¿Marea roja? El regreso a escena de Lula impulsa a la izquierda regional

CARACAS.- “Gran alegría en la Patria Grande”, clamó Evo Morales luego de conocer la sentencia que habilitó a Luiz Inacio Lula da Silva y lo devolvió a la lucha electoral en Brasil. “Al fin se hizo justicia con el hermano Lula, víctima de una sañuda persecución de la derecha con fines políticos”, añadió el expresidente boliviano, también rehabilitado en su país nada más retomar el poder la revolución indígena.

Abatidos ambos, uno por la corrupción y el otro por el fraude electoral, Lula y Evo se han reenganchado cuando más falta hacen para su bloque político continental, encabezado ahora por el Grupo de Puebla. La embestida de las últimas horas contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez (ver página 8), contra varios de sus colaboradores, militares y policías que se encararon en noviembre de 2019 contra Evo, forma parte del mismo festejo.

Populistas, revolucionarios e izquierdistas están convencidos de que dentro de varias semanas será Rafael Correa quien regrese a Ecuador tras la victoria de su sucesor, Andrés Arauz, gran favorito para la segunda vuelta electoral en el país andino. Poco importa que el exmandatario sea un prófugo de la Justicia, condenado a ocho años de cárcel por corrupción. “El lawfare [guerra judicial] es el Plan Cóndor 2.0”, le gusta justificar a Correa.

“Celebramos absolución, que llega para confirmar cuántos excesos y abusos se cometen contra la izquierda latinoamericana”, celebró el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

El Grupo de Puebla, encabezado por el presidente Alberto Fernández, ya había “absuelto” hace mucho tiempo a Evo y a Lula, quienes forman parte de sus reuniones y videoconferencias. Varios de sus integrantes se felicitaron por la decisión del juez Edson Fachin cuando ya están en marcha las campañas en Ecuador y Perú, además de la Constituyente de Chile y las primarias obligatorias de Honduras.

Cambios en Bolivia

El segundo hito de la semana, esta vez en Bolivia y pese al fraude electoral denunciado en 2019 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), también contó con el alborozo del Grupo de Puebla: “Cuando se cometen atrocidades contra el pueblo, los responsables deben pagar. Justicia para el pueblo boliviano, lo que ocurrió fue un golpe de Estado y debe ser juzgado”.

Varios miembros del Grupo de Puebla suscribieron en noviembre de 2020 la Declaración de La Paz, en favor de la democracia y en contra del golpismo de ultraderecha, preparada por Fernández y por el vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias. Como si estuvieran abonando el terreno para los acontecimientos de los últimos días ante la “principal amenaza en el siglo XXI”.

“Lo de Lula se avizora importante, pero no creo que se puede hablar del regreso de la marea roja”, pronostica pese a todo el politólogo español Mariano de Alba en un escenario marcado por la pandemia, que ha multiplicado los efectos de las protestas de 2019.

Los candidatos del Grupo de Puebla están bien situados de cara a la disputa electoral, no sólo Arauz. En Perú, Verónika Mendoza figura en el grupo de siete dirigentes con posibilidades de pasar al ballottage. En Honduras, Xiomara Castro, la mujer del expresidente Manuel Zelaya, pretende superar este domingo las primarias y disputar al frente del partido Libre las elecciones antes de que acabe el año en un país sacudido por las denuncias por narcotráfico, desde Estados Unidos, contra el presidente Juan Orlando Hernández. Y en Chile, el alcalde comunista Daniel Jadue permanece bien colocado en las encuestas, con el viento a favor de la selección de los constituyentes.

El péndulo de América Latina, como lo define la politóloga María Puerta, profesora de gobierno americano en Florida: “Para la izquierda se trata de persecución el intento por evitar otro mandato de Lula. Esta decisión asoma la posibilidad de que Lula, si es candidato, pueda volver a ganar, una respuesta del giro hacia la derecha, y errático, de Bolsonaro”.

“La anulación de los procesos a Lula fue leída como la ratificación del lawfare. Sin embargo, Sergio Moro planeó el Lava Jato en 2004, con Lula presidente; Lula fue procesado en 2016, con Dilma [Rousseff] presidenta, y ‘desprocesado’ en 2021, con Bolsonaro presidente. ¡Curioso lawfare!”, precisa Andrés Malamud. Para el internacionalista no se pueden comparar los embrollos sufridos por los distintos líderes de la Patria Grande: “Difícilmente. A Evo le dieron un golpe, no una sentencia, y a Correa lo condenaron después de dejar el poder. A Lula, en cambio, ¡le fue mejor judicialmente con Bolsonaro que con Dilma!”.

En Caracas, la piedra angular de la “marea roja”, también se vivió con alborozo el perdón temporal para Lula, un aliado firme del proceso revolucionario. Tanto Colombia como Brasil vivirán en 2022 elecciones presidenciales, fundamentales en la búsqueda de apoyos para Nicolás Maduro. En el país cafetero el candidato bolivariano es Gustavo Petro, defensor a ultranza del chavismo, y en Brasil nadie mejor para el régimen revolucionario que Lula.

En Venezuela, pese a ser con Brasil el país donde la constructora Odebrecht más negocios llevó a cabo, es imposible hoy una investigación como el Lava Jato, tomada la fiscalía, los jueces y todos los poderes del Estado por la revolución.

De hecho, el encargado de llevar a cabo la primera pesquisas fue Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, el único hijo del presidente, que comandó una comisión conformada por militares. Y todo ello pese a las millonarias inversiones desaparecidas, las comisiones y las obras inconclusas, denunciadas desde que el propio Lula pactó esas obras fantasma con Hugo Chávez.

“Nuestro mayor homenaje es seguir construyendo la Patria Grande”, sentenció Maduro esta semana.

Por Daniel Lozano

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