La justicia boliviana, en la mira por los linchamientos

Los ajusticiamientos populares no ceden y dejan en evidencia la indefensión de los bolivianos "frente al aumento del delito y de la inseguridad"
César González Calero
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23 de junio de 2013  

Cada vez que hay un linchamiento en Bolivia reaparece la sombra acusadora contra la llamada justicia indígena, que la Constitución de 2009 equiparó con la jurisdicción ordinaria del país.

Pero los ajusticiamientos populares de presuntos delincuentes no guardan relación alguna con esa justicia comunitaria. Responden más bien a la universal ley del Talión, al ojo por ojo y diente por diente, en un país sin magistrados en la mitad de su territorio.

Dos nuevos casos de linchamiento en poblaciones del Chapare y Potosí estremecieron a los bolivianos hace unas semanas. En ambos casos, turbas descontroladas aplicaron la justicia por cuenta propia, el ojo por ojo. Ningún jilaqata (autoridad indígena del ayllu o comunidad rural) dictó fallo alguno al respecto.

Vecinos enfurecidos de la localidad de Ivirgarzama, en la conflictiva provincia del Chapare, prendieron fuego a seis presuntos delincuentes que se hacían pasar por policías.

Uno de ellos murió y los otros cinco salvaron la vida de milagro. Días después, escenas similares se repitieron en dos pueblos del departamento de Potosí. En Colquechaca, grupos de exaltados enterraron vivo a un presunto violador y homicida, y en Tres Cruces, vecinos del pueblo quemaron hasta la muerte a dos personas a las que acusaron de asesinar a un taxista.

Para la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los linchamientos son el resultado de "la profunda crisis del sistema judicial y el estado de indefensión en que se encuentran los ciudadanos frente al aumento del delito y la inseguridad", según el último informe del organismo sobre derechos humanos.

Aunque los casos de linchamientos disminuyeron en 2012 respecto de años anteriores (10 personas murieron a manos de incontrolados), la gravedad del fenómeno no deja de preocupar a las instituciones de derechos humanos.

"Una de las consecuencias de los linchamientos -destaca el informe de la Defensoría- es la participación y complicidad de toda o gran parte de la comunidad o barrio, que luego asume una especie de pacto de silencio que encubre a los instigadores y ejecutores, y dificulta la acción policial."

Refundación

A pesar de que representan el 62% de la población de Bolivia, los indígenas fueron invisibles para las autoridades hasta la llegada al poder del aymara Evo Morales, en 2006.

Con apoyo popular, el mandatario puso todo su empeño en refundar el Estado boliviano y atender así a las 36 nacionalidades que cohabitan en el país, para lo que impulsó una nueva Constitución, aprobada en 2009 con el 61% de los votos. Esa Carta Magna establece en su artículo 190 que los pueblos indígenas ejercerán sus funciones jurisdiccionales mediante sus propias autoridades, y aplicarán sus principios y procedimientos propios.

Desde que fue aprobada la Constitución, sectores de la oposición boliviana y algunos medios de comunicación comenzaron a relacionar recurrentemente los ajusticiamientos de turbas incontroladas con la aplicación de la justicia comunitaria. Una asociación que no tiene asideros reales. En 2007, dos años antes de que entrara en vigor la norma, se registraron 57 linchamientos en todo el país.

"Los linchamientos y la justicia indígena no tienen nada que ver, aunque los medios tienden a confundirlos y algunos indígenas, a querer camuflar su justicia por cuenta propia con ese nombre de justicia comunitaria", explica desde La Paz el antropólogo Xavier Albó, uno de los mayores expertos en las tradiciones indígenas en Bolivia.

En parecidos términos se expresa Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo: "No existe relación alguna entre lo que la Constitución boliviana denomina jurisdicción indígena con lo que viene aconteciendo en Bolivia respecto de los linchamientos, que son simples asesinatos que tienen como protagonistas a muchas personas".

La denominada ley de deslinde jurisdiccional, que articula la coordinación entre la jurisdicción ordinaria e indígena recogida en la Carta Magna de 2009, establece claramente la prohibición del linchamiento y pena de muerte.

No sólo eso. Delimita el campo de actuación de la justicia indígena y excluye los delitos de violación, asesinato, homicidio, trata de personas, tráfico de armas y narcotráfico, entre otros.

La escasa o nula representatividad de la justicia en muchas áreas del país, y el hecho de que muchos de los crímenes colectivos no se investiguen debidamente ayudan a que los ajusticiamientos se reproduzcan, advierte Naciones Unidas en un informe.

Bolivia cuenta con algo más de siete jueces por cada 100.000 habitantes (la Argentina casi duplica esta tasa), pero el problema principal es la deficiente distribución territorial del Poder Judicial. No hay ningún magistrado en el 45% de los municipios del país.

Para Albarracín, la inseguridad ciudadana y la insuficiente presencia del Estado son algunas de las causas que explican el fenómeno de los linchamientos. "Hay que mejorar la administración de justicia y las políticas de protección ciudadana -subraya el experto-, pero el caso no debe ser analizado sólo desde el ámbito penal sino también sociológico. Es necesario aplicar verdaderos sistemas preventivos y educativos."

Crece la cifra de linchamientos en Guatemala

En Guatemala, los casos de linchamientos se incrementaron el 38% en los primeros cinco meses de 2013 en relación con el mismo período del año pasado, reveló ayer el Grupo de Apoyo Mutuo. Entre enero y mayo de 2013 se registraron 90 casos de linchamientos, es decir 25 más que en el mismo lapso de 2012, agregó.

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