
La última policía de un pueblo en México, secuestrada
Erika Gándara, de 28 años, era la única agente de Guadalupe; la capturó un comando armado
1 minuto de lectura'
CIUDAD JUAREZ, México.- Un grupo armado secuestró a Erika Gándara, la única policía que quedaba en Guadalupe, un pueblo de 9000 habitantes próximo a la violenta Ciudad Juárez y ubicado en uno de los corredores más utilizados por el crimen organizado.
Antes del secuestro de Gándara, varios agentes habían sido asesinados por el narcotráfico y el resto había renunciado a sus puestos de trabajo, por lo que ella era la única que quedaba en la comisaría del pueblo.
El secuestro se produjo el jueves, cuando un comando armado formado por unos 10 hombres atacó la residencia de Gándara. La mujer policía, de 28 años, fue secuestrada por el comando, que incendió su vivienda y dos autos que estaban estacionados afuera, señalaron testigos a la fiscalía de Chihuahua.
Las autoridades mexicanas enviaron ayer a un grupo de 25 soldados para encargarse del patrullaje del poblado, ubicado a unos 5 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Guadalupe ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia entre las bandas del crimen organizado. La zona es utilizada por el narcotráfico para el tráfico de droga hacia Estados Unidos.
Gándara, soltera y sin hijos, solía patrullar las calles del poblado con un fusil R-15, aunque no tenía gran experiencia. Había ingresado en la policía como operadora de radio a mediados de 2009. Desde junio, la mujer se había quedado sola en la policía del poblado después de que siete de sus compañeros decidieron renunciar tras el asesinato del alcalde, Jesús Manuel Lara.
"Aquí nadie quiere entrar a [trabajar como] policía y tampoco hay presupuesto", dijo la mujer en una entrevista en octubre pasado.
Más de 3000 personas han sido asesinadas este año en el valle de Juárez, donde se ubica Guadalupe. Según el gobierno mexicano, los carteles de Juárez y de Sinaloa, apoyados por bandas de pandilleros, se disputan en esta región el control de las rutas que permiten introducir miles de toneladas de cocaína y marihuana en Estados Unidos, así como en el mercado local para la distribución de la droga.
En Guadalupe han sido asesinadas decenas de personas, y numerosas viviendas han sido incendiadas por sicarios al servicio del crimen organizado. Anteayer fue incendiada la vivienda de una funcionaria municipal y su propietaria fue secuestrada junto con su nieta.
En la actualidad, hay cinco mujeres al frente de departamentos de policía en sendos municipios del estado de Chihuahua, fronterizo con Texas. En octubre pasado, Marisol Valles, una estudiante de criminología, asumió a sus 20 años la jefatura de la policía del municipio de Praxedis Guerrero, situado también en el estado de Chihuahua.
El 29 de noviembre, un grupo de sicarios asesinó a tiros en el poblado de Meoqui a Hermila García, la primera jefa de policía víctima del crimen organizado.
En miles de pueblos mexicanos los policías municipales, escasos, mal armados y con sueldos irrisorios, terminan por ponerse al servicio de los narcotraficantes, según ha admitido el gobierno, que presentó al Congreso una propuesta de reforma para unificar la gestión de la policía, ahora en manos de los gobernadores de los estados.
En todo México, más de 30.000 personas perdieron la vida desde diciembre de 2006, cuando asumió Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN). El mandatario involucró al ejército en su estrategia de lucha contra los carteles de la droga y militarizó los estados más conflictivos del país.
Por otra parte, la familia de Marisela Escobedo, una activista asesinada hace unos días en Chihuahua, emigró a Estados Unidos por las amenazas sufridas, según las autoridades del estado.
Escobedo fue asesinada a la puerta de la sede del gobierno estatal cuando exigía justicia por la muerte de su hija, Rubí Frayre, brutalmente asesinada hace dos años. El caso ha conmocionado a México, ya que también perdió la vida de forma violenta en los últimos días un cuñado de Escobedo.




