1
Las FARC son un grupo terrorista
La prensa nos informa, con machacona cotidianidad, del peaje de dolor y violencia que paga Colombia desde hace más de 30 años y que suele resumirse en una dramática cifra: alrededor de 3000 secuestros y 30.000 homicidios por año.
El presidente colombiano, Alvaro Uribe, planteó la situación a sus colegas en la reunión cumbre del Grupo de Río realizada en mayo en Cuzco, y como resultado se emitió una declaración en la que reclamó al secretario general de Naciones Unidas "impulsar decididamente un proceso de paz en Colombia exhortando a los movimientos guerrilleros que operan en dicho país a firmar un acuerdo de cese de hostilidades y entrar a un diálogo abierto y transparente". Se dijo, a su vez, que de no prosperar este camino se buscarán "otras alternativas de solución" para este conflicto, que "cada vez afecta más a los países vecinos de la región".
Esta declaración comienza a transitar el camino del apoyo internacional al Estado colombiano, a la democracia colombiana, para que pueda superar una situación de la que es víctima toda la nación.
Se ha hablado muchas veces de la "guerra civil" colombiana como si aquí existiera una nación dividida en dos bandos, tal cual ocurrió en el siglo XIX, y aun en el XX, enfrentando a liberales y conservadores. La realidad actual es muy diferente, pues la inmensa mayoría de su población vive y actúa dentro de la democracia, quiere seguir dentro de ella y por eso va a votar en cada elección pese a las amenazas de los terroristas. Ese callado heroísmo del ciudadano ha hecho el milagro de que Colombia no se haya deslizado hacia el autoritarismo.
No nos hallamos, entonces, ante una "guerra civil" tal cual la entendemos clásicamente. Como tampoco podemos refugiarnos en el concepto de "violencia generalizada", que pretende diluir la acción guerrillera dentro de una sociedad perdida para la tolerancia y los hábitos pacíficos. Incluso se alega que en esa estadística macabra de secuestros y homicidios la mayor parte proviene de la delincuencia común. Tal apreciación choca con una realidad incuestionable, que son los atentados y asesinatos de la guerrilla. Y con otra consecuencia tampoco discutible: si el Estado de derecho es amenazado y vastas zonas del país son difíciles de controlar para las autoridades a raíz de la acción guerrillera, es obvio que la delincuencia común tiene un ancho campo para expandirse.
Ajustarse a la realidad
El fenómeno colombiano posee una enorme complejidad, que no acepta la simplificación de estereotipos. Para empezar, hay guerrillas de naturaleza diversa. Hay una paramilitar, que nació como consecuencia de la subversión, que ha cometido infinitos crímenes, pero cuyo objetivo no es la sustitución de la autoridad pública. Con ella se encamina hoy un proceso dirigido a su desmovilización y que tiene serias posibilidades de éxito. Existen otros movimientos guerrilleros -el ELN, por ejemplo- que no se han negado al diálogo y que en el fondo son el resultado de un clima revolucionario que hoy ya no posee mística alguna. El tema duro, en cambio, son las FARC, y aquí es donde las palabras deben comenzar a ajustarse a la realidad.
Las FARC son un grupo terrorista. Y así debe calificárselas. Quien usa para su acción revolucionaria el método del terror indiscriminado, la bomba dirigida a aterrorizar a la población civil, el atentado que daña un servicio público, que asesina a mansalva al civil que ejerce la justicia, la administración o la política, debe ser llamado por el nombre correspondiente a los medios que utiliza. Las FARC, además, están financiadas por el narcotráfico y, en consecuencia, son una "narcoguerrilla".
Queda el argumento de la finalidad, de la inspiración romántica, de la necesidad de entender y sentarse a dialogar para buscar un camino de paz con quienes se mueven con un propósito social. Y bien: ese camino fue recorrido hasta el extremo por el presidente Andrés Pastrana, con una buena fe y disposición de ánimo que hasta le respetó a la guerrilla una zona de exclusión en que actuaba en solitario.
Podrá decirse lo que se quiera sobre la política del ex presidente, pero nadie de buena fe podrá discutir que fue hasta el máximo de tolerancia. Por esa causa, el pueblo votó al presidente Uribe, que proponía una fuerte acción militar, y por esa causa lo sigue apoyando cuando recibe los primeros resultados, observa éxitos en la represión, disfruta de una mayor seguridad en las rutas y ve incluso cómo más de un millar de guerrilleros se han entregado, desilusionados con la vacuidad ideológica del movimiento.
El desafío está en cómo se sigue. El gobierno colombiano prosigue su lucha. Pero reclama ayuda internacional. Y también en esto hay que ser claro: o se la brinda en serio o la única ayuda real y efectiva seguirá siendo la tan discutible del Plan Colombia.
En ese conflicto estamos envueltos todos: los latinoamericanos, porque se irá trasladando a Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil; los países desarrollados, porque si quieren luchar contra el narcotráfico no pueden ignorar que Colombia es la fuente principal de la producción de cocaína. Tampoco deberíamos ser indiferentes al heroísmo de un pueblo que se ha mantenido fiel a la democracia y todavía tiene un presidente democrático que gobierna sin extralimitarse después de una docena de atentados contra su vida.
Más leídas de El Mundo
