Cataluña confirma que a partir de ahora no habrá más clases de castellano en las escuelas
La medida es una respuesta al Tribunal Superior de Justicia catalán, que en mayo había ordenado a la Consejería de Educación que cumpliera con el 25 por ciento de horas lectivas en ese idioma
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LA NACION
El gobierno de Cataluña, a través del consejero de Educación, Josep González-Cambray, informó que en el ciclo lectivo 2022–2023, que empezará la próxima semana, “ningún aula de Cataluña ni ningún centro educativo aplicará el 25% del castellano”.
Los dichos de González-Cambray son en respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el pasado 9 de mayo ordenó al departamento de Educación que ejecutara una sentencia que obligaba a centros educativos a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano, ante presentaciones judiciales de particulares.
El funcionario dijo que el curso lectivo pasado “estuvo marcado por las injerencias judiciales” y aseguró que la decisión se tomó con el “máximo consenso, social, político y pedagógico”. “Dimos una respuesta de país y activamos cambios legislativos desde el Parlamento y desde el Gobierno”, agregó.
Así, expresó, según informa hoy El Mundo: “Hoy, 1 de septiembre, les puedo afirmar que, a partir del día 5 en escuelas y del 7 en institutos, ningún aula aplicará porcentaje de aprendizaje de lenguas”.
El departamento de Educación envió una carta a los 27 centros afectados por la sentencia en la que se anunciaba que no deben acatar las resoluciones del Tribunal y que deben ampararse en la nueva normativa catalana, que establece que no se pueden implantar porcentajes en el aprendizaje de lenguas, publicó por su parte el diario El País.
La TSJC había fallado ya en diciembre de 2020 que el sistema educativo en Cataluña debía contar con al menos un 25% de horas en castellano, incluyendo la asignatura de lengua castellana y otra asignatura troncal. Por lo que la sentencia de mayo exigía resultados en el término de 15 días.
Sin embargo eso no sucedió ya que una semana después de la sentencia del tribunal, el gobierno catalán aprobó un decreto y una ley en el Parlamento en los que se regula el uso de las lenguas cooficiales en la escuela, pero rechaza el establecimiento de porcentajes.
Por eso, las autoridades consideran que con ese marco normativo ya no es necesario cumplir las sentencias porque ahora hay una nueva legislación. No obstante, el TSJC duda de la legalidad de las nuevas leyes y las envió a Constitucional para que las estudie.
Según los últimos datos del departamento de Educación, actualmente hay 27 centros afectados por sentencias judiciales que corresponden a 48 alumnos que piden que se imparta el castellano y clases en esa lengua. De esos 27, 10 tienen medidas cautelares y 17 cuentan con sentencias.
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