanzado en más de la mitad", apunta Dante Sica, titular de la consultora Abeceb.

En 2005, el por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, impulsó mediante el decreto 967 una fórmula de cooperación entre actores públicos y privados, con la finalidad de atraer inversión privada para la realización de obras de infraestructura y servicios. La norma tomaba como antecedente los ejemplos de Alemania, del Reino Unido y Estados Unidos. Pero el decreto quedó completamente en el olvido al punto de que nunca llegó a ponerse en práctica.

La falta de un marco regulatorio para determinar ajustes contractuales se presenta, no obstante, como una de las debilidades de todos los países de la región, no sólo de la Argentina. Esto, asegura el EIU, multiplica la probabilidad y la frecuencia de las renegociaciones y cambios a los acuerdos oficiales, y causa preocupaciones de transparencia. También, apunta, los mecanismos de resolución de disputas son delineados infrecuentemente por las leyes, y si bien la imparcialidad y la transparencia de los procedimientos de licitación han progresado, la implementación de los criterios objetivos queda relegada al segundo plano ante consideraciones políticas.

Alerta por estatización

Una débil calidad institucional termina de hundir a la Argentina en el ranking regional. El EIU coloca al país junto con Venezuela y Ecuador como los tres países en donde la resolución de disputas concesionarias, la ejecución de contratos y derechos de inversores resultaron "particularmente problemáticos".

"Lo que pasó en el país es que muchas multinacionales que eran concesionarias de servicios públicos se fueron, y vendieron sus participaciones a inversores argentinos, menos adversos al riesgo, y que compraban muy barato especulando que en algún momento todo esto se iba a arreglar, o porque están más acostumbrados a manejar relaciones con entes reguladores", describe Manuel Solanet (h.), director de Infupa, una consultora de inversión especializado en fusiones y adquisiciones. "Aunque en otros casos, directamente el Estado ha estatizado, como sucedió con Aguas Argentinas, o Aerolíneas Argentinas".

Con la caída de la convertibilidad, la pesificación de las tarifas de los servicios públicos, y la rescisión de varios contratos, muchas compañías concesionarias reclamaron un resarcimiento por parte del gobierno argentino ante el Ciadi, un tribunal arbitral internacional dependiente del Banco Mundial, y ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés). Sin embargo, una gran mayoría luego desistió de seguir con los proceso, tras alcanzar algún tipo de acuerdo con el Gobierno. Otras tantas empresas obtuvieron fallos a favor en el Ciadi, pero todavía están esperando ver resultados.

De ahí que el informe del EIU destaca su "preocupación especial", por países como la Argentina y Ecuador, "los cuales demuestran creciente desgano al reconocer decisiones de arbitraje internacional".

Por lo general, explica el EIU, la contabilidad fiscal de los proyectos de concesión no es apropiada en América latina, dado que la posibilidad de remover gastos, crea un incentivo para desarrollar concesiones por razones políticas, asignando los costos de los proyectos a gobierno futuros.

Asimismo, indica, el éxito de los proyectos de concesiones es siempre un balance entre los riesgos de retrasos presentados por los concesionarios y el riesgo de expropiación que presenta el Estado.

"En países como la Argentina, Ecuador y Venezuela, la preocupación principal es el riesgo de expropiación gubernamental", subraya. Sobran las pruebas bajo la administración kirchnerista.

Por Florencia Donovan

• Comunidad de Negocios

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