Maduro amenazó con retirarle la nacionalidad a Leopoldo López y abre la puerta a una nueva forma de persecución política
El opositor, exiliado en Madrid, denunció que la medida no tiene sustento legal
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LA NACION
MADRID.- El opositor venezolano Leopoldo López calificó este lunes en Madrid de “arbitrariedad” la propuesta de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad, e insistió en que las medidas de presión de Washington al presidente venezolano “no son contra Venezuela” sino contra el narcotráfico.
“Maduro, en otro acto de profunda arbitrariedad, anunció que me va a despojar de mi nacionalidad”, dijo López en una conferencia de prensa en Madrid, donde vive desde 2020, argumentando que esa propuesta “no tiene ningún sustento en la Constitución”.
Maduro pidió al Tribunal Supremo que retire la nacionalidad de López por promover una invasión militar de Estados Unidos a su país.
López, que precisó que su única nacionalidad es la venezolana, dijo que no recurrirá la propuesta porque en su país “no hay un Tribunal Supremo de Justicia, sino una ficción de justicia”, y que no esperaba “nada de ninguna institución” venezolana.
Preguntado si apoyaba una intervención militar estadounidense o los últimos movimientos de Washington contra Maduro, López respondió: “sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.
También insinuó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, podría estar involucrado en ese tipo de actividades ilegales. La acusación provocó una respuesta inmediata del mandatario.
Petro rechazó el intento de vincularlo con el narcotráfico y calificó las afirmaciones de López como “criminales y arbitrarias”.
“El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario”, expresó el presidente colombiano en un breve mensaje publicado en su cuenta de X.
Petro insistió con que “solo” vive de su sueldo y sus movimientos bancarios están “claramente definidos” en los bancos: “Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero, ni bienes. Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde”.
“No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero”, ha concluido Petro en respuesta a los comentarios hechos por el opositor venezolano durante una rueda de prensa celebrada en Madrid tras la demanda judicial de Maduro para retirarle la nacionalidad.
Washington ha reforzado su presencia militar en el Caribe desde agosto, con el despliegue de buques de guerra y, desde principios de septiembre, una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. En paralelo, anunció su intención de enviar a la región el portaaviones más grande del mundo, y el presidente Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.
En ese contexto, reaparece la figura de Leopoldo López. El dirigente opositor fue condenado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014, que dejaron 43 muertos y unos 3000 heridos.
En 2017 obtuvo arresto domiciliario y, dos años después, participó del fallido alzamiento militar contra Nicolás Maduro. Tras el colapso de aquella operación, López se refugió primero en la residencia del embajador de España en Caracas y finalmente escapó en 2020 rumbo a Madrid, donde reside desde entonces.
Un antecedente en Nicaragua
La propuesta de Maduro de retirarle la nacionalidad a López encuentra un antecedente directo en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha utilizado esta práctica como herramienta de persecución política.
En 2023, el gobierno nicaragüense despojó de su nacionalidad a 94 ciudadanos exiliados, acusándolos de “traición a la patria”.
Entre los afectados se encuentran escritores, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y exfuncionarios del Estado.
La medida fue parte de una escalada represiva que incluyó también la expropiación de bienes de los desnacionalizados, quienes ya habían sido previamente despojados de sus derechos civiles y políticos.
El Tribunal de Apelaciones de Managua, alineado con el oficialismo, ordenó la confiscación de propiedades y otros activos registrados a nombre de los acusados, en lo que organismos internacionales calificaron como una violación flagrante del derecho internacional.
Entre los afectados se encuentran figuras destacadas como los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez.
Agencias DPA y AFP
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