La justicia allanó el Elíseo por una causa sobre las licitaciones para organizar actos en el Panteón de París
La brigada financiera anticorrupción registró la sede de la presidencia francesa en el marco de una causa que investiga si existió favoritismo en la adjudicación de las ceremonias de ingreso al Panteón
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LA NACION
PARÍS.– En una jornada que sacudió los cimientos del poder político en Francia, efectivos de la brigada financiera anticorrupción realizaron este martes un procedimiento sorpresa en el Palacio del Elíseo. La sede de la presidencia francesa fue el centro de un allanamiento vinculado a una pesquisa sobre la adjudicación de las ceremonias de entrada de grandes figuras al Panteón.
El operativo, que reveló el semanario Le Canard Enchaîné, pone la lupa sobre los contratos que recibió la empresa Shortcut Events durante las últimas dos décadas.
La investigación judicial se centra en las condiciones bajo las cuales el Estado otorgó la organización de estos eventos de alto perfil.
Según los datos que trascendieron de fuentes cercanas al caso, esta firma privada maneja la logística de los homenajes de forma ininterrumpida desde hace 22 años.
El Panteón, un sitio emblemático que se conoce en todo el mundo como el “templo de los inmortales”, resguarda los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de la nación.
Bajo la normativa vigente, el Presidente de la República es quien posee la facultad exclusiva de decidir qué personalidades reciben este honor máximo.
Los costos de estas ceremonias despertaron fuertes sospechas entre los investigadores financieros. De acuerdo con la información que publicó el medio satírico francés, cada proceso de “panteonización” demanda un desembolso que ronda los dos millones de euros.
El período que abarca la indagatoria judicial comienza en el año 2002 y llega hasta la ceremonia que tuvo lugar en 2024, cuando ingresaron al templo los restos del resistente armenio Missak Manouchian, poeta y héroe de la lucha contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.
El conflicto principal de la causa radica en el mecanismo de selección de la agencia que organiza los actos.
Si bien el Ministerio de Cultura o el Centro de Monumentos Nacionales lanzan licitaciones públicas de carácter clásico, el Elíseo tiene siempre la última palabra en la elección final.
Esta situación ocurre debido a la presencia obligatoria del jefe de Estado en estos actos de enorme peso institucional. La justicia busca determinar si existió un trato preferencial hacia Shortcut Events, dado que otras agencias competidoras manifestaron su desánimo ante la elección constante de la misma empresa.
Incluso se reportaron casos donde se impuso a esta firma a pesar de los deseos contrarios de las familias de los homenajeados.
Desde la empresa cuestionada, uno de sus codirectores, Christophe Pinguet, rechazó cualquier tipo de vínculo privilegiado con el entorno presidencial que pudiera favorecer a su firma.
El ejecutivo justificó la permanencia de su agencia en la experiencia técnica que desarrollaron tras orquestar unas quince ceremonias de este tipo vinculadas al “relato nacional”. Según sus declaraciones previas, estas prestaciones siempre cumplieron con los procedimientos de licitación obligatorios.
La brigada financiera, que surgió tras la fusión de diversos organismos de represión de delitos económicos en junio pasado, lideró el registro en las dependencias oficiales.
Mientras la causa avanza, el cronograma oficial mantiene firme la próxima cita en el Panteón para el mes de junio. En esa ocasión, el honor será para el historiador judío Marc Bloch, fusilado por las fuerzas nazis.
La opinión pública sigue con atención este escándalo que mezcla el gasto público con la memoria histórica de Francia.
El operativo de este martes marca un hito, ya que las autoridades ingresaron de forma directa a la casa de gobierno para secuestrar documentación.
Por el momento, la presidencia no emitió comentarios oficiales sobre los resultados del registro en sus oficinas. El caso abre un debate sobre la transparencia en la gestión de los fondos estatales en actos de reconocimiento histórico.
Agencia AFP
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