Revés para Blake Lavely: desestimaron una de las demandas de la actriz contra Justin Baldoni
El juez que entiende en el mediático caso entre los protagonistas de Romper el círculo dejó sin efecto la denuncia contra el publicista al que acusó de montar una campaña en su contra
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LA NACION
El escándalo mediático y judicial que tiene a Blake Lively y Justin Baldoni como protagonistas, quizá escaló demasiado. Al menos, eso es lo que está dejando en claro la Justicia: luego de desestimar parte de la demanda millonaria del actor y realizador, el magistrado también dejó sin efecto las acusaciones de la esposa de Ryan Reynolds contra el especialista en relaciones públicas en redes sociales Jed Wallace.
Lively había demandado al especialista al asegurar que había ayudado al equipo de relaciones públicas de Baldoni en una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Según informaron medios estadounidenses, el juez Lewis Liman accedió el miércoles a la solicitud de Wallace de retirarse él mismo y a su empresa, Street Relations, Inc., de la demanda civil de la actriz.
Liman alegó falta de jurisdicción como motivo, dado que Wallace reside en Texas y no en Nueva York —donde Lively presentó la demanda—, según documentos judiciales dados a conocer por Page Six.
“La moción de desestimación del acusado Wallace debe concederse porque el Tribunal carece de jurisdicción personal sobre ellos”, dicen los documentos. Y agregan: “Lively no ha alegado que sean responsables de ningún acto que los someta a la jurisdicción de Nueva York. Las pocas presuntas acciones dirigidas a Nueva York fueron realizadas por terceros, y no hay acusaciones que sugieran que los demandados estuvieran al tanto de ellas”.
Y culmina: “Por lo tanto, los demandados Wallace no pueden ser obligados a defender esta demanda en Nueva York”. A partir de ahora, si Lively desea seguir adelante con sus reclamos contra Wallace, debe modificar su demanda o presentarla en otro tribunal.
En la demanda, la actriz aseguraba que Wallace “utilizó un ejército digital como arma” para “crear, sembrar y promover” contenido despectivo sobre ella después de ser contratada por el equipo de relaciones públicas de Baldoni, algo que el mismo Wallace negó.
En febrero, Wallace presentó su propia demanda contra la intérprete, en la que afirmó que la actriz lo difamó a él y a su empresa.
Con esta nueva determinación, el tribunal continúa desentrañando el intrincado caso judicial. A principio de junio, el juez Lewis J. Liman rechazó siete de los reclamos por difamación impulsadas por Baldoni, entre ellos una millonaria contrademanda de 400 millones de dólares contra la actriz, su esposo y su publicista. Sin embargo, el magistrado permitió que cuatro de las acusaciones sean enmendadas nuevamente.
El fallo emitido por el juez dice que el tribunal no encontró pruebas suficientes para considerar que las partes acusadas actuaron con la “malicia real” que exige la ley para dar lugar a una demanda por difamación.
Además, el juez Liman explicó que las acusaciones dirigidas hacia Reynolds, Sloane y The New York Times no lograron demostrar que estas partes hubieran difundido información sabiendo que era falsa o con una duda razonable sobre su veracidad, lo cual es un requisito clave para avanzar en casos de difamación en el sistema legal estadounidense.
En paralelo, el juicio por la demanda presentada por la actriz contra Baldoni sigue su curso y tiene una fecha asignada: el 9 de marzo de 2026, en el Tribunal de Distrito Federal del Sur de Nueva York. El caso se desarrolla bajo la supervisión del juez Liman y gira en torno a serias acusaciones que la actriz de Gossip Girl presentó en el marco de la producción de Romper el círculo, tras la que acusó a su coprotagonista, actor y director del film, de acoso sexual y de haber tomado represalias profesionales.
Lively, a su vez, retiró de su demanda los reclamos por daño emocional, lo cual fue interpretado por su equipo como una decisión destinada a proteger su salud mental frente a la presión mediática del caso. No obstante, los representantes legales de Baldoni cuestionaron esa medida, interpretándola como una estrategia para evitar la entrega de registros médicos solicitados como parte del proceso.
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