Un hacker argentino complica al yerno del rey Juan Carlos

Un ingeniero porteño reveló 200 mails comprometedores que, según los abogados, tendrían el efecto de "bombas atómicas" en el caso Urdangarin
Adrián Sack
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10 de marzo de 2013  

MADRID.- Unos 200 correos electrónicos revelados por un hacker porteño, y descriptos como "bombas atómicas", amenazan a Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos I, y a la casa real, según reveló ayer la prensa local.

La "pata argentina" del caso de corrupción que puso contra las cuerdas a la Corona es el ingeniero informático Matías Bevilacqua, de 36 años, según informó el diario El Mundo.

Hace unos días, el abogado de Diego Torres, el ex socio de Urdangarin, dijo que esos mails tendrán el efecto de "bombas atómicas" y harán que la infanta Cristina de Borbón, esposa de Urdangarin, tenga que declarar como imputada en la causa en que se investiga la supuesta malversación de fondos públicos por más de seis millones de euros.

Ayer, El Mundo reveló que fue Bevilacqua, quien habría trabajado como agente para el Centro Nacional de Inteligencia de España (CNI), quien "pirateó" cerca de 30.000 correos electrónicos de las oficinas de la defensa de Urdangarin. En rigor, la información fue obtenida del servidor informático del estudio de abogados Medina Tejeiro, desde donde se gestionaba el Instituto Nóos.

Esta entidad benéfica, que fue presidida por Urdangarin entre 2004 y 2006, habría sido utilizada por el duque de Palma y su ex socio, el empresario Diego Torres, para triangular dinero de las arcas estatales de las islas Baleares y Valencia a cuentas privadas en paraísos fiscales, para ser utilizadas en su propio beneficio personal.

La información confidencial contenida en estos mails, algunos de ellos ya revelados a la justicia y a la prensa, contiene datos inquietantes sobre la relación entre el rey Juan Carlos I y su yerno, y también entre el monarca y su supuesta amante, la princesa alemana Corinna Sayn-Wittgenstein.

Las dudosas circunstancias en que esta información habría sido obtenida por el estudio Medina Tejeiro, propiedad de la familia política de Torres, se vieron ensombrecidas por la detención del propio Bevilacqua. El argentino fue arrestado el 7 de mayo de 2012 como parte de la denominada "operación Pitiusa", y en esta acción le fue confiscado un pendrive que contenía el servidor informático completo del despacho.

Este "escándalo dentro del escándalo" llevó, incluso, al gobierno de Mariano Rajoy a tomar cartas en el asunto. Ante las presiones de la oposición para aclarar las circunstancias en que esta información fue obtenida, el director del CNI, Félix Sanz Roldán, se comprometió anteayer a declarar ante la Comisión de Gastos Reservados del Congreso sobre la relación entre el organismo de inteligencia y Bevilacqua.

La participación del hacker en la CNI, a través de su empresa CF Labs, fue reconocida por el ministro de Defensa español, Pedro Morenés. El funcionario reconoció que la compañía del argentino había sido contratada hasta 2008 por el organismo oficial de inteligencia, aunque rechazó tajantemente las versiones que señalaban a Bevilacqua como un "agente" de la organización.

Sin embargo, esta negativa del gobierno español ha sido, a su vez, rechazada por el entorno del especialista informático. Según fuentes del entorno de Bevilacqua citadas por El Periódico de Cataluña en su edición de ayer, el hacker siguió emitiendo facturas al CNI hasta 2011, e incluso esta relación se habría extendido también con el cambio de gobierno, que tuvo lugar al mes siguiente.

La irrupción de este nuevo actor agitó aún más las aguas de la investigación por el "caso Urdangarin". Más allá de las dudas generadas por los métodos utilizados para acceder a información confidencial, la polémica "blanqueó" la existencia de los "mails comprometedores" en posesión de la defensa de Torres. Así, en los últimos días cobraron impulso las versiones de que la infanta Cristina tendría cada vez menos margen para evitar su citación judicial.

La duquesa de Palma, propietaria de un 50% de la inmobiliaria Aizoon -que facturó servicios al Nóos- es, hasta ahora, la única persona vinculada al escándalo que no fue obligada a declarar. Y, según la mayoría de los analistas locales, en caso de tener que presentarse, lo haría como imputada.

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