Aspirantes, últimas incorporaciones y un caso curioso en América Latina: claves del selecto club sin visa al que apunta la Argentina
Qatar se convirtió el año pasado en el último miembro del Programa de Exención de Visas mientras que once legisladores republicanos solicitaron este año la remoción de Chile
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LA NACION
El Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que permite a ciudadanos de determinados países viajar sin visa por turismo o negocios hasta por 90 días. A cambio, deben tramitar una autorización electrónica previa (ESTA), válida por dos años y obligatoria antes del viaje.
Para ser admitido en el programa, un país debe cumplir condiciones técnicas exigentes: tasas de rechazo de visas inferior al 3%, emisión de pasaportes electrónicos, cooperación en inteligencia y seguridad, y estándares sólidos en control fronterizo y lucha contra el terrorismo. Pero cumplir con todos estos criterios no garantiza la aceptación: la decisión final está en manos del gobierno estadounidense y responde también a consideraciones políticas y diplomáticas.
En este contexto, la Argentina formalizó este lunes su candidatura para ingresar al Visa Waiver Program y Estados Unidos firmó una declaración de intención para aceptarla. La Argentina formó parte del VWP anteriormente, entre 1996 y 2002. Sin embargo, fue eliminada por la administración del entonces presidente George W. Bush debido a la crisis económica que atravesó el país en 2001. El nuevo proceso se inició con una reunión clave en Buenos Aires entre la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De todas maneras, desde 2022 el país supera el umbral de taza de rechazo de visas solicitado por las autoridades estadounidenses.
El acceso a este programa tiene un impacto directo en la facilidad de movilidad de los ciudadanos, pero también funciona como un termómetro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Para muchos países, ser parte del VWP no solo alivia los trámites burocráticos, sino que es una señal de confianza diplomática. Por el contrario, la exclusión o el rechazo a una candidatura puede leerse como una advertencia política.
Hasta ahora, el VWP incluye a 42 países. Entre ellos están casi todos los miembros de la Unión Europea (excepto Bulgaria, Rumania y Chipre), otros aliados clave de EE.UU. como Japón, Corea del Sur e Israel, y solo un país latinoamericano: Chile.
Qatar, la última incorporación
El 1 de diciembre de 2024, Qatar se convirtió en el país más reciente en incorporarse al Programa de Exención de Visas (VWP), en una decisión que refleja el fortalecimiento de los lazos bilaterales con Estados Unidos. “Qatar ha sido un socio excepcional para Estados Unidos, y nuestra relación estratégica se ha fortalecido en los últimos años. Esto demuestra aún más nuestra alianza estratégica y nuestro compromiso compartido con la seguridad y la estabilidad”, destacaron los entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, y secretario de Estado, Antony J. Blinken.
Desde ese momento, los ciudadanos qataríes pueden ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios por hasta 90 días sin necesidad de visa, siempre que gestionen una autorización electrónica (ESTA). La plataforma del sistema fue actualizada el mismo día para habilitar las solicitudes desde Qatar. De todos modos, quienes cuenten con visas B-1/B-2 pueden continuar utilizándolas, ya que siguen siendo válidas como alternativa.
¿Quiénes podrían sumarse próximamente?
Chipre podría sumarse pronto al programa, tras superar en 2025 los principales requisitos técnicos y legislativos. En julio, el Parlamento chipriota ratificó un acuerdo bilateral con Estados Unidos para el intercambio de información criminal, uno de los últimos pasos exigidos por Washington. Además, aprobó normas de seguridad compatibles con los estándares estadounidenses y permitió auditorías en aeropuertos y puertos por parte de funcionarios norteamericanos. Su tasa de rechazo de visas es de solo 2,16 %, por debajo del límite del 3 %. Se espera que la recomendación final para su inclusión sea enviada al Congreso en septiembre, lo que permitiría que los ciudadanos chipriotas viajen sin visa a fines de 2025 o comienzos de 2026.
Uruguay también avanza como potencial candidato para ingresar al Programa de Exención de Visas. El país ya cumple con el requisito técnico clave: una tasa de rechazo de visas inferior al 3 % (registró 2,63 % en el último año). Además, ha sido elogiado por su estabilidad institucional, su cooperación internacional y su confiabilidad en materia de seguridad.
La embajadora de Estados Unidos en Montevideo, Heide B. Fulton, se reunió el 10 de diciembre de 2024 con el presidente electo, Yamandú Orsi, y confirmó el progreso de las gestiones bilaterales. “Seguimos en esta línea. Es muy importante destacar que hoy se necesita una visa para visitar Estados Unidos. En el futuro, tengo confianza en que vamos a lograr la entrada de Uruguay en este programa”, afirmó la diplomática, aunque aclaró que “no había una fecha prevista” para concretar la incorporación.
Uruguay ya había sido parte del programa en el pasado, pero fue excluido en 2003 tras un incremento en el número de estadías irregulares, en un contexto marcado por la crisis económica regional y el endurecimiento de los controles migratorios posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hoy, con un panorama mucho más favorable, su reincorporación parece una cuestión de tiempo más que de viabilidad.
Bulgaria, por su parte, es uno de los dos países de la Unión Europea (UE) cuyos ciudadanos aún requieren visa para ingresar a Estados Unidos (el otro era Rumania, recientemente excluido). Si bien en 2023 la tasa de rechazo de solicitudes búlgaras era del 11,61%, en 2024 logró reducirla al 6,02%, su nivel más bajo en casi dos décadas. Si en 2025 consigue disminuirla por debajo del umbral del 3%, podría volverse elegible para ingresar al programa en 2026.
A diferencia de otros países aspirantes, Bulgaria ya cuenta con una estructura legal sólida y participa en varios acuerdos de seguridad con Estados Unidos, lo que facilita su proceso de evaluación. Su inclusión permitiría además saldar una deuda pendiente con la política de reciprocidad dentro del bloque europeo.
¿Qué países quedaron afuera o podrían ser excluidos?
La administración de Joe Biden había aprobado la inclusión de Rumania a fines de 2024, y se esperaba que la medida entrara en vigor el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, pocas semanas después de asumir, el gobierno de Donald Trump revocó esa decisión, alegando “preocupaciones de seguridad”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a la gestión anterior de haber avanzado “a pesar de las advertencias” y suspendió la implementación de la medida, sujeta ahora a una revisión más exhaustiva. Finalmente, en abril, la nueva administración canceló formalmente el ingreso de Rumania al programa, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su candidatura si el país cumple con “todos los criterios legales de elegibilidad”.
La exclusión generó tensión diplomática. Aunque la administración estadounidense invocó razones de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania calificó la decisión como “política”.
En paralelo, otro país que ya forma parte del programa enfrenta cuestionamientos: Chile. Aunque aún integra el VWP, está bajo creciente presión política para ser excluido. Apenas iniciada la segunda presidencia de Trump, once legisladores republicanos —encabezados por el congresista Chip Roy— enviaron una carta a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional solicitando su remoción del programa, informó Bloomberg. Los firmantes acusaron al país sudamericano de incumplir el acuerdo bilateral de 2013 (PCSC Agreement), al no compartir información sobre los antecedentes penales de los ciudadanos chilenos que viajan a Estados Unidos. Según la denuncia, esta omisión estaría facilitando el ingreso de bandas criminales dedicadas al robo y otros delitos en territorio estadounidense.
Meses antes, el fiscal del condado de Orange, California, Todd Spitzer, ya había impulsado una iniciativa similar, advirtiendo sobre la presunta responsabilidad del gobierno chileno en el aumento de crímenes cometidos por extranjeros beneficiados por el programa.
Agencias AP y Reuters
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