Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
La Justicia dispuso, además, la inmediata inhibición de los bienes de la emisora
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LA NACION
Tras años de crisis económica, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 19 verificó reiterados incumplimientos y declaró la quiebra de Radiodifusora del Plata S.A. La emisora fue lanzada al aire en 1931 bajo el nombre de LP 6 Casa América y formó parte del conjunto histórico de las primeras emisoras del país.
Según trascendió, la resolución judicial, fechada el 25 de noviembre de 2025, dispuso la bancarrota de la tradicional emisora con domicilio en Lavalle 446, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ordenó la inmediata inhibición general de bienes así como la prohibición de la salida del país del presidente de la sociedad, Jorge Julián Cerezo.
Entre las acciones dispuestas por el juzgado, se ordenó la clausura de la sede social y de los locales de la emisora, el inventario de bienes, la incautación de documentación, y el libramiento de oficios a distintos organismos, entre ellos la IGJ, el Banco Central y el Enacom. Las medidas se tomaron después de comprobar faltas en el acuerdo homologado que tuvo lugar en el marco de un concurso preventivo abierto en 2019.
El fallo se produjo luego de que la empresa rechazara múltiples intimaciones para regularizar los pagos comprometidos con sus acreedores. Además, una serie de pedidos de quiebra promovidos por particulares y empresas, como Martín Jorge Fernández, Daniel Edgar Lineares, Mariana Bergthein, y Prevención ART S.A., acrecentaron el cuadro de incumplimiento.
En su resolución, el juez Gerardo D. Santicchia estableció que el estudio contable Mendoza V.–Rudi C. y Asociados continuará como síndico responsable del caso. El juez consideró que era la decisión más conveniente dada la experiencia previa del estudio en el concurso.
Además, el tribunal estableció como fecha límite el 20 de febrero de 2026 para que los acreedores presenten sus solicitudes de verificación de créditos, y decretaron los plazos para la entrega de informes por parte del síndico.
La empresa, inscripta en 2004 en la Inspección General de Justicia, se encontraba en funcionamiento al momento de la declaración de la quiebra y registraba una gran cantidad de créditos laborales pendientes de verificación.
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