YPF: los fondos demandantes aseguran que están abiertos a negociar
Burford Capital e Eton Park buscan cerrar un acuerdo con la Argentina tras lograr una sentencia favorable por US$16.100 millones por la expropiación de 2012; el caso suma actores clave y contactos con la gestión de Milei
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LA NACIONSofía Diamante
Más de una década pasó desde que los fondos Burford Capital y Eton Park presentaron —por separado— una demanda contra la República Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, ocurrida en 2012. Desde entonces, los fondos obtuvieron un fallo favorable en primera instancia, que ordenó al país pagar una indemnización de US$16.100 millones. Aunque la Argentina apeló la sentencia, los demandantes ya iniciaron contactos con el Gobierno para negociar un acuerdo y cerrar el litigio.
La decisión que tomó ayer la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, podría acelerar las conversaciones. La magistrada ordenó al Estado argentino entregar sus acciones de YPF en un plazo de 14 días. En su escrito señaló: “La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: (1) obtener el permiso del Congreso Nacional con dos tercios de los votos [para ceder las acciones], (2) impulsar un cambio legislativo, o (3) cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes. Si bien la República exige la cortesía de este Tribunal, al mismo tiempo se niega a hacer algún esfuerzo para cumplir con el fallo que no ha sido suspendido”.
Los primeros acercamientos por parte de los fondos con el nuevo Gobierno comenzaron el año pasado, tras el recambio presidencial y la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Durante la campaña electoral, el Presidente había puesto sobre la mesa la posibilidad de privatizar el control accionario de YPF.
Burford, que adquirió el derecho a litigar tras comprarle la demanda al fisco español —luego de la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía—, contrató como mediadores ante la Argentina a tres economistas: Gerardo “Gerry” Mato, Hernán Rissolo y Tomás Gaona.
Mato es un viejo conocido de la city porteña. Con pasado en el banco HSBC, como chairman de Global Banking & Markets, reside desde hace años en Estados Unidos, en Greenwich, Connecticut, a menos de una hora en tren desde Manhattan. En septiembre de 2023 cobró notoriedad al organizar un encuentro en su casa entre asesores económicos de Milei e inversores locales.
El evento tuvo lugar apenas días después de que el entonces candidato sorprendiera con su triunfo en las PASO presidenciales de agosto. En representación de La Libertad Avanza viajaron a Nueva York Darío Epstein, director de la firma financiera Research for Traders, y Juan Nápoli, presidente del banco VALO y excandidato a senador por la provincia de Buenos Aires.
Meses más tarde, Burford retomó el vínculo con Mato para tender puentes con el nuevo Gobierno. El objetivo del fondo es resolver el conflicto judicial, que ya lleva una década, y alcanzar un acuerdo de pago con la Argentina, que podría incluir una quita sobre el monto de la indemnización y pagos mediante bonos.
“Si bien este es un avance positivo en la campaña de cumplimiento contra la Argentina, es totalmente posible que sea objeto de ulteriores procedimientos judiciales”, dijo el fondo en un comunicado.
Mato formó su grupo de trabajo con Rissolo y Gaona, otro exHSBC, que desarrolló su carrera en el área de fusiones y adquisiciones (M&A, como se le dice en la jerga financiera) de operaciones en América Latina.
Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco español (equivalentes a unos 19 millones de euros actuales), además del 30% de la eventual indemnización que surja de la sentencia, a cambio del derecho a litigar. Las empresas Petersen habían quebrado en España, país donde fueron constituidas.
El Estado argentino, representado por el buffet Sullivan & Cromwell LLP, apeló el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Tras presentar todos los escritos, ahora se espera la conformación de un panel de tres jueces y la definición de una fecha para la audiencia.
Las empresas Petersen, propiedad de la familia Eskenazi —que afirma no tener vínculo alguno con la demanda— habían comprado las acciones de YPF a Repsol el 21 de febrero de 2008, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Primero pagaron US$1100 millones por el 14,9% del paquete accionario y luego US$2200 millones por el 10,1% restante, de acuerdo con los valores de mercado de entonces.
Para financiar la operación, tomaron créditos de un consorcio de bancos europeos, que iban a ser devueltos con las utilidades generadas por los dividendos. Sin embargo, cuando la Argentina asumió el control de YPF, suspendió el pago de dividendos, lo que precipitó la quiebra de las compañías.
Por su parte, el fondo Eton había adquirido el 3,04% de las acciones de YPF en noviembre de 2010 por US$458 millones. En mayo de 2014, el entonces ministro Axel Kicillof acordó con Repsol el pago de una indemnización de US$5000 millones por el 51% de las acciones que la empresa española poseía al momento de la expropiación.
La jueza Preska dictó su sentencia el 15 de septiembre de 2023. La indemnización de US$16.100 millones se compone de dos cuentas. Según la justicia de Estados Unidos, la Argentina debió ofrecer en la expropiación de YPF pagar en la oferta pública de 2012 a los otros accionistas US$8000 millones más intereses sobre ese monto a la tasa del 8% anual devengado. A partir de la fecha de la sentencia, conforme lo que disponen las normas de Nueva York, la indemnización se actualiza a la tasa que pagaban las Letras del Tesoro de EE.UU. a seis meses de plazo en septiembre de 2023: 5,42% de interés.
De ese cálculo se estima que por día, los intereses acumulados suman US$2,5 millones, y totalizan alrededor de US$912 millones al año.
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