Trump desafía los bloqueos de la Justicia para avanzar con su plan de deportaciones masivas
La Casa Blanca se muestra decidida a llevar la discusión por la autoridad presidencial hasta la Corte Suprema; expulsaron de EE.UU. a una profesora que había asistido al funeral de un líder terrorista
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CORRESPONSAL EN EE.UU.Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.- Las deportaciones y la política migratoria del gobierno de Donald Trump quedaron en el ojo de la tormenta y llevaron a la Casa Blanca a una colisión con la Justicia luego de que la administración se negó a cumplir con al menos dos órdenes judiciales, incluida una de un juez federal que intentó frenar, sin éxito, dos vuelos de deportación con supuestos delincuentes de las pandillas Tren de Aragua y MS-13, ambas incluidas en la lista de organizaciones terroristas del gobierno norteamericano, a El Salvador.
Además de esa disputa con un juez del Distrito de Columbia, el gobierno de Trump deportó a una profesora libanesa de la Universidad Brown, Rasha Alawieh, que residía legalmente en el país, pese a que otra orden judicial había bloqueado temporalmente su expulsión. Alawieh había viajado a Beirut para asistir al funeral de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, dijo el Departamento de Seguridad Interior. Su caso guarda similitudes con el arresto de Mahmoud Khalil, el estudiante de la Universidad Columbia que tiene una tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card” y está casado con una ciudadana norteamericana, a quien el gobierno norteamericano quiere expulsar por su papel en las manifestaciones pro-palestinas en el campus de Columbia en contra de la guerra en Gaza.
La Casa Blanca se prepara ahora para llevar la pelea legal por la política migratoria y los límites de la autoridad presidencial de Trump hasta la Corte Suprema de Justicia en busca de un aval definitivo para desplegar la operación de deportaciones masivas prometida por Trump durante la campaña presidencial.
“Esta administración está enfocada en detener, arrestar y deportar a inmigrantes criminales ilegales”, dijo la vocera presidencial, Karoline Leavitt, desde el atril de la sala de prensa de la Casa Blanca, al hablar sobre el caso del avión que viajó a El Salvador con más de 200 venezolanos y salvadoreños expulsados.
Un juez federal del Distrito de Columbia, James Boasberg, designado por Barack Obama, ordenó el sábado por la noche frenar temporalmente dos vuelos de deportación con destino a El Salvador ante una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés) y Democracy Forward. Trump había ordenado esas deportaciones invocando una ley de 1798, la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada para expulsar de Estados Unidos a los enemigos del país en tiempos de guerra. Esa norma sólo se utilizó en tres ocasiones: en 1812, en la guerra contra Inglaterra, y durante las dos guerras mundiales. Ante las dudas jurídicas por el respeto al debido proceso previsto por la constitución, Boasberg ordenó bloquear la maniobra de Trump y el regreso de los dos aviones en vuelo a El Salvador.
La Casa Blanca nunca acató la orden. Funcionarios de la administración trumpista dijeron, primero, que la orden del juez llegó demasiado tarde y que los aviones ya estaban “en aguas internacionales”. Pero también indicaron que la orden del juez era “ilegal”, y el Departamento de Justicia indicó que la decisión “no era ejecutable” en una presentación al juez. “Oopsie… demasiado tarde”, se jactó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el domingo por la mañana, tras recibir a los expulsados en su centro de detención para terroristas CECOT, una operación divulgada en redes con un pulido video.
“Para cuando llegó la orden del juez, el avión ya estaba sobre aguas internacionales, repleto de terroristas y con serias amenazas a la seguridad pública. El presidente hizo exactamente lo correcto”, dijo el zar de la frontera, Tom Homan, hoy por la mañana a la prensa en la Casa Blanca. Antes, en una entrevista con la cadena Fox News, Homan había dicho que la administración seguiría con sus vuelos de deportación –“Otro vuelo cada día”, afirmó–, y que Trump no tenía intenciones de cambiar de rumbo aún con el rechazo de la Justicia.
“No vamos a parar. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos a seguir”, desafió.
La férrea determinación para avanzar con la ofensiva de deportaciones de Trump y el desafío a los frenos judiciales son una novedad singular de la política migratoria del nuevo gobierno de Trump, que apunta a ser mucho más dura que la de su primer mandato. La expulsión masiva de extranjeros indocumentados, una de las promesas centrales de la campaña presidencial que lo llevó de regreso al poder, abrió a esa confrontación directa entre la Casa Blanca y la Justicia, un choque en el que expertos legales ven el germen de una crisis constitucional ante la férrea decisión de Trump de avanzar con sus expulsiones aún a costa de ignorar las órdenes de los tribunales. Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, puso en duda incluso la legalidad de la decisión de Boasberg.
“Creo que es, sin lugar a duda, la orden más ilegal que un juez de distrito haya emitido en nuestra vida”, dijo Miller a la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Trump desafió otra orden judicial que bloqueó la expulsión de una profesora de la Universidad Brown, Rasha Alawieh, que poseía una visa de trabajo H1-B. “El mes pasado, Rasha Alawieh viajó a Beirut, Líbano, para asistir al funeral de Hassan Nasrallah, un brutal terrorista que lideró Hezbollah y fue responsable de la muerte de cientos de estadounidenses durante cuatro décadas de terrorismo”, dijo el Departamento de Seguridad Interior.
Este caso y el de Mahmoud Khalil han generado la ira de la izquierda y de organizaciones civiles y de derechos humanos que defienden no solo los derechos de los migrantes, sino también la libertad de expresión. Pero la derecha y el trumpismo han celebrado la férrea determinación de Trump de avanzar con su política de deportaciones.
“El presidente Trump está cumpliendo las promesas que hizo al pueblo estadounidense”, sintetizó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
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