La TV es mala palabra

Durante la última semana, el Comité Federal de Radiodifusión se ha convertido en uno de los organismos más citados en los programas de TV. Mauro Viale, Jorge Rial, Luis Moreno Ocampo y Chiche Gelblung, entre otros, se han ocupado de frenar las malas palabras de sus invitados en nombre del organismo oficial, de cuestionar al aire las sanciones que les fueron impuestas, o simplemente, de comentar las acciones del ComFeR con sus invitados ocasionales.

No es para menos. En el último tiempo se conoció una larga lista de sanciones y apercibimientos a varios conductores, por supuestas transgresiones a la ley 22.285 (la ley de Radiodifusión, sancionada en septiembre de 1980, que rige las transmisiones en el país).

Y aunque desde el organismo oficial aseguran que sólo de enero a marzo se han redactado cerca de 2000 sanciones a los medios, el tema se recalentó esta semana con el llamado de atención que recibió Viale tras la emisión del lunes último, cuando sus habituales invitados se cruzaron una serie de insultos irreproducibles y amenazaron con lanzar floreros por el aire.

No fue el único caso. "Naranja y media", la tira que protagoniza Guillermo Francella por Telefé, también recibió un apercibimiento por parte del ComFeR, cuestionando la trama de la serie por la supuesta "apología de la infidelidad". El ex fiscal Luis Moreno Ocampo tuvo su reto porque una joven punk dijo al aire, en su programa "Forum", que "el gobierno vende la droga". Gelblung fue acusado de "apología del nazismo" por lo que dijo uno de los invitados a su programa "Memoria". Y Jorge Rial recibió, tarde, una sanción por presentar ante cámaras a un menor de edad que ya no está, en el horario de protección al menor (ver nota aparte).

Sin el rigor de la ley

Las medidas que tomó el ComFeR generaron dos reacciones. Por un lado, el temor a la sanción, cosa que se reflejó en los intentos de encauzar las emisiones dentro de lo que dicta la norma. Y por otro, los cuestionamientos a la ley 22.285, que fue sancionada durante un gobierno militar y cuyos artículos no se cumplen porque, como reconoce incluso la actual interventora del ComFeR, Ana María Tezón, "son vetustos".

"Bajo ningún punto de vista queremos volver a épocas pretéritas. Pero tenemos que poner un poco de orden en la TV, aplicando la ley como podemos", dijo Tezón durante la entrevista con La Nación .

La actual interventora del ComFeR, una abogada de Pergamino con una larga experiencia en la administración pública (que incluye su paso por el Ministerio del Interior, el de Economía, por Yaciretá y por el gobierno municipal que encabezó Saúl Bouer), reconoce que su tarea "no es nada fácil". Y lo ilustra: "Recibimos unos cincuenta llamados diarios con quejas de todo tipo. Tenemos desde el loco que nos amenaza con quejarse ante el presidente Menem si no hacemos algo, hasta el que se queja pero a la vez pide que no hagamos nada en contra del conductor". En su despacho y frente a un televisor que supervisa prolijamente con el control remoto, la funcionaria recibió a La Nación para definir la actual política del ComFeR y la aplicación de la polémica ley 22.285.

-¿Cómo es posible controlar las emisiones de la TV a partir de una ley que, como usted reconoce, es vetusta y fue sancionada por un gobierno militar?

-La ley está y está vigente y eso no se puede desmentir. Pero hay artículos que son realmente ridículos y que no se pueden tomar en cuenta. De hecho, hay muchos que han dejado de aplicarse porque, con el transcurso del tiempo, han caído en desuso. Los temas que más porque consideramos que es importante respetar ese horario sino porque además existe una fuerte exigencia de las autoridades intermedias, como las ligas de ama de casa y las asociación de padres de familia. No vamos a caer en la mojigatería de sancionar todas las malas palabras que se dicen al aire. Pero me parece que hoy, la TV se nos ha ido de las manos. Y no soy una pacata, pero me parece que una cosa es decir malas palabras en mi casa y otra es escucharlas permanentemente por televisión.

-¿Cuáles son los límites entonces?

-Los que fija la misma sociedad. Soy una persona muy amplia, pertenezco a una generación a la que tocó vivir una época muy difícil y estoy en contra de todo tipo de represión. Pero tampoco podemos permitir que se perturbe la tranquilidad de los menores o que se le metan ideas en la cabeza que no son las que les enseñan en la casa. Hay programas que presentan como heroínas a unas chicas que hablan de la droga y del sexo sin ningún tipo de pudor. Por ejemplo, lo que pasó en el programa del lunes de Mauro Viale, fue terrible. Pero si nosotros levantamos un programa se nos viene toda la sociedad en contra. Yo creo que tiene haber libertad de opinión de lo más amplia, pero tiene que existir un orden. Y esa es una cuestión muy difícil. Hay que ser muy cauto, porque uno puede caer en los extremos. Hay que tener cierta templancia para ver qué se puede sancionar y qué no.

-Pero si la ley es vetusta, ¿cómo se fija ese orden?

-Existe un límite establecido por el derecho del otro. Y si tenemos un horario de protección al menor, hay que respetarlo. El ComFeR tiene que velar por los contenidos y el respeto de esos horarios.

-Cuando León Guinzburg era interventor, el mismo reconoció que iba a ser muy riguroso con la aplicación de la ley. ¿Cómo define usted su intervención?

-Creo que tiene que haber una muy relación entre los medios y el organismo. Si yo aplicara a rajatablas la ley, tendría que levantar toda la programación porque no se cumple ningún artículo. Por eso, creo que tiene que haber un criterio de razonabilidad para la aplicación de las sanciones. En las infracciones que hemos detectados y que creemos que son justas, aplicamos todo el rigor de la ley. No me voy a pasar al otro lado sancionando a todo el mundo, pero me parece que hay algunos casos de excesos públicos y notorios. La violencia que se manifiesta en algunos programas del mediodía no tiene que existir.

-Tomemos el ejemplo de "Mediodía con Mauro". Después del llamado de atención del lunes, hubo una nueva escena de trompadas, el viernes ¿qué ocurre en ese caso?

-Viale cortó inmediatamente la pelea del viernes. Si vemos que la actitud del conductor es correcta, no sancionamos. Y creo que Viale está bajando los decibeles.

-¿Y en el caso de Naranja y Media"?. A ese programa se le cuestiona justamente lo que constituye el centro de la trama: la doble vida del protagonista. ¿Qué pretende el ComFeR con ese llamado de atención? ¿que se cambie el guión?

-Aquí se recibieron muchas quejas sobre ese programa. La gente considera que se está haciendo apología de la infidelidad y de la bigamia. Entonces, nosotros hicimos un llamado de atención; hablamos con el canal y ellos trataron de mejorar el guión.

-Uno de los artículos más problemáticos para los canales es el que fija un límite de doce minutos para la emisión de publicidad. ¿Cuáles son los montos de las multas que aplica el ComFeR en este caso?

-Son muy elevados y dependen de la falta. Una falta leve cuesta 10 mil pesos y una falta grave puede llegar hasta los 500 mil pesos. De todas maneras, nosotros fijamos un nuevo régimen de sanciones porque el anterior era inaplicable, por el precio de las multas.

-De usted dependen los contenidos de las emisiones ¿qué análisis general hace de la programación?

-Creo que se puede mejorar mucho. Pero para que eso ocurra, hay que cambiar la mentalidad de la gente. Hay que tratar que la Iglesia, las Universidades, las escuelas y todas las organizaciones intermedias, empiecen a concientizar a la gente para bajar los decibeles.

La hora de la sanción

El Comité Federal de Radiodifusión fue creado en 1980, durante el último gobierno militar. Justamente, la Ley de Radiodifusión (22.285), sancionada el 19 de septiembre de ese año, estableció la creación de este organismo oficial que depende de Presidencia de la Nación.

Desde entonces, el ComFeR basa su política y la aplicación de sanciones en la cuestionada ley 22.285 (que, pese a las polémicas, jamás fue cambiada durante los gobiernos democráticos).

El artículo 80 de esta norma establece que "los titulares de los servicios de radiodifusión y los actuantes serán responsables por el contenido y desarrollo de las transmisiones y estarán sujetos a las sanciones que establece esta ley, sin perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal".

Esas sanciones que establece la ley para los actuantes, en orden creciente, son: llamado de atención, apercibimiento, suspensión e inhabilitación. Y aunque el criterio de aplicación depende de cada uno de los interventores que pasaron por el organismo, las sanciones máximas pueden significar desde una inhabilitación por cinco días hasta treinta años.

Sanciones millonarias

Uno de los casos más recordados de la aplicación de esta ley fue la inhabilitación por seis meses que se le aplicó al conductor Gerardo Sofovich, en 1988.

La sanción del ComFer llegó justamente después de la emisión de "La noche del sábado", que por ese entonces Sofovich conducía en el viejo canal 2. En ese programa (emitido el 11 de junio de ese año), el escritor Dalmiro Sáenz no sólo utilizó un lenguaje plagado de malas palabras sino que además hizo algunos comentarios sobre la presunta vida sexual de Jesucristo.

Las expresiones del autor de "El día que mataron a Alfonsín", indignaron a la jerarquía eclesiástica e incluso al entonces presidente Raúl Alfonsín.

Tres meses más tarde, con la firma del delegado normalizador de ese momento, Pedro Raúl Sánchez, el ComFeR comunicó las sanciones para el conductor y el canal. Mientras al primero se lo inhabilitó por seis meses, a la emisora se le prohibió transmitir publicidad durante dos días de programación.

En 1992, el ComFeR, con León Guinzburg a la cabeza, prometió más rigor". Como muestra, en febrero de ese año, el organismo sancionó a Telefé con una multa de 1.111.799,63 pesos por "no difundir mensajes de interés nacional".

La lista de transgresiones creció y, a diferencia de lo que ocurre actualmente, se hizo pública. "Hasta ahora estuve utilizando la persuasión para que terminaran las transgresiones; finalmente decidí dar a publicidad las sanciones", explicó en ese momento el interventor.

Las multas que sustituyeron las persuasiones de Guinzburg (sin contar la que se aplicó a Telefé) oscilaban entre los 2.207 y los 271.500 pesos. En el primero de los casos, por ejemplo, se sancionaba la promoción del film "Escape a la libertad" en horario de protección al menor. Con la cifra más elevada, en cambio, se multaba la transmisión de "Reformatorio de señoritas", una película sólo apta para mayores de 18 años.

La actual interventora, Ana María Tezón, prefirió un pérfil más bajo que su antecesor. Pero las últimas sanciones del organismo han puesto al ComFeR nuevamente sobre el tapete.

De la fría ley a la pantala más caliente

La distancia entre lo que dicta la ley 22.285 y lo que ocurre en las pantallas es tan notable, que la simple enumeración de sus artículos deja al descubierto su desactualización. De todas maneras esta norma sancionada durante el gobierno militar sigue siendo la única que rige el contenido de las emisiones.

Según el artículo 24, por ejemplo, la ley prohibe "cualquier expresión que promueva o estimule la participación en juegos de azar o en otras competencias que tengan como finalidad la realización de apuestas". En el mismo párrafo, prohibe también "la transmisión del monto de los premios".

Al margen queda entonces la innumerable cantidad de programas que se basan exclusivamente en lo que prohibe la norma.

Algo similar ocurre con el artículo 19 que establece que "la programación deberá incluir, preferentemente, obras de autores nacionales e interpretaciones de artistas argentinos".

Si la ley sólo se circunscribiera a la TV abierta (como era en 1980, cuando se sancionó) podría decirse que el artículo se cumple. Pero lo cierto es que hoy ha quedado ampliamente superado por la modernidad: la variada oferta de programas extranjeros que se emiten por los canales de cable, dan por tierra con esas intenciones.

En plan de enumerar las diferencias entre la ley y la realidad también habría que incorporar el polémico artículo 71, referido a los límites de emisión de publicidad. Según lo que dicta la norma, las estaciones de televisión "podrán emitir publicidad hasta un máximo de doce minutos cada período de sesenta minutos contados desde el comienzo del horario de programación".

El artículo en cuestión generó una serie de polémicas en enero último cuando se desató la pelea entre el titular de canal 9, Alejandro Romay, y Mirtha Legrand, por los supuestos "chivos" que había en sus Almuerzos. Es que, en el último tiempo, ha comenzado a computarse una nueva manera de hacer publicidad, llamada "publicidad no tradicional", y que forma parte de la programación, excediendo así el límite impuesto por la norma.

Con el artículo 25, que dice que "no podrán emitirse resultados de mediciones de audiencia" y que no "deberá hacerse uso del servicio telefónico para la promoción y difusión de programas como parte integrante de las emisiones", ocurre algo similar. De hecho, casi todos los conductores anuncian el rating de su programa (cuando los favorece), y el uso del teléfono se ha extendido tanto que prácticamente todos los programas tienen, incluso, su línea 0-600.

En un terreno más difuso queda el artículo 14 que se refiere a los objetivos del contenido de las emisiones: "Contribuir al bien común, ya sea con relación a la vida y el progreso de las personas", "Contribuir al afianzamiento de la unidad nacional y al fortalecimiento de la fe y la esperanza en los destinos de la Nación Argentina"; "Servir al enriquecimiento de la cultura y contribuir a la educación de la población" y "Contribuir al desarrolllo de los sentimientos de amistad y cooperación internacionales".

Moreno Ocampo contraataca

Pelea: el abogado, que conduce "Forum", ciclo que fue sancionado por el Comfer, cree que este organismo tiene actitudes "antidemocráticas".

El 19 de marzo último, el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR) decidió sancionar a "Forum", el programa que conduce el doctor Luis Moreno Ocampo por canal 13. Primero a través de un comunicado distribuido entre los medios, y diez días más tarde con un sumario administrativo enviado a las autoridades de canal 13, el organismo oficial instruyó la sanción porque Moreno Ocampo permitió que una joven de 19 años dijera en su programa que "la droga es un negocio del gobierno".

En la cuestionada emisión, Jonainha Rocha, una joven punk, se enfrentaba al dueño de un bar que no permitió el ingreso de ella y su novio por el aspecto que tenían (cadenas con candado al cuello y raros peinados nuevos, entre otras cosas).

Durante su defensa, Rocha explicó: "Nosotros, por estar así vestidos, no somos ni violentos, ni drogadictos, ni nada por el estilo. De hecho, estamos en contra de las drogas. No pasa porque nos droguemos o nos droguemos, de hecho no nos drogamos. Pero nosotros estamos en contra de la droga porque las vende el gobierno. Nosotros estamos en contra del gobierno; nosotros somos nihilistas y por lo tanto nos gustaría que algún día haya anarquía. Si nosotros estamos en contra del sistema, ¿cómo nos vamos a drogar, si es algo que usa el gobierno para estupidizar a la gente, que piense cada día menos? La vende el gobierno, y la policía, por supuesto..."

Las palabras de la joven no fueron bien recibidas en el organismo oficial. Es más, las autoridades consideraron que "dichas afirmaciones pueden quedar instaladas como verdad, teniendo en cuenta su audencia, y toda vez que no existe de parte de la conducción del programa, un intento de brindar a la opinión pública un discurso que refleja la función que ejerce: rol de comunicador social y puntualmente, para el caso que nos ocupa, un perfil eminentemente juridicoinstitucional".

Concretamente, el ComFeR acusa al programa de infringir dos artículos de la llamada Ley de Radiodifusión: el artículo 17, que dice que "en el horario de protección al menor que fije la reglamentación de esta ley, las emisiones deberán ser aptas para todo público", y el artículo 18 que establece que "la libertad de información tendrá como únicos límites los que surgen de la Constitución nacional y de esta Ley...La información no implicará el elogio de las actividades ilícitas o la preconización de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones".

Un caso para Forum

Desde la vereda opuesta, y en una respuesta que dio en su programa, Moreno Ocampo acusó al organismo oficial de "poner en juego la libertad de expresión".

Experto en cuestiones judiciales, el ex fiscal cuestionó la sanción que instruyó el ComFeR: "La libertad de expresión es la posibilidad de cuestionar la forma en que actúan los gobernantes. Este asunto podría convertirse en un tema más complicado si se hubiera nombrado a una persona específica. Pero, en este caso, la chica no cuestiona a una persona sino al gobierno en general", dijo a La Nación .

Moreno Ocampo cuestió además al organismo oficial en general: "El problema básico del Comfer es que aplican una ley del gobierno militar, y la libertad de expresión pertenece al ámbito de la democracia. Justamente, la ley del Comfer se redactó en pleno gobierno militar con lo que la democracia queda fuera de sus registros. Y ahora, los gobiernos civiles siguen utilizando esa ley como una herramienta de censura".

Para Moreno Ocampo, todas las sanciones que instruiyó el ComFeR en el último tiempo son "antidemocráticas". Incluso la que se levantó contra Chiche Gelblung por llevar a su programa a un nazi (ver nota aparte). "Para este caso -explicó el ex fiscal a La Nación- existe una ley antidiscriminatoria; ese caso no merece una sanción del ComFeR sino, en todo caso, una denuncia penal por violación de una ley".

Por Verónica Bonacchi

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