Evo Morales: el Gobierno no tiene obligación de extraditarlo

El gobierno argentino no tendrá obligación de extraditar al expresidente Evo Morales a Bolivia, pese a que la Fiscalía de ese país ordenó ayer detenerlo por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

La Argentina y Bolivia tienen vigente un tratado de extradición, pero en uno de los artículos del acuerdo se establece que uno de los países no puede entregar a un ciudadano a las autoridades de la otra parte si la persona es refugiada -como es el caso de Morales- o asilada política.

Ante un eventual pedido formal del gobierno de la presidente Jeanine Áñez para concretar la extradición, entonces, la administración de Alberto Fernández puede denegarla amparándose en el artículo 3 del tratado. El exmandatario de Bolivia está protegido, además, porque la condición de refugiado fue provocada por la parte requirente.

En la Cancillería no tomaron con sorpresa el pedido de aprehensión contra Evo y en los últimos días lo consideraban una posibilidad clara. En el entorno de Felipe Solá creen que la medida esconde detrás una intención de que Morales no vuelva a Bolivia en el corto plazo, mientras se desarrollará la campaña presidencial para las elecciones, que aún no tienen fecha establecida.

El expresidente boliviano, que esta semana se reunió con Alberto Fernández en la quinta de Olivos, anunció que dirigirá la campaña de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), desde la Argentina, y en las últimas horas se mostró confiado -por las encuestas que él dijo haber visto- en que su espacio se impondrá en las urnas.

"No hay manera de que lo detengan y lo manden a Bolivia. No nos comprometen", afirmaron en el Gobierno.

A pesar de vivir en la Argentina en carácter de refugiado, Evo no está impedido de realizar declaraciones políticas, más allá del pedido que le hizo el Gobierno cuando llegó desde México la semana pasada para que se comprometiera a evitar dedicarse al proselitismo desde la Argentina.

Morales hizo caso omiso de la sugerencia y, en su lugar, se reunió con dirigentes del MAS en el barrio de Liniers y usó su cuenta de Twitter para cuestionar en duros términos al gobierno de Áñez, a quien acusa de sedición y terrorismo. Son los mismos cargos que, justamente, la Fiscalía boliviana le imputó ayer al exmandatario.