Crece la protesta en Colombia: frustran la toma del Congreso
El gobierno sospecha de disidentes de las FARC por el ataque, ya hay por lo menos 24 muertos desde el comienzo del paro nacional contra la reforma fiscal hace una semana
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
CARACAS.– La noche trágica vivida el miércoles en Bogotá y el intento de asalto al Congreso de este jueves redoblaron aún más, si cabe, la espiral violenta que sufre Colombia pese al inicio del diálogo nacional promovido por Iván Duque. Sectores del uribismo presionan para que el presidente decrete el estado de conmoción interior, una “herramienta taxativa” que el propio Duque no descarta, pero que la oposición rechaza porque teme que multiplique la violencia.
Una turba de 50 radicales intentó tomar el Congreso, amparada en la lluvia y armada con palos y piedras. La policía que protege el Parlamento rechazó el ataque, mientras todas las puertas del Capitolio Nacional se cerraban a cal y canto. En la Plaza de Bolívar, final de una de las marchas capitalinas, continuaron los enfrentamientos.
Las imágenes y los videos de lo sucedido en la capital impactaron al país por su virulencia, pero no por ello los convocantes del paro nacional dieron un paso atrás: en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga se repitieron concentraciones mientras en otras regiones se pusieron en marcha nuevos bloqueos de rutas y calles. En Cali, epicentro de las protestas, se alcanzó algo parecido a una tregua entre autoridades y manifestantes.
Los violentos nocturnos eligieron como objetivo 25 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía, contra los que arremetieron con ira: tres fueron destruidos, tres incinerados y 19 vandalizados. Diez de los agentes salvaron sus vidas en el CAI de Aurora, que los asaltantes pretendieron quemar con ellos dentro. Otros 16 policías resultaron heridos, así como 30 civiles.
“Realmente insólito, lo que ocurrió con nuestros uniformados es inadmisible”, denunció la alcaldesa Claudia López, asombrada ante el nivel de destrucción contra los bienes públicos (125 omnibuses municipales también fueron atacados) y la violencia contra ciudadanos y policías. “Un ataque de criminales organizados”, redondeó Duque.
Recompensa
El gobierno ofreció recompensas del equivalente a 2600 dólares para capturar a los asaltantes de Bogotá y de otros puntos del país, sobre todo Cali.
La inteligencia colombiana identificó a grupos cercanos a la disidencia de las FARC durante los disturbios en Cali y ahora cree que también actúan en Bogotá. Como ya ocurriera durante las protestas antigubernamentales de 2019, la policía sospecha que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla amparado por Nicolás Maduro en Venezuela, también desplegó a sus seguidores.
La Defensoría del Pueblo ya suma 24 víctimas mortales, 17 en Cali, desde que hace una semana comenzara el paro nacional. La institución atribuye 11 de las muertes violentas a la Policía y sólo una a particulares. De las restantes todavía no comunicó el avance de sus averiguaciones, aunque ya ubicaron a 47 de las 89 personas desaparecidas durante las primeras jornadas de la revuelta.
Asimismo, los colaboradores del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se desplegaron por el país para ejercer como mediadores entre autoridades y los distintos colectivos que bloquean las rutas para crear corredores humanitarios que permitan el paso de las vacunas del Covid-19 y elementos sanitarios.
La violencia de los radicales no disculpa los abusos policiales cometidos durante esta semana, sobre todo, de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad), señalados por los organismos de derechos humanos y en la mira tras el asesinato del joven Dilan Cruz en Bogotá hace dos años.
La ONG Temblores reunió datos de todo el país para elevar la cifra de fallecidos a 31 y acusar a las fuerzas policiales de 1443 casos de violencia, 21 víctimas de lesiones oculares, 814 detenciones arbitrarias, 216 afectados por violencia física, 77 casos de disparos de arma de fuego y 10 víctimas de violencia sexual.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también confirmó 31 muertes, de las que 13 atribuye a los antidisturbios del Esmad y cuatro a policías regulares.
En sólo una semana, el país se dio vuelta como una media, pasándose de una protesta ante una reforma tributaria inoportuna e injusta a un largo rosario de reclamos, un clamor en busca de cambios que ya resonó en 2019. Durante décadas, los colombianos pusieron sus anhelos de una mejor sociedad en el final de la guerra civil. Hace dos años muchos pensaron que era el momento para comenzar a reducir la desigualdad, pero la pandemia irrumpió para congelar sus aspiraciones.
“Esto solo fue un nuevo inicio, porque los colombianos estamos cansados de tanta corrupción y de la brecha inmensa entre ricos y pobres”, relata a LA NACION la empleada bancaria Andry Hoyos, que apoya el paro pero que, como la mayoría. aborrece la violencia.
“Por años nos han pasado encima con incrementos en el IVA, seguido de esta reforma. Además nos amenazan con otro proyecto en el Congreso, la reforma a la salud”, añade la joven madre de dos niños.
En un intento de aplacar las protestas, Duque abrió este jueves un “espacio de diálogo” con presidentes de las bancadas parlamentarias, gremios y líderes de los órganos de control. Una maniobra muy parecida a la realizada en 2019 pero que hoy parece más complicada.
“Duque se arrinconó solo, pero lo más grave es que arrinconó al país. Hoy Colombia tiene una democracia dividida con espacios y momentos claramente autoritarios, mientras atraviesa una pandemia y sin liderazgos”, resume para LA NACION el analista Felipe Rey Salamanca.
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