Una amenaza a la libertad de expresión
La asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que comienza hoy en Cochabamba, Bolivia, parecería un encuentro más de los cancilleres de la región. Una reunión prevista para un par de días, con la aprobación de decenas de resoluciones, cuyo cumplimiento tendrá un leve seguimiento. Sin embargo, a pesar de las apariencias, estamos frente a una asamblea envuelta en un hecho muy peligroso: el intento de debilitar de manera grave la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), cuyo mandato es la promoción, protección y defensa de un derecho consustancial con la democracia.
Todo comenzó el año pasado. Un grupo de funcionarios elaboró un documento para "fortalecer" el sistema interamericano de derechos humanos. Su redacción, impulsada por Ecuador, encendió la alerta porque transformaría a la RELE en una oficina burocrática sin las luces y los brillos de los últimos años.
Cuando, a comienzos de 2012, ese documento se discutió en el Consejo Permanente de la OEA, hubo países como la Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Estados Unidos que expresaron la importancia de respetar la independencia y autonomía de la CIDH y la RELE. Pero la historia siguió, y hoy estamos frente a la posibilidad de que se adopte una resolución que puede significar un grave debilitamiento de la Relatoría.
Las propuestas de quienes siguen a Ecuador para "fortalecer" el sistema interamericano de protección de derechos humanos apuntan, en realidad, a lo contrario.
Por ejemplo, la RELE ya no podría publicar un informe anual propio donde se denuncian violaciones de la libertad de expresión, separado del informe de la CIDH. Es decir, se pretende "fortalecer" el cuidado de los derechos humanos impidiendo que se publique un informe que lleva una práctica de más de una década. En lugar de pedir más informes especiales, se pide que uno desaparezca.
Asimismo, se argumentó que se "fortalecería" el sistema interamericano si la RELE no tuviera los recursos financieros que hoy tiene para dar paso a una distribución balanceada entre las otras relatorías de la CIDH. En lugar de más relatorías bien financiadas, se propone que la oficina para la libertad de expresión, cuya eficacia ha sido demostrada, no tenga los recursos que necesita.
La RELE opera exclusivamente gracias a contribuciones de Estados europeos y de nuestro continente, que, es de destacar, nunca suspendieron su apoyo por estar en desacuerdo con el trabajo de la Relatoría. Su presupuesto operativo, en términos comparativos y teniendo en consideración que es una oficina que debe atender las necesidades de todo el continente, es llamativamente bajo. Las recepciones y cenas que se organizan durante la celebración de la asamblea general posiblemente se acerquen a cubrir parte de los gastos de la RELE.
Debemos estar atentos al rol que en Cochabamba jugarán países como Brasil, Colombia y México. El primero, porque dada su relevancia global y su pasado de violaciones de derechos humanos, daría un pésimo mensaje al mundo si, en la asamblea, se suma a los que prefieren que el sistema interamericano de derechos humanos en la práctica desaparezca [Ayer, el canciller brasileño Antonio Patriota se manifestó a favor de las recomendaciones de reforma y dijo que "buscan que el sistema goce de la más elevada legitimidad"].
En Colombia y México, los periodistas viven una situación alarmante. Por eso, esos países deberían contribuir a un genuino fortalecimiento de la RELE, alejándose de las propuestas de Ecuador.
Afortunadamente, a otros países del hemisferio, estos intentos de grave debilitamiento (y no de "fortalecimiento") no los han tomado distraídos y han demostrado estar dispuestos a detenerlo justamente en la asamblea general. Ojalá que así sea.
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