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La izquierda argentina se moviliza contra Maduro por la detención de una activista de derechos humanos
Martha Lía Grajales fue detenida el viernes después de participar en protestas contra el régimen; por el caso, Madres de Plaza de Mayo y otros referentes de izquierda se distanciaron del chavismo
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LA NACION
CARACAS.- La activista por los derechos humanos Martha Lía Grajales, presa en Venezuela por denunciar ataques violentos contra madres de presos políticos en ese país, ha sido imputada y acusada de graves cargos, anunció este lunes la Fiscalía General, alineada con el régimen de Nicolás Maduro, lo que provocó una ola de indignación internacional.
El fiscal general, Tarek William Saab, un militante chavista, anunció que Grajales ha sido presentada e imputada en tribunales “por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República”.
Las acusaciones en su contra incluyen “delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”, dijo Saab.
Grajales, una colombo-venezolana que dirige la ONG SurGentes, fue detenida de manera arbitraria el viernes a la salida de una protesta pacífica frente a la sede de la ONU en una céntrica avenida de Caracas, donde madres de presos políticos denunciaban ataques violentos ejecutados dos días antes por bandas civiles armadas del chavismo contra otra concentración.
SurGentes había denunciado que una protesta convocada el martes 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue dispersada por “un grupo parapolicial de unas 70 personas”, como se conoce a “colectivos” afines al gobierno.
La activista había denunciado que el grupo de mujeres, en su mayoría madres, esposas y hermanas de los presos políticos, fueron agredidas, golpeadas y asaltadas impunemente frente al Tribunal y ni la Fiscalía ni la policía aceptaron escuchar sus denuncias.
Hasta el momento se desconoce el paradero de Grajales y las autoridades venezolanas aún no se han referido públicamente al caso.
Repercusiones
En las últimas horas, varias voces locales e internacionales, incluyendo al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, demandaron su liberación.
“Su familia y su abogado deben ser informados sobre su situación y su lugar de detención. Sus derechos humanos deben ser respetados”, escribió Türk en la red social X.
A los reclamos se sumaron figuras de la izquierda argentina y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Madres de Plaza de Mayo, miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), que exigió su liberación.
“Tras recibir varias denuncias sobre su desaparición, ocurrida anteayer, cuando fue interceptada por una camioneta sin matrícula frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas, tras asistir a una reunión pública -dice un comunicado publicado en redes sociales por la Línea Fundadora Madres de Plaza de Mayo-. Solicitamos a las autoridades venezolanas información y confirmación de que se encuentra sana y salva”.
La organización argentina también exigió el procesamiento de los responsables de la desaparición de Grajales.
En enero de este año, cuando Maduro asumió un nuevo mandato en el gobierno a pesar de las denuncias de fraude y de no haber mostrado al mundo los resultados electorales del 28 de julio, Madres de Plaza de Mayo felicitó al mandatario. “Desde nuestro país, sometido a las crueldades impuestas y generadas por un gobierno perverso, enviamos también nuestro saludo al presidente Nicolás Maduro en su nueva etapa presidencial”, afirmó entonces la asociación en un comunicado.
La dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, Myriam Bregman, también apuntó contra la detención de la activista con un breve posteo en X: “Sumo mi repudio”, escribió, citando otra publicación del diputado nacional izquierdista Christian Castillo en la que se describía la “fuerte represión contra sectores populares y la izquierda opositora”.
El Frente de Izquierda presentó ayer un proyecto en Diputados exigiendo la liberación de Grajales con el fin de “reclamar el cese de la persecución y represión a la protesta social y la libertad a todas las y los presos políticos”, se lee en el comunicado oficial, respaldado entre otros por las diputadas porteñas Mercedes Trimarchi y Andrea D´Atri.
“En una acción inédita, los diputados nacionales del FIT presentan un proyecto de resolución para exigir el cese de la persecución y la represión en Venezuela, y la liberación de todos los presos políticos encarcelados por el régimen chavista. Hasta la izquierda argentina, ante la obscenidad de una tiranía que ya secuestra incluso a sus propios aliados ideológicos, comienza a alzar la voz. ¿Y el kirchnerismo? Silencio absoluto. Así de grandes serán esos negocios", posteó en X la exembajadora Elisa Trotta.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Argentina exigió que “Venezuela respete su integridad, informe su paradero y ordene su libertad inmediata, así como la del resto de defensores de derechos humanos detenidos de manera arbitraria” en un posteo en X.
El fin de semana, más de 800 activistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos el ganador del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, firmaron una carta denunciaron el secuestro de Grajales y solicitaron “que se proteja su integridad física, que se le permita comunicarse con sus abogados y familiares, y que estos informen sobre el lugar de detención”. “Pronta liberación de Martha Lía Grajales”, exigían.
Posterior a la supuesta reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición y la comunidad internacional, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2400 detenidos, de los cuales unos 2000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales.
Los detenidos son procesados por delitos como “incitación al odio” y “terrorismo” que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.
Agencias ANSA y AFP
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