España aprobó una regularización masiva de inmigrantes y espera cientos de miles de solicitudes
La medida, que no pasará por el Congreso, podría beneficiar a unas 850.000 personas y ya genera críticas por los requisitos y la presión sobre el sistema administrativo
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PARA LA NACIONIván Ruiz
MADRID.- El gobierno de España aprobó hoy en el Consejo de Ministros la regularización masiva de inmigrantes con algunas modificaciones sobre los antecedentes penales de los beneficiados que fueron sugeridas por los técnicos tras una revisión exhaustiva del del decreto firmado por Pedro Sánchez. El visto bueno a la medida, que no pasará por el Congreso, será la luz verde para una avalancha de pedidos de residencia que se esperan recibir a partir de los próximos días y podría abarcar a unas 850.000 personas, entre ellos, miles de argentinos que viven sin papeles.
Las medida plantea que pueden ser beneficiarios de la residencia en España aquellos extranjeros que, al 1 de enero de 2026, llevaran por lo menos cinco meses en el país. Tendrán que acreditar, además, algunas de estas tres condiciones: una vinculación laboral, tener algún familiar como residente o encontrarse en situación de vulnerabilidad social. Por último, los extranjeros deberán presentar un certificado de antecedentes penales que acredite que no han cometido delitos en los últimos cinco años en su país de origen.
Esta última medida fue modificada a pedido del Consejo de Estado, que revisó el texto original enviado por el gobierno, para endurecer las condiciones. Los extranjeros tendrán un plazo de un mes para conseguir el certificado de antecedentes penales en su país. Sánchez trató de suavizar la medida incluyendo que, en caso de problemas burocráticos que dificulten el acceso a la documentación, los beneficiados podrán pedirle al gobierno que utilice la vía diplomática para obtenerla. Si no hay respuesta en tres meses, entonces cada persona tiene dos últimas semanas de plazo para conseguirlo por su cuenta.
Las autoridades estiman que se presentarán unas 750.000 solicitudes de residencia, aunque por experiencias previas calculan que cerca de un 30% serán rechazadas por distintos motivos. Redondean el número de beneficiarios en medio millón de extranjeros, que ya viven en España pero sin papeles. El decreto impactará también sobre unos 40.000 argentinos que se encuentran en esta condición, casi el 10% de los compatriotas que oficialmente residen en este país.
Desde el gobierno socialista aseguran que la medida no sólo hace oficial el derecho de los extranjeros que residen ilegalmente en suelo español, sino que también es un pedido expreso de las distintas cámaras de empresarios, que necesitan mano de obra en rubros como la construcción y servicios. Y aclaran, además, que el decreto cuenta con el visto bueno de la Iglesia.
El gobierno dispuso un refuerzo de empleados públicos para las distintas dependencias que están involucradas en el proceso, pero el trámite -que debería concretarse en apenas unas semanas- podría ralentizarse por el aluvión de extranjeros. Sólo un ejemplo: la única oficina del Metro de Madrid que tramita los antecedentes de la carga de la tarjeta de transporte, clave para demostrar que llevan tiempo como residentes en la ciudad, ya ha completado todos los turnos hasta julio inclusive.
Desde La Moncloa, todavía golpeados por el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez, remarcaron hoy la importancia del decreto. “Es uno de los grandes hitos de esta legislatura”, dijo hoy Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “La medida cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica. Cuenta con todas las garantías legales y el aval de importantes organismos y estudios”, agregó la ministra durante la conferencia de prensa.
Apenas hizo público el proyecto, en enero, la oposición expresó su rechazo. Desde el Partido Popular (PP) y Vox aseguraron que Sánchez quería modificar el censo electoral para influir en las elecciones, aunque sólo los ciudadanos españoles pueden votar en las elecciones nacionales y sólo los residentes con dos años de antigüedad pueden hacerlo en comicios municipales.
El PP anunció que lanzará una ofensiva en varios sentidos para bloquear la medida. Por un lado, estudian presentar un amparo en los tribunales que congele el decreto hasta que la justicia se expida sobre su legalidad. Pero también acudirán al Parlamento Europeo para denunciar lo que consideran un “sinsentido” y una “barbaridad”, ya que —sostienen— podría generar un “efecto llamada” de migrantes de Medio Oriente en un contexto de guerras.
Mientras negocia con Vox la composición de gobiernos autonómicos como los de Extremadura y Castilla y León, el PP quedó en una posición incómoda, ya que no coincide en política migratoria ni con el socialismo ni con la ultraderecha. Además, se enfrenta por esta medida con la Conferencia Episcopal Española, un histórico aliado. “Ni brazos abiertos sin orden, ni puños cerrados sin compasión”, resumió la diputada europea del PP, Alma Ezcurra.
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