Uruguay ante la pandemia

Hasta ahora, nuestro vecino ha preservado mejor que otros países la vida de sus habitantes, sin que se haya desgarrado el tejido económico y social
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4 de junio de 2020  

Con solo 23 decesos y la identificación de poco más de 1000 casos positivos de Covid-19, Uruguay constituye la prueba palmaria de que deberá pasar mucho tiempo antes de que pueda hablarse con seriedad sobre cuál ha sido la respuesta más acertada, entre tantas que se han elaborado, frente a la pandemia.

A pesar de las presiones del Frente Amplio y de algunas personalidades vinculadas con la actual coalición gobernante, encabezada por el Partido Nacional e integrada por cinco partidos, el presidente Luis Lacalle Pou se ha mantenido desde principios de marzo en la tesitura de evitar una cuarentena compulsiva de la población. Los resultados hasta aquí han otorgado razón a este presidente, que confió en la responsabilidad colectiva e individual de los orientales para atenerse a las normas sanitarias básicas que la humanidad ha aplicado desde la famosa peste negra del siglo XIV: distanciamiento social, uso de tapabocas e higiene, comenzando por las manos. Es bien cierto que los uruguayos han configurado tradicionalmente uno de los ejemplos de disciplina cívica más elocuentes de América Latina.

Las actividades públicas y privadas de trabajo intensivo, con personal numeroso, han estado suspendidas en Uruguay durante estos meses; también los espectáculos deportivos. Las escuelas y los colegios urbanos fueron reabiertos esta semana y nunca dejaron de funcionar las escuelas rurales, al tiempo que no pocos establecimientos gastronómicos atienden con las puertas abiertas para quienes quieran ingresar. El gremio de la construcción, salvo en lo que exige mano de obra en alta escala, está aplicado a sus labores.

No se ven, pues, a la luz de lo que ha sucedido en Uruguay, motivos fundados para realizar con pretensiones de certeza científica comparaciones con la política argentina respecto de la pandemia. Se trata de un asunto abierto y se examinará en su momento, no próximo por lo que se infiere de las alternativas cambiantes de la situación, cuáles han sido en las respectivas esferas nacionales las medidas en todo sentido más eficientes. Por ahora sabemos que en Uruguay se ha preservado mejor que en otros países la vida de los habitantes y, al mismo tiempo, se ha desgarrado en menor grado el tejido económico y social.

Cuando lo peor de esta peste se supere, habrá cuentas que pagar. Habrá Estados altamente comprometidos, como el argentino, no solo por las consecuencias de la pandemia, sino también por los antecedentes que arrastraba, como el de la deuda, que se procura renegociar.

El presidente Lacalle Pou recibió una economía en estado delicado, con un insostenible déficit fiscal del 4,7% del PBI, una crisis social reflejada en el 9% de desempleados y un grave cuadro de inseguridad pública por el aumento de delitos ordinarios en términos desconocidos para el país. Ese ha sido el legado de 15 años de gobiernos izquierdistas, más las manifestaciones de corrupción pública, también inéditas para nuestros vecinos, como ha sido, entre los más relevantes, el affaire Ancap.

En este caso, sí, el presidente Alberto Fernández podría afirmar, sin equivocarse ni enredarse gratuitamente en cuestiones enojosas con países amigos, que la Argentina y Uruguay son distintos. La corrupción gubernamental al otro lado del gran río que comprometió a elementos gravitantes en el Frente Amplio ha sido condenada no solo por la coalición que llevó a la presidencia a Lacalle Pou, sino también por sectores de la izquierda uruguaya. No como aquí, donde parecería que la principal cuestión de Estado, al margen de la salud pública, es lograr a cualquier precio que la expresidenta Cristina Kirchner, sus parientes y amigos políticos salgan judicialmente indemnes de lo que en conjunto constituye uno de los mayores escándalos en su tipo de la historia nacional.

Lacalle Pou se ha esforzado por establecer una sintonía fina entre el valor de la salud pública y el deber no menos imperativo de velar por el funcionamiento de las instituciones y de la economía del país. Ha logrado hasta el presente, con resultados que se reflejan en las encuestas con más del 62% de aprobación pública, los objetivos trazados.

Y lo ha hecho sin anunciar más impuestos; por el contrario, persiste en la idea de reducir la presión fiscal sobre los contribuyentes dejada por sus antecesores. Otro ejemplo para imitar.

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