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La caracterización de la fiscalía es peor que la denuncia en sí
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RÍO DE JANEIRO.- A largo plazo, más importante que las denuncias puntuales contra Lula en la Operación Lava Jato, es la caracterización del ex presidente como "comandante máximo del esquema de corrupción en Petrobras" o "verdadero director de esa orquesta delictiva", palabras duras usadas por el fiscal Danton Dallagnol, coordinador de la unidad de Curitiba. En el corto plazo, las denuncias pueden llevar a una condena de Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero es la acusación explícita de que fue jefe de un esquema de corrupción montado durante su gobierno, desde el mensalão hasta el petrolão, la que constituye un golpe político casi letal, y la que al mismo tiempo implicará una pena mayor en caso de que sea aceptada.
El procurador general de la República, Rodrigo Janot, que está a cargo del proceso-llave sobre el esquema de corrupción, ya ha dicho en algunos despachos que Lula es el jefe de esa agrupación delictiva. Como ya escribí en esta columna, a la Justicia le llevó casi 10 años contar con las condiciones políticas para denunciar al ex presidente Lula como jefe del mensalão, algo que todo el mundo sabía desde el principio.
Ahora quedó demostrado que el mensalão y el petrolão son la misma cosa: otro segmento del mismo esquema de corrupción montado por el PT en el Palacio del Planalto, que no podría haber funcionado si Lula no fuese el jefe, como subrayó el fiscal Dallagnol.
La denuncia fue contextualizada dentro de un esquema de corrupción que tendría tres objetivos: montar una base política de apoyo en el Congreso, la perpetuación en el poder y el enriquecimiento ilícito de los líderes políticos. El tríplex de Guaruyá y el almacenamiento de bienes personales de Lula durante cinco años, a cargo de la contratista OAS, son apenas parte de esa última rama del esquema, y no es todo.
Lula todavía está siendo investigado por los pagos que recibió por dar conferencias y que los investigadores sospechan que fueron sobrefacturados. También por hacer lobby a favor de empresas en países amigos, y por las reformas y mejoras realizadas en la chacra de Atibaia a cargo de otra empresa, de Odebrecht.
Esas y otras denuncias se verán reforzadas por las declaraciones de los arrepentidos Leo Pinheiro, de OAS, y Marcelo Odebrecht. En la delación premiada que fue anulada por Janot, Pinheiro ya dijo que el tríplex fue construido con la propina desviada al PT.
También hay otra investigación en curso por obstrucción de la Justicia, por haber tratado de evitar la delación de Nestor Cerveró. Si sumamos las ventajas personales obtenidas y el esquema de corrupción montado a partir de su llegada al Palacio del Planalto para comprar apoyo político y mantener al PT en el poder el mayor tiempo posible, estamos frente al retrato de una agrupación delictiva que tomó por asalto las instituciones del país. Una agrupación que hasta puede haber cometido delitos antes de su llegada al poder central.
El Lava Jato exhumó otro hecho escabroso: los aspectos políticos del asesinato del ex prefecto de Santo André, Celso Daniel.
Su hermano, Bruno Daniel, y otros parientes consideran que la muerte del prefecto fue un crimen político, ya que habría sido asesinado para evitar que denunciara los esquemas de corrupción para el financiamiento de las campañas del PT y sus partidos aliados.
El publicista Marcos Valério le confirmó al juez Sergio Moro que lo contactaron para resolver una situación financiera que implicaba el chantaje del empresario Ronan Maria Pintos contra los líderes petistas José Dirceu y Gilberto Carvalho.
Valério confirmó que el préstamo del Banco Sachin fue para pagar ese chantaje, y que a cambio el banco ganó un contrato millonario de Petrobras para la compra de sondas. Valério, por su lado, se negó a revelar las razones del chantaje, supuestamente por temor a ser blanco de represalias. "Usted no puede garantizar mi vida", le dijo al juez Moro.
El panorama no es nada favorable para el que supo ser el mayor líder político del país.
Agencias Jaime Arrambide
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