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Una consulta vale un huevo de Pascua: se reaviva la crisis de la Salud en medio de la pelea por los precios
En febrero sus prestaciones volvieron a estar por debajo de la inflación, algo que no ocurría desde agosto; la emergencia sanitaria vence en junio y hay preocupación en muchos centros de salud
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LA NACIONFrancisco Olivera
El punto de inflexión, el momento en que volvieron las alarmas, fue en realidad en febrero. Pero empieza a notarse ahora. Desde entonces, los precios de las prestaciones que ofrecen clínicas, sanatorios y centros de salud están por debajo de la inflación, algo que no ocurría desde agosto y que interrumpió una tímida e inconclusa recuperación que el sector había iniciado durante el primer año de Javier Milei. Vuelven a estar en crisis, algo recurrente.
El meollo del asunto tiene dos raíces: el desvelo del Gobierno por el IPC y las particularidades de una industria de costos y márgenes interconectados. Desde el momento en que, incluso con buenos modales, funcionarios de los ministerios de Economía o Salud llaman a las prepagas y les advierten sobre no excederse en los aumentos de las cuotas.
Son en realidad precios libres, pero las recomendaciones existen. “No sé, fijate”, escuchan los financiadores, que ya no quieren volver a pelearse con el Gobierno como a principios del año pasado. Y eso que últimamente acompañaron con alzas por debajo de la inflación. En marzo, por ejemplo, con un IPC del 3,7%, las prepagas subieron en promedio 2,3%, en línea con lo que había sido el número de febrero (2,4%). Sin el ítem “prepagas”, cuya incidencia en la canasta que mide el Indec es del 2,21%, la medición oficial habría bajado poco, de 3,7 a 3,65 por ciento.
Las prepagas no subieron entonces tanto como otras veces, es cierto, pero en ese contexto intentan tener algo de rentabilidad y eso complica a toda la cadena. En marzo, por ejemplo, los incrementos que le convalidaron al sector prestador - clínicas y sanatorios- por atenciones, consultas, tratamientos o cirugías fueron de entre el 1,8 y el 2%. De ahí las protestas de todos.
El resultado está a la vista y consolida un extenso proceso de deterioro en el que los precios no cubren los costos. Por una consulta, un médico de un sanatorio top de Buenos Aires -desde el Otamendi o el Británico hasta el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento o el Mater Dei- cobra 15.000 pesos. Es lo que cuesta un huevo de Pascua Coffler de 170 gramos. Y todo es, como siempre, más dramático en el sector público. El sueldo de un jefe de Residentes del Hospital Garrahan no supera los 1,3 millones de pesos en la mano. Para eso, el profesional se preparó durante años. Es un salario inferior al de, por ejemplo, el empleado de seguridad que, afuera, custodia un edificio. En el mismo hospital, un neumonólogo de planta con seis años de antigüedad, cuyo horario va de 8 a 16 todos los días y a veces incluye sábados, puede llegar a 1,9 millones de pesos de bolsillo. Difícil que los médicos no piensen en tener otros ingresos.
La situación agrava el estado de un sector en un país que hace 50 años superaba en inversión e innovación al de Brasil y que ahora viene bastante por debajo. Desalienta desde ya a los estudiantes de Medicina, pero también a los médicos ya recibidos, muchos de los cuales deciden desde hace algunos años pasarse, como lo llaman en la jerga, “a la industria”. Es decir, trabajar para laboratorios u otro tipo de empresas que pagan mejor.
Lo primero que hay que decir es que se trata de un problema que viene desde hace tiempo. Tal vez desde aquella Ley de regulación de 2011, la 26.662, que obligó por primera vez a las prepagas a informar periódicamente sobre las cuotas al Poder Ejecutivo, y mientras el programa médico obligatorio (PMO) ampliaba prestaciones.
El gobierno de Milei intentó resolverlo eliminando las regulaciones. Liberó, por lo pronto, los precios en el decreto 70 que elaboró Federico Sturzenegger, pero eso desencadenó un clásico argentino: en masa, todas las prepagas intentaron recomponer costos y márgenes en los primeros tres meses y se emitieron facturas impagables para muchos de los afiliados. Después vinieron el conflicto con el sector; la pelea pública con Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, y la denuncia por cartelización a casi todas las prepagas.
Fue un intento fallido por resolver rápidamente un problema de más de una década. Un informe del Centro de Estudios para la Salud Argentina indica que, de una canasta que incluye también precios de medicamentos, valor del PMO, inflación, salario de enfermeros, cuotas de medicina prepaga, dólar oficial y dólar billete, el de los prestadores es el precio que menos subió en pesos desde 2012. La pregunta obvia es si, ya que es ahora un sector desregulado, una clínica o sanatorio de prestigio no podrían poner el precio que consideraran adecuado, al menos para sus costos. Y la respuesta dan los prestadores es que, dada la fragilidad del sector, que incluye desde la existencia de la obligación del PMO hasta un sector de prepagas que no tiene todavía tanta competencia y en el que incluso muchos financiadores están integrados porque tienen sanatorios propios, no resulta tan sencillo.
Por eso las prestaciones, incluso impagables para muchos afiliados, quedan baratas en relación con otros servicios. Los honorarios promedio de una hernioplastía inguinal son de 260.000 pesos, de los cuales alrededor del 70% va para el cirujano, y el resto, para los ayudantes. Los de una discectomía simple, $ 500.000. Los de una neurocirugía, $ 640.000.
“A partir del PMO se rompió el equilibrio del sistema porque obligó a las personas a comprar planes por el 100% de la consulta”, dice Hugo Magonza, presidente de la Unión de Entidades de Salud, que agrega que los problemas se fueron acumulando: “Hay desde hace 12 años un atraso fenomenal entre los precios y los costos. Cuando asumió Milei llegaba al 100%. Nunca se recuperó”.
En el horizonte asoma una perturbación adicional. El 31 de julio vence la resolución 5628 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), referida a una medida que se viene renovando ininterrumpidamente desde 2002; se trata de la suspensión de las ejecuciones fiscales para sanatorios, clínicas, hospitales privados, centros de diagnóstico, policonsultorios, geriátricos, centros de rehabilitación y otras instituciones que dan servicios médicos en todo el país, que hayan incumplido con los aportes patronales, previsionales o impositivos.
En el sector dicen que hay unos 4500 CUIT que, si no se renueva la medida de protección, ARCA estaría en condiciones de ejecutar. Hace días que representantes de la industria insisten ante funcionarios del Ministerio de Economía, por ahora sin éxito, en la urgencia de una eventual prórroga. ¿Querrá Luis Caputo, jefe de esa cartera, seguir con condiciones que se parecen más a la Argentina de 2002? Será la discusión de las próximas semanas.
