Meloni desata una polémica en Italia con su reforma de seguridad para frenar la criminalidad juvenil

ROMA.- Los padres que no mandan a sus hijos al colegio enfrentarán una pena de hasta dos años de prisión e incluso correrán el riesgo de perder la patria potestad sobre sus chicos. Y los menores podrán ser arrestados más fácilmente. Son las medidas más novedosas del nuevo decreto-ley aprobado hoy por el gobierno de derecha de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo fin es contrarrestar el cada vez más alarmante fenómeno de la criminalidad juvenil y las llamadas “baby gang”, las pandillas de menores que se multiplican en zonas urbanas degradados de toda la península.

El decreto ley fue aprobado al cabo de un verano marcado a fuego en Italia por terribles episodios de violencia, como agresiones sexuales grupales, cometidos por menores y contra menores, ocurridos en las ciudades de Palermo y cerca de Nápoles. El hecho más dramático tuvo lugar en la localidad de Caivano, una clásica periferia del empobrecido sur de la península, cerca de Nápoles, que la primera ministra visitó justamente la semana pasada, donde dos hermanitas fueron violadas por un grupo de chicos. Después de haber estado ahí y escuchado a magistrados, policías, docentes y expertos, el gobierno de derecha decidió tomar el toro por las astas y actuar.

La batería de medidas contra la criminalidad juvenil, en efecto, fue bautizado “decreto Caivano”, localidad a la que le fue asignada una partida presupuestaria especial para reflotar un centro deportivo modelo que allí había sido abandonado y convertido en un basural, tarea que deberá controlar un comisario extraordinario que fue nombrado al efecto.

“Habrá también una biblioteca y salas multimediales, para que sea un lugar donde los jóvenes puedan encontrar alternativas a la nada”, explicó en una conferencia de prensa Meloni, que destacó que el decreto no es solo represivo, como acusó la oposición de centroizquierda, sino también preventivo. Con fondos asignados para ello, también busca potenciar el rol de las escuelas.

“No son sólo normas represivas, son también de prevención”, reiteró una y otra vez la premier, que admitió que se trata de temas muy complejos para resolver y que podrían sumarse más medidas en el futuro, relacionadas con el uso de los celulares y el acceso a la pornografía de los menores.

Acompañada por los ministros del Interior, Justicia y Educación, cuyas carteras trabajaron en el paquete, Meloni reconoció que decidieron actuar porque el fenómeno de la criminalidad juvenil es cada vez más alarmante en Italia. La semana pasada un músico de 24 años fue asesinado a golpe de pistola por un menor de 17 en pleno centro histórico de Nápoles, tras una pelea por una moto mal estacionada. “Estamos frente a una situación que se salió de control y hay que actuar”, dijo Meloni, que se mostró conmovida tras reunirse por la tarde con la madre del joven músico asesinado.

Con las nuevas medidas, que endurecen penas, los menores, que pocas veces terminan siendo arrestados y justamente por esta impunidad suelen ser usados por bandas para cometer robos o traficar droga, sí podrán llegar a ir a la cárcel, en el caso de delitos cometidos “in fraganti”. En coincidencia con el decreto, 800 agentes protagonizaron este jueves dos maxi operativos en zonas difíciles de Nápoles y Roma, en los que se incautaron grandes cantidades de sustancias estupefacientes y quedaron arrestadas más de 80 personas.

Si bien Matteo Salvini, líder de la xenófoba Liga y vicepremier del gobierno de derecha esperaba que pudiera bajarse de los actuales 14 años a 12 la edad de imputabilidad de los menores, Meloni en la conferencia de prensa aseguró que esto jamás estuvo en discusión. No obstante, el decreto aprobado prevé que un menor de 12 años que comete actos de violencia o bullying, pueda ser convocado junto a sus padres y “amonestado” por la policía, que puede imponer una multa de hasta 1000 euros a sus padres por falta de vigilancia.

“Un chico si mata debe pagar como un adulto”, había dicho ayer Salvini, lo que provocó reacciones airadas en la oposición. Salvini, que es aliado en el gobierno pero que en verdad es enemigo de Meloni –que de a poco lo fue superando y le arrebató el sueño de volver a ser primer ministro-, no apareció en al conferencia de prensa.

Otra novedad es que los padres que no mandan los chicos a la escuela –en Italia obligatoria hasta los 16 años-, correrán el riesgo de ser castigados con hasta 2 años de prisión o incluso podrán perder la tenencia de sus hijos. Hasta ahora, la pena era una multa de 30 euros. “No sabía eso de los 30 euros, me enteré la semana pasada cuando fui a Caivano”, admitió la premier, incrédula, al destacar el cambio drástico que habrá a partir de ahora, porque “la obligación escolar debe ser garantizada”.

Por Elisabetta Piqué

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