Cómo la obra más ambiciosa de Italia se volvió una pesadilla política para Meloni
El fallido intento de avanzar con la conexión entre Calabria y Sicilia expuso tensiones políticas, fallas técnicas y dudas sobre la capacidad del gobierno para concretar obras de gran escala
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LA NACION
ROMA.- Minutos después de que la poderosa Corte de Cuentas de Italia rechazara los planes para construir un puente entre la península y la isla de Sicilia, la primera ministra Giorgia Meloni emitió un comunicado airado en el que acusa a los jueces de excederse en sus atribuciones. La decisión volvió a poner en primer plano las dificultades que enfrenta Italia para concretar proyectos estratégicos de infraestructura.
Sin embargo, el resultado no fue del todo inesperado.
El ministro de Infraestructura, Matteo Salvini, había ignorado las advertencias de algunos expertos de su propio ministerio, que en la primavera le aconsejaron no apresurar la aprobación del proyecto —valuado en 13.500 millones de euros (15.600 millones de dólares)—, según dijo una fuente con conocimiento del asunto.
La fuente aseguró que los funcionarios pidieron más tiempo para reunir la documentación necesaria para la estructura de 3,7 kilómetros, que sería el puente colgante más largo del mundo, pero Salvini estaba decidido a iniciar las obras antes de fin de año.
Falencias del proyecto
Antes figura dominante de la derecha italiana, el líder de la Liga, Salvini, ha perdido terreno frente a Meloni, y fracasar en concretar el puente podría dañar aún más su imagen, además de enviar una señal a los inversores de que el gobierno no es capaz de construir infraestructura destinada a revitalizar la economía.
“Esto ha sido bastante vergonzoso. Falta ver si Meloni está dispuesta a caer con él; el gobierno no parece tan unido respaldándolo”, dijo Francesco Galietti, director de la consultora de riesgo político Policy Sonar.
Siguiendo la línea de Salvini, el gobierno aprobó el proyecto a comienzos de agosto, uno de los más ambiciosos y controvertidos de la historia italiana.
El rechazo de la Corte de Cuentas en octubre confirmó los temores de los técnicos. El fallo subrayó lagunas en la documentación, atajos procedimentales y posibles incumplimientos de las normas ambientales y de contratación pública de la Unión Europea (UE).
El ministerio de Infraestructura no respondió a una consulta por correo electrónico acerca de la decisión de Salvini de no seguir las recomendaciones de los técnicos.
El puente entre Sicilia y la región continental de Calabria se ha debatido durante décadas, pero nunca se iniciaron los trabajos debido a los altos costos y a la oposición de una parte de la opinión pública, profundamente dividida.
Salvini se niega a rendirse y afirmó la semana pasada que el gobierno estaba trabajando para responder a las objeciones de la corte y confiaba en poder superarlas.
“Puede que nos lleve un poco más de tiempo, pero espero empezar las obras antes de dejar este cargo”, dijo. El mandato del gobierno expira en 2027.
Temor a un nuevo llamado a licitación
El gobierno calcula que el puente impulsaría la economía en 23.100 millones de euros, alrededor del 1% del PBI, crearía 36.700 nuevos empleos y ahorraría tiempo a los viajeros.
Actualmente, Sicilia está conectada con la península mediante ferris que transportan autos, camiones y trenes. El cruce dura unos 20 minutos, pero el embarque y el desembarque pueden extender el proceso a horas en momentos de alta demanda.
El puente reduciría ese tiempo a 10–15 minutos, según la empresa Stretto di Messina, encargada del proyecto.
Los críticos sostienen que dañaría el medio ambiente y desviaría recursos de necesidades más urgentes en Sicilia y Calabria, como modernizar infraestructura de transporte local obsoleta. En la actualidad, un viaje en tren de 166 kilómetros entre Palermo y Catania, las dos principales ciudades sicilianas, toma unas tres horas.
El gabinete de Meloni podría pasar por encima del fallo judicial y obligar a los jueces a validar el proyecto “con reservas”, pero eso dejaría la iniciativa expuesta a nuevas impugnaciones legales.
Dos fuentes cercanas al asunto dijeron que forzar la aprobación sería riesgoso, y que la opción preferida es abordar las preocupaciones de la corte para obtener una aprobación plena.
La principal amenaza que pende sobre el puente es que podría requerirse una nueva licitación, algo que el gobierno intentó evitar reactivando un contrato adjudicado en 2005 al consorcio Eurolink, originalmente valuado en solo 3800 millones de euros.
Los jueces señalaron que la incertidumbre sobre cuál será el costo actualizado y los cambios en el financiamiento podrían requerir un nuevo proceso. Eso podría retrasar por años el inicio del proyecto, que según el cronograma de Salvini debería completarse en 2032.
Cuando el plan fue bloqueado por primera vez en 2012, el consorcio —liderado por la empresa italiana Webuild (WBD.MI) y conformado por la española Sacyr (SCYR.MC) y la japonesa IHI (7013.T)— presentó un reclamo por 700 millones de euros en compensación. Solo será retirado si las obras se reanudan.
“La licitación ya se llevó a cabo. Los costos de materiales y energía de 2025 no son los mismos de hace diez años. Volver a licitar significaría decirle no al puente”, dijo Salvini en un evento la semana pasada.
Preocupaciones ambientales desoídas
La Corte de Cuentas dijo que su revisión reveló la ausencia de documentación clave, fallas procedimentales y una presentación deficiente, al punto que los jueces debieron identificar por su cuenta qué papeles examinar.
Para superar los cuestionamientos planteados durante una evaluación ambiental preliminar, el gobierno aprobó en abril un documento donde afirmaba que existían razones imperativas de interés público para construir el puente.
Pero los jueces señalaron que no se había demostrado una base convincente para prevalecer sobre las preocupaciones relacionadas con el impacto en las áreas costeras y marinas de Sicilia y Calabria.
“Los supuestos vinculados a las distintas justificaciones de ‘interés público’ no están validados por organismos técnicos ni respaldados por documentación adecuada”, dijo la corte.
El gobierno también afirmó que el puente podría ayudar a la OTAN a mover rápidamente tropas hacia el Mediterráneo central, una idea que los críticos interpretaron como un intento de clasificarlo como proyecto de defensa para cumplir las exigencias de la Alianza respecto al aumento del gasto militar.
“El puente no es una infraestructura militar. A lo sumo, es un blanco militar”, dijo Aurelio Angelini, exdirector del organismo de evaluación ambiental de la región siciliana.
Agencia Reuters
LA NACION
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