Cárceles, torturas y una represión cada vez más feroz dentro de Rusia
Mientras los ataques ucranianos golpean infraestructura clave en territorio ruso, el Kremlin multiplica las condenas, las amenazas y los castigos contra disidentes, artistas, intelectuales y ciudadanos críticos del régimen
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Corresponsal en FranciaLuisa Corradini
PARÍS.– Mientras Rusia arde bajo los drones ucranianos, y el régimen de Vladimir Putin parece cada vez más amenazado, miles de opositores se pudren en las mazmorras del Kremlin, símbolo de un régimen que devora a sus propios hijos para mantenerse en el poder.
Hay confesiones que parecen grietas en una fachada de granito. El domingo pasado Vladimir Putin reconoció públicamente, en una entrevista a un periodista ruso y publicada por el Kremlin, que los ataques ucranianos contra las instalaciones de hidrocarburos “es evidente que crean problemas”, y provocan “cierta escasez” de combustible en territorio ruso.
La fórmula es cautelosa, calculada, pero dice lo esencial: la guerra ya está en suelo ruso. Y en ese terreno, entre las refinerías en llamas y las columnas de humo negro que se elevan desde Krasnodar, se libra otra guerra en silencio: la que el Kremlin mantiene contra sus propios ciudadanos.
Peor aun, según un informe publicado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), dos millones de soldados murieron, resultaron heridos o desaparecieron desde el inicio de la guerra. Las pérdidas son mayores en el bando ruso: 1,4 millones de militares heridos o muertos, de los cuales 450 000 fallecieron.
El día anterior a esas declaraciones, Putin también lamentó la suspensión de las conversaciones de paz y reconoció los “desafíos” que suponen los ataques ucranianos en territorio ruso. Pero lo que no dijo es que estos “desafíos” no hacen más que agravar el nerviosismo de un poder que, desde hace años, ha convertido la represión interna en un instrumento de gobierno. Porque a medida que los drones ucranianos penetran más profundamente en territorio ruso, la presión aumenta sobre aquellos que, en el interior, aún se atreven a resistir.
La represión política en Rusia se institucionalizó como una herramienta central de gobernanza. Toda oposición es criminalizada, y las autoridades recurren a procesos penales, penas de prisión prolongadas, intimidación, tortura y malos tratos para silenciar cualquier crítica a la guerra o al régimen. Las cifras son abrumadoras: 4686 personas encarceladas por motivos políticos, de las cuales 1465 solo en 2025, con condenas de ocho años de promedio por actos, palabras o simples likes en redes sociales que expresen oposición a la guerra.
Según los observadores, las “llamadas al terrorismo” se han convertido en la acusación política más frecuente: una fórmula jurídica tan vaga como una red de arrastre, que los fiscales del Kremlin emplean ahora sistemáticamente contra cualquier disidente, periodista, artista o ciudadano común cuya opinión resulte molesta al poder. En 2025, se bloquearon más de 1,2 millones de informaciones en Internet, destruyendo así el espacio digital independiente. YouTube, Facebook, Instagram y X son totalmente inaccesibles en Rusia.
Este panorama de una sociedad bajo control absoluto es confirmado por Human Rights Watch en su informe mundial de 2026, el cual señala que, mientras continúa su guerra contra Ucrania, el Kremlin ha intensificado la represión contra los disidentes y la sociedad civil, poniendo en la mira a sus detractores tanto dentro como fuera del país.
En 2025, se añadieron 78 nuevas organizaciones al registro de “indeseables” del Ministerio de Justicia, la cifra anual más alta jamás registrada desde la creación de dicho registro en 2015, elevando el total a 281.
En ese archipiélago de la desdicha, algunos rostros se imponen con una fuerza particular. El de Azat Miftakhov es uno de ellos. Encarcelado desde 2019 por su oposición al régimen de Vladimir Putin, ese joven de 30 años acaba de ser trasladado a una prisión siberiana, donde denuncia graves torturas. Su historia es un resumen brutal de la arbitrariedad de Putin.
Doctor en matemáticas, Miftakhov fue condenado inicialmente a seis años de prisión en 2021 por haber roto un cristal en una oficina del partido Rusia Unida. Tras ser liberado en 2023, fue arrestado de nuevo ese mismo día por “apología del terrorismo” en una conversación con un compañero de celda, y condenado a otros cuatro años de prisión.
Mecánica kafkiana
“El pretexto, en sí mismo, ilustra la mecánica kafkiana del sistema represivo ruso: la situación de Azat Miftakhov es especialmente emblemática de la definición de ‘preso político’, ya que es tan inocente de todos los crímenes imaginarios de los que se le acusa que el poder pasó dos años buscando cómo inventar motivos para encarcelarlo”, afirma Galia Ackerman, historiadora, especialista del mundo ruso.
Sin embargo, fue durante esta primavera boreal cuando su situación derivó en el horror. Azat fue trasladado por la fuerza a la prisión de alta seguridad de Kharp (IK-18), situada en el círculo polar ártico, en la región autónoma de Yamalo-Nenets, un lugar aislado en una zona inhóspita con temperaturas extremas que bajan hasta los –50 °C de octubre a mayo. Esa prisión es tristemente célebre por sus condiciones carcelarias inhumanas y se encuentra en la misma ciudad donde fue asesinado el opositor Alexei Navalny.
Lo ocurrido allí el 21 de abril de 2026 escapa a toda lógica. Según un testimonio directo del propio Azat, fue sometido a atroces vejaciones físicas y psicológicas: desnudamiento forzado, ataduras, asfixia, golpes repetidos, electrocución e intentos de violación.
En mayo de 2026, envió a sus allegados un testimonio escalofriante sobre sus condiciones de detención. En él mismo describe cómo, al día siguiente de su llegada a la IK-18, dos presos lo llevaron al baño para ordenarle que limpiara la taza del inodoro. Ante su negativa, el tono cambió y empezaron las agresiones. Los dos detenidos le propinaron una paliza antes de envolverle las piernas con cinta adhesiva y golpear sus talones con un martillo de madera. El dolor fue tal que el joven perdió el conocimiento durante unos segundos.
En el ínterin, durante su prisión preventiva, se difundieron en el centro fotos íntimas suyas con un hombre que revelaban su bisexualidad, lo que le relegó a la categoría oficiosa de los “ofendidos”, un estrato situado en lo más bajo de la jerarquía de los presos, lo que le acarrea humillaciones permanentes.
“A pesar de todo, desde su celda ártica, ese brillante matemático sigue haciendo ciencia. El otoño pasado encontró un ‘respiro’ al recibir una carta de Bernard Randé, doctor en matemáticas francés y antiguo profesor del liceo parisino Louis-le-Grand, quien le propuso trabajar en la reformulación de un problema relacionado con la conjetura de Chui, sin resolver desde hace más de 50 años”, señala Galia Ackerman.
Sabiendo que Miftakhov se encuentra ahora en la misma prisión donde fue asesinado Navalny, existe un fundado temor por su vida. Su esposa, Elena Gorban, quien no ha recibido respuesta a sus cartas desde el traslado y a la que la administración penitenciaria le ha denegado cuatro veces el acceso a su marido, ha lanzado un desgarrador llamamiento a la comunidad matemática internacional, pidiéndole que alce la voz para condenar lo que Azat está sufriendo y recordar al mundo que él podría aportar mucho más a la humanidad si fuera libre.
Su liberación oficial está prevista para 2027. Pero los activistas temen que, en esa fecha, se produzca un nuevo arresto basado en acusaciones fraudulentas, tal como ocurrió en 2023.
PeroAzat Miftakhov no es más que un rostro entre miles. Detrás de él, hay una galería de retratos que el régimen pretende borrar.
Yuri Dmitriev, el historiador de las masacres. Detenido en diciembre de 2016 bajo acusaciones falsas, lleva más de nueve años en prisión. El 28 de enero de 2026 cumplió 70 años en un centro penitenciario de máxima seguridad en Mordovia. Dmitriev había dedicado su vida a exhumar la memoria de las víctimas de los gulags soviéticos para la ONG Memorial, hoy prohibida en Rusia.
Entre sus logros se destaca el descubrimiento del sitio de Sandarmokh, en Carelia, donde miles de víctimas del Terror estalinista fueron fusiladas y enterradas en fosas comunes. Pero el Kremlin de Vladimir Putin no perdona a quienes reabren esas heridas.
Con sospechas de padecer cáncer, a Dmitriev se le ha negado cualquier diagnóstico y tratamiento adecuado desde hace tres años. En lugar de recibir atención médica, es sancionado regularmente debido a su mal estado de salud: lo han recluido en celdas de castigo por intentar sentarse en su cama durante el día o por no realizar sus ejercicios matutinos con suficiente energía.
Justificación de terrorismo
Alexei Gorinov, el representante electo que dijo que no. Nacido el 26 de julio de 1961 en Moscú, concejal del distrito de Krasnoselski, fue condenado a siete años de prisión el 8 de julio de 2022 por denunciar la invasión rusa en Ucrania. Pero el acoso del régimen no terminó ahí.
En el otoño de 2023, se le abrió un nuevo proceso penal por “justificación del terrorismo”, presentando la acusación como testigos de cargo a un ladrón y a un violador que habían compartido celda con él. Ambos declararon, con las mismas palabras y hasta en la puntuación del relato, que Gorinov habría pronunciado comentarios inadmisibles. Durante su juicio, mientras se encontraba gravemente enfermo, le espetó al juez: “Yo estoy a favor de la paz, pero ustedes aman la guerra”. Su estado de salud sería actualmente crítico.
Evguénia Berkovich y Svetlana Petriichouk, la cultura tras las rejas. Esas dos mujeres fueron condenadas a siete años de prisión por escribir y dirigir una obra de teatro. Berkovich, una directora premiada, y Petriichouk, dramaturga, encarnan la criminalización de la cultura en la Rusia de Putin. Su obra, titulada Finist, el halcón luminoso, exploraba la radicalización de mujeres jóvenes rusas atraídas por hombres de Estado Islámico, un tema social y una investigación artística. Eso fue suficiente para enviarlas a prisión.
Zarema Mussaeva, la rehén chechena. Fue condenada por un tribunal de Shalí a cuatro años adicionales de prisión por “alterar el funcionamiento de un centro penitenciario”, cuando ya cumple una condena de cinco años por falsas acusaciones de fraude, en represalia por la oposición pública expresada por sus hijos exiliados contra Ramzan Kadyrov, el líder checheno aliado del Kremlin. Su salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Su caso ilustra cómo el régimen arremete contra las familias de los disidentes para silenciarlos desde el extranjero.
Los activistas del movimiento Vesna. En abril de 2026, seis activistas del movimiento juvenil prodemocrático Vesna (Primavera, en ruso) fueron condenados a severas penas por el tribunal municipal de San Petersburgo.
Al anunciarse el veredicto, hubo personas en la sala que gritaron que se trataba de una auténtica “vergüenza”. Anna Arkhipova fue condenada a 12 años de prisión, Ian Ksenjepolski a 11 años y Vassili Neoustroïev a diez años. Habían sido arrestados el 6 de junio de 2023. En la sala se encontraba Lioudmila Vassilieva, de 84 años, activista contra la guerra y superviviente del sitio de Leningrado, quien denunció la persecución de “estos jóvenes que son el futuro” de Rusia.
Grigory Melkonyants, el observador electoral. Un tribunal de Moscú lo condenó a cinco años de prisión por dirigir Golos, el célebre organismo ruso de observación electoral que las autoridades vincularon falsamente con la Red Europea de Organizaciones de Observación Electoral, la cual está prohibida en Rusia.
Natalia Taranushenko, la profesora de la verdad. Fue condenada a siete años de prisión por mencionar la masacre de Bucha ante sus alumnos. Siete años por decirles a unos niños lo que el mundo entero ya sabía...
La mecánica represiva del Kremlin obedece a una lógica implacable, perfeccionada con los años y que ahora funciona como un reloj: se arresta, se juzga, se libera –y, justo en el momento de la salida–, surgen nuevos cargos, tan fabricados como los primeros, pero suficientes para volver a encerrar al disidente.
La predilección por el cargo de “justificación del terrorismo” no es casualidad. Tiene la ventaja de ser prácticamente imposible de refutar para la defensa y casi incontestable para un jurado que en Rusia no existe para este tipo de casos, dejando al juez como único dueño de las decisiones y, a su vez, como único dependiente del sistema. Una mínima conversación con un compañero de celda o el más mínimo comentario reportado por un informante puede bastar para armar un expediente.
Según la organización Memorial, en este momento habría al menos 1402 personas perseguidas por motivos políticos o religiosos en Rusia, de las cuales al menos 771 estarían tras las rejas. OVD-Info, que utiliza criterios más amplios, ofrece un panorama aun más sombrío: 2748 personas serían perseguidas por motivos políticos o religiosos, de las cuales 1327 se encontrarían en prisión.
Al menos ocho presos políticos han perdido la vida en detención durante 2024, entre ellos Pavel Koushnir, un pianista encarcelado por oponerse a la ofensiva rusa en Ucrania. Tragedias que ilustran la dureza de las condiciones carcelarias y los riesgos reales que corren estos hombres y mujeres, algunos de los cuales están enfermos, son ancianos o han sido torturados.
Lógica de guerra
La pregunta que plantean todos estos casos, y para la cual el poder ruso no tiene una respuesta satisfactoria, es la siguiente: ¿por qué tal ferocidad? ¿Por qué encarcelar no solo a opositores notorios, sino también a un matemático de 33 años, a una profesora de instituto, a una directora de teatro galardonada o a un pianista?
La respuesta reside en la propia lógica de la autocracia en tiempos de guerra. Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, los grupos más perseguidos eran los religiosos, especialmente los Testigos de Jehová. Durante los años de guerra, los principales objetivos pasaron a ser quienes se oponen al conflicto.
Este cambio revela una verdad profunda: la guerra no solo ha exportado la violencia al extranjero, sino que también la ha importado al interior. Cada disidente encarcelado es un mensaje enviado a millones de personas más: cállate o correrás la misma suerte.
Y, sin embargo, los ataques ucranianos en suelo ruso –esos drones que golpean las refinerías de Krasnodar, esos misiles que desestabilizan las infraestructuras energéticas– están creando una grieta en ese discurso de omnipotencia. Pocas horas antes de sus declaraciones, durante un congreso de su partido, Vladimir Putin había prometido “garantizar” la seguridad del país y hacer frente a los “desafíos” que suponen los ataques contra las infraestructuras rusas. Pero, ¿cómo garantizar la seguridad de un país cuando su propia población empieza a sentir que la guerra devuelve el golpe?
Es precisamente ahí donde los presos políticos se convierten, según algunos analistas, en un “peligro adicional” para el régimen. No porque representen una amenaza física –pues están encerrados, aislados y debilitados–, sino porque son símbolos vivientes.
“Los presos políticos que sean liberados serán los líderes de la Rusia libre del mañana. Y es por eso que el Kremlin hace todo lo posible para que no salgan, o para que salgan rotos, o para que no salgan nunca”, precisa Ackerman.
La muerte de Alexéi Navalny en febrero de 2024, en esa misma prisión de Kharp donde ahora se encuentra detenido Azat Miftakhov, demostró de lo que era capaz el régimen. También mostró sus límites: el mártir suele ser más poderoso que el prisionero. Putin lo sabe. Quizás por eso, en ciertos casos, prefiere torturar antes que matar: mantener con vida, pero destruir.
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