Yo aborté

Examinó un atado de perejil y eligió el tallo más grueso. Aunque estaba sola, se encerró en el baño. Metió el tallo por su vagina hasta estar segura de que había llegado al útero. Y esperó el dolor, alguna señal de que estaba abortando.

–Duele, sí. Muchísimo. Es como un parto. Pero no hay que tener miedo, ¿eh? Si tenés miedo, es peor: vas al hospital. Yo estuve dos días con dolores fuertes. Después, algunas molestias, hemorragias, pero nada más.

Cuando Rosana Alcarraz decidió abortar tenía 23 años y dos hijos. Del papá de Alejandro –el mayor, de 4– hacía tiempo que no sabía nada; estaba a punto de separarse del padre de Leonardo, el menor, que todavía no había cumplido los 2.

–Yo estaba sin trabajo y mi pareja hacía algunas changas. Entre nosotros estaba todo mal. Así que la decisión la tomé yo. Sola.

Rosana le quita dramatismo al asunto.

–No sufrí, no tuve miedo, no tuve ningún conflicto. Es así.

Había oído muchas veces acerca del método del perejil. En conversaciones entre amigas, a través de parientas y vecinas. Con las contracciones que se provocó, logró expulsar el embrión de un mes y medio que llevaba en el útero. Pero, como ocurre a menudo con estas maniobras caseras, el aborto quedó incompleto y se infectó. Ya habían pasado varios días de dolor y sangrado cuando subió la fiebre. Y entonces sí, Rosana se decidió y fue al médico, en la salita del barrio.

–No me preguntó nada porque se dio cuenta en seguida; los médicos de barrio ven casos así todos los días. Me dijo "¡Uy!, qué angina que tenés" y me dio un antibiótico de esos… poderosos. Después de eso, estuve bien.

Por un tiempo, no habló del tema.

+muerte materna +

abortar en la argentina es ilegal. y aun así, por año, unas 500 mil mujeres toman esa decisión. En los últimos cinco años, se incrementaron en un 46 por ciento las internaciones por complicaciones en la práctica del aborto. La escalofriante estadística –con picos del 148 por ciento en San Luis, 143 en La Rioja y 103 en Santiago del Estero– acaba de ser difundida por el ministro de Salud, Ginés González García. La divulgación de esas cifras parece un gesto político ante la presión ejercida por la Confederación Episcopal Argentina para que no se aplique el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación.

Las consecuencias del aborto clandestino son la principal causa de muerte entre las mujeres argentinas embarazadas. El índice de mortalidad materna –que es la que se produce durante la gestación, el parto o el puerperio– es uno de los más altos de la región: en la Argentina mueren 41 mujeres por cada 100 mil niños que nacen vivos; en Colombia esa cifra se reduce a 36; en Costa Rica, a 22; en los Estados Unidos, a 10.

El 31 por ciento de esas muertes se debe a complicaciones por abortos mal hechos. Un ejemplo: las cifras del Ministerio de Salud indican que en 1999 murieron 282 mujeres por razones vinculadas con la maternidad (según los especialistas, todas evitables). Si se aplica la estadística habitual, resulta que entre 85 y 90 mujeres fueron víctimas de un aborto inseguro.

Un tercio de las camas de ginecología de los hospitales públicos están ocupadas por mujeres que sufren las consecuencias de un aborto clandestino. El dato no surge de una estadística oficial, sino de una encuesta difundida el año pasado y realizada entre 500 médicos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (cedes, una asociación civil que reúne profesionales de las ciencias sociales).

"Una paciente que llega con un aborto infectado, ingresa con sangrado en los genitales, en general con el útero parcialmente evacuado", describe Ricardo Illia, subdirector médico del hospital materno infantil Ramón Sardá, y jefe del servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Alemán, ambos de la ciudad de Buenos Aires. "La infección", continúa Illia, "puede estar localizada, lo que permite un tratamiento local y antibiótico, o puede llegar a generalizarse y generar complicaciones que hasta quizás alcancen lo que se conoce como shock séptico, un cuadro sumamente grave, con un 80 por ciento de mortalidad". El médico –sobrino de Arturo Illia, el presidente radical destituido por el golpe de Estado de 1966– observa que, con el avance de la pobreza, la situación se agrava. "En la medida que la sociedad atraviesa por una crisis socioeconómica, esos casos se hacen mucho más frecuentes, junto con otras situaciones que también aumentan, como las enfermedades infecciosas, la mayor vulnerabilidad a las infecciones y los problemas nutricionales: por ejemplo, más de la mitad de las pacientes de la Sardá están anémicas."

Un aborto en condiciones seguras no debería generar semejantes secuelas. Según citan Pailles y Aller Atucha en su trabajo, en los Estados Unidos, donde el aborto está despenalizado, se calcula 1,4 caso trágico cada 100 mil intervenciones. Es una operación mucho menos riesgosa que, por ejemplo, una lipoaspiración: de cada 100 mil personas que se hicieron una, 20 sufrieron complicaciones que terminaron en la muerte, según datos de 1997 de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos y Reconstructores.

En la Argentina, el costo de un aborto practicado por un médico –clandestino y, por lo tanto, inseguro– oscila entre los 600 y los 1.500 pesos. Pero el 53 por ciento de los argentinos no tiene siquiera los 700 pesos que hacen falta para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. La consecuencia es obvia: la mitad del país que aborta, cuando lo hace, lo lleva a cabo con lo que puede.

+la pastilla +

–Decís ma’ si, que sea lo que Dios quiera, y listo. Si estás mal, no tenés un sueldo, ya tenés dos hijos, ¿para qué vas a traer otro chico más si ya estás previendo lo que se viene?

Rosana encoge los hombros. Una semana después de abortar, cuenta, se separó y quedó sola a cargo de sus chicos. Aquel episodio "del perejil" –como lo recuerda– fue hace ocho años y no le dejó secuelas. Más adelante pudo, sin problemas, llevar adelante un nuevo embarazo con una nueva pareja; hoy, Enzo, su tercer hijo, de un año.

Es uruguaya, tiene 31 años y llegó al país a los 17. Vive sobre una calle de tierra, en el barrio San Juan, en Ituzaingó. Comparte la casa con sus padres, su pareja actual –el papá de Enzo–, sus tres hijos, su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos. Casi todos en la familia están desocupados. Rosana se quedó sin trabajo cuando estaba embarazada de siete meses. Las changas que hace su padre tienen que alcanzar para que coman once.

De los padres de sus dos primeros hijos no sabe nada. El pibe más grande, Alejandro, ni siquiera conoce al suyo. Y aún así, Rosana sueña: le gustaría volver a Montevideo. Y completar el colegio secundario, que empezó este año.

No le interesa discutir sobre la cuestión del aborto.

–Es mi cuerpo, decido yo.

Y se ríe si le preguntan si es feminista.

–Nooo. Es que odio la hipocresía. Yo veo en la tele los chicos desnutridos… ¿Ese es el derecho a la vida del que tanto hablan? ¡Si los chicos se están muriendo de hambre!

No tiene dudas.

–Si lo tengo que volver a hacer, lo hago.

Y para que quede claro, luego dice:

–Si tuviera que salir a robar para darle de comer a mis hijos, lo haría.

La historia de Rosana no es excepcional. Sólo 20 de cada 100 mujeres pobres que abortan lo hacen con un médico; una proporción que trepa a 60 de cada 100 en la clase media, y al 83 por ciento en el sector de mayores recursos. Son datos que surgen de un sondeo de Graciela Römer y Asociados realizado hace dos años. Hoy, una manera muy habitual de interrumpir un embarazo, más barata que la intervención quirúgica, es el uso de algunos medicamentos que contienen prostaglandinas, unas sustancias que producen contracciones. El más conocido es una pastilla que se usa en tratamientos de la próstata, pero drogas similares también se encuentran en algunos antiácidos.

"El aborto aumenta, pero es posible que haya menos casos de sepsis, porque se está usando mucho esa pastilla", arriesga Zulema Palma, ginecóloga en el centro de salud Doctor Angel Bo, de Castelar, y militante en la organización feminista Mujeres al Oeste. Antonio Mónaco, jefe del servicio de ginecología y obstetricia del hospital Posadas, de Morón, coincide con el diagnóstico de Palma: "Se están haciendo más abortos con píldoras y menos con procedimientos quirúrgicos o maniobras caseras, como las del perejil, que generan infección y hemorragias".

En cambio, Diana Galimberti, a cargo del servicio del Hospital Alvarez, en la ciudad de Buenos Aires, observa que "es cierto que ahora se aborta con pastillas que provocan contracciones, pero también están llegando a la guardia casos graves. Podría pensarse que se volvió a los métodos tradicionales, pero es sólo una observación".

Illia, el médico de la maternidad Sardá, advierte que esta forma de abortar también es muy riesgosa: "No hay que pensar que estas drogas tienen un efecto mágico. No son ciento por ciento efectivas y su eficacia está relacionada con la destreza y el entrenamiento del que las está utilizando. Las contracciones uterinas producidas en la primera etapa de la gestación pueden asociarse a malformaciones del feto que se detectaron en casos de mujeres que intentaron abortar de esta manera, no lo lograron y siguieron adelante con el embarazo. También es probable que si una mujer que tiene cicatrices en el útero por cesáreas u otras operaciones decide utilizar estas drogas y se sobremedica provoque una rotura del útero, lo que puede llevar a la muerte en el 80 por ciento de los casos".

Entre las mujeres que para abortar suelen recurrir a parteras y enfermeras, la pastilla es famosa. En las farmacias se vende a unos 30 pesos, pero con receta. Hay quien paga hasta 50 para conseguirla. El manual oral de instrucciones dice que no hay que tomarlas, porque si el aborto se infecta y hay que ir al hospital, para los médicos es fácil detectar la prostaglandina en el cuerpo. Y –aunque nunca una mujer va presa por abortar– los médicos están obligados a denunciar los abortos y dar lugar al interrogatorio policial.

Las pastillas con prostaglandina directamente se introducen por la vagina. A veces son cuatro píldoras, a veces son más. Generalmente, ningún médico evalúa la dosis; si alguno lo hace, su condición casi siempre es el silencio

Según observan los especialistas consultados para esta nota, sea con métodos quirúrgicos o caseros, la cantidad de abortos está en aumento. Es más: la interrupción del embarazo es, en la Argentina, el método anticonceptivo más usado.

Rosana, por ejemplo, conoce todos los métodos folklóricos para abortar. Pero nunca usó anticonceptivos. El año pasado, después del parto de su tercer hijo, la clínica en la que se atendió le ofreció la oportunidad de ponerse un Dispositivo Intrauterino, el diu. Costaba 250 pesos. Demasiado.

–Después me enteré de que había una campaña de anticonceptivos en el hospital de Morón, pero había terminado hacía un mes.

Nunca probó las pastillas anticonceptivas, pero asegura que le hacen mal. Su método es el de las fechas, es decir: evita el contacto sexual los días que –calcula– podría quedar embarazada. Está convencida.

–Hace como cuatro meses que me cuido así. Funciona.

+anticonceptivos +

"el aborto es el fracaso de las políticas de prevención. Y la única manera de prevenirlo es una muy buena oferta de anticonceptivos." Diana Galimberti resume así no sólo su opinión sino también la de sus colegas. Ella, que además de trabajar en el Hospital Alvarez, preside la Asociación Argentina de Salud Sexual y Reproductiva –una ong que sigue el camino de la pionera Asociación Argentina de Protección Familiar–, fue una de las mujeres que celebraron la reciente sanción de la Ley de Salud Reproductiva en el Senado, el pasado 30 de octubre.

Contra los pronósticos del feminismo y de las diputadas que la habían impulsado –que desconfiaban del conservadurismo de los senadores, especialmente en tiempos preelectorales–, la ley se aprobó sin hacer mayor ruido. Esencialmente, dispone la presencia de servicios de planificación familiar en los hospitales públicos del país, y que se incluyan los anticonceptivos en la cobertura básica de las obras sociales y la medicina privada.

Parece sencillo, pero en casi veinte años de democracia fue más fácil aprobar el divorcio y terminar con el servicio militar obligatorio antes siquiera que plantear una legislación sobre el tema. En la Argentina forjada sobre la idea de poblar el territorio y dominada por dictaduras, nunca fue fácil hablar de anticonceptivos. En 1974, el ministro de Bienestar Social de Isabel Perón, José López Rega, prohibió que los médicos difundieran el uso de anticonceptivos con un decreto que recién fue derogado doce años después, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El mundo occidental ya había transitado la revolución sexual y aquí, para comprar la píldora, todavía era necesario conseguir –comprar– una receta por triplicado.

La sanción de la nueva ley fue sorpresiva, además, porque esta vez faltaron los grupos católicos y de colegios religiosos que organizaron las marchas de oposición cuando el proyecto se votó en Diputados, el 18 de abril de 2001 y antes, cuando se sancionó una norma similar en la ciudad de Buenos Aires.

Sí hubo protestas de la Iglesia que, a través de un comunicado del Episcopado, definió las políticas de salud reproductiva como "promoción abierta o encubierta del aborto", y sostuvo que la ley "en la medida que promueva la prescripción de elementos y métodos anticonceptivos no conformes al orden natural, lesiona la dignidad de la persona y es moralmente inaceptable".

El texto se refiere, sin nombrarlo, al diu, un método que la Iglesia insiste en definir como "abortivo" aun cuando la Organización Mundial de la Salud –por citar un organismo más allá de los profesionales consultados aquí– dice lo contrario.

La escasa polvareda que levantó esta vez la sanción de la nueva ley tiene por lo menos una explicación: los senadores la votaron, sin muchos anuncios, una semana después de la detención del padre Julio Grassi, acusado de abuso de menores, y un mes después de que el arzobispo santafesino Edgardo Storni tuviera que renunciar a su cargo por una causa similar. "La Iglesia tiene que ocuparse de resolver sus problemas", se envalentonó esta vez la primera dama Hilda Chiche Duhalde al momento de responder a las protestas episcopales, cuando en anteriores ocasiones –nunca en público– ella misma o sus propios colaboradores aceptaban que era la presión de la Iglesia la que ponía límites a una ley cuyo objetivo declarado siempre fue bajar la tasa de abortos y de mortalidad materna.

Los médicos aseguran que una buena política puede lograr esos objetivos. Según Illia, en la maternidad Sardá "disminuyeron las consultas por aborto incompleto entre las pacientes que participan de forma sistemática del servicio de planificación familiar".

Mónaco, del Posadas, reclama que la ley se haga efectiva cuanto antes. "Los anticonceptivos tienen que ser gratuitos. Muchas mujeres, antes que gastar 15 pesos en una caja de píldoras, tienen que comer. Y las chicas, si tienen plata, un mes toman la pastilla y al otro mes no. Aquí estamos teniendo cada vez más maternidad adolescente, y hasta nos llaman de algunos barrios para pedirnos por favor que vayamos a dar charlas a algunos grados de la egb [Educación General Básica], porque tienen alumnas embarazadas cada vez más jóvenes. Los que trabajamos en hospital notamos que, hoy, 20 de cada 100 mujeres que dan a luz son adolescentes."

El médico toca un punto sensible: el de los adolescentes. Uno de los principales obstáculos en la discusión de la Ley de Salud Reproductiva fue la presión eclesiástica para poner límites a la atención de los menores en los consultorios de planificación familiar. Finalmente, el reclamo no fue considerado, como tampoco fue tenido en cuenta el pedido de inclusión de una cláusula de conciencia para los médicos, el principal reclamo católico sostenido históricamente por, entre otros, la diputada menemista Martha Alarcia.

En ese punto, Illia pierde el tono ecuánime que intentó mantener en su conversación con RS: "La objeción de conciencia es legal. Y me parece bien que el médico le transmita a una menor su punto de vista sobre cómo debe encarar sus relaciones. Pero hecho esto, y satisfecha su conciencia, no puede dejar de dar asesoramiento anticonceptivo. Si una paciente de 16 años quiere iniciar relaciones, hace una consulta –es decir que hace lo correcto– y se encuentra con alguien acartonado que lo único que hace es bajar línea filosófica y no le da asesoramiento anticonceptivo; y si esa chica se embaraza y tiene una complicación asociada a una maniobra abortiva, ese señor tiene responsabilidad transferida. Resumiendo: a mí me puede parecer muy tierna esa niña para tener vida sexual, y entonces yo le puedo hablar, con la mejor intención. Lo que no puedo hacer es no protegerla. Hay que darle toda la protección: moral, religiosa, ética, filosófica y también anticonceptiva".

La sanción de la Ley de Salud Reproductiva llegó después de diecisiete años de intentos fallidos en el Congreso. Termina así con la discusión sobre anticonceptivos, al menos en términos legislativos. Pero que se haya sancionado la ley no garantiza que los políticas de salud sean efectivas y lleguen allí donde hacen falta.

¿Será 2003 el año en que empiece el debate público sobre el aborto? Es posible.

En la legislatura porteña se discutirá, al menos, la posibilidad de que los hospitales públicos practiquen el aborto terapéutico en casos excepcionales como los de malformaciones graves del feto, sin que medie la intervención de la Justicia.

El origen de la discusión pública de esos casos está en la historia de Silvia Tanus, la mujer que logró, hace ya dos años, que la Corte Suprema autorizara por primera vez la interrupción de un embarazo.

+el caso Taunus +

silvia tanus todavia llora cuando recuerda la mañana del 17 de octubre de 2002. Había ido con Luis, su marido, a hacerse una ecografía. Estaba embarazada de cinco meses, feliz por de darle un hermanito a Silvina, una noticia que habían esperado durante diez años. Pero con la ecografía se enteró de algo que jamás había escuchado que podía suceder: el feto no había desarrollado el cerebro normalmente y no viviría ni un día fuera del útero.

Tomó rápido una decisión: iba a pedir la interrupción del embarazo. Legal. No quería correr el riesgo del aborto clandestino.

Estaba enojada por la respuesta de los médicos.

–Esto pasó siempre.

La anencefalia es una malformación del feto que –como la espina bífida– puede producirse por carencia de ácido fólico, y puede prevenirse tomando este micronutriente. Desde agosto pasado y por ley, el ácido fólico debe ser incluido en la harina, como una forma de mejorar la deficiente nutrición de buena parte de la población argentina.

–Esto pasó siempre pero tenías que ser médico para saberlo.

Silvia se queja. Fue por eso se decidió a empezar una batalla legal con un objetivo: si no había recibido la información necesaria para tener un bebé sano, que al menos no tuviera que seguir con ese embarazo hasta el final.

–Yo quería seguridad, que el Estado se hiciera cargo. ¿Por qué tenía que ocultar lo que me estaba pasando? Me daba mucha bronca que las mujeres que pasaron por semejante dolor se hubieran callado la boca.

Tal vez en aquel momento no se propuso más que resolver su historia personal, pero con el tiempo, el dolor dio paso a una lucha que se transformó en su causa.

Silvia y Luis viven en Lanús. Allí se conocieron de chicos, cuando tenían que tomar el mismo tren para ir a la primaria, aunque iban a escuelas diferentes. Cuando fue adolescente, Luis entró a trabajar en el taller de marroquinería de la familia de Silvia. Se pusieron de novios cuando ella tenía 19 y él, 17. Hace dieciocho años que están juntos y quince desde que se casaron. Su hija tiene 14. Nunca se fueron del barrio. Viven a pocas cuadras de las casas de sus padres y de la pequeña fábrica donde cosen carteras.

Para Silvia, la pelea legal que terminó en la Corte Suprema resultó de una complejidad que no había imaginado jamás.

Sin embargo, hoy, en los hospitales públicos es muy difícil llevar adelante un aborto terapéutico, aunque el Código Penal exima de castigo a quienes lo practican cuando existe "grave peligro para la vida o salud de la madre", según la excepción detallada en el artículo 86. Los médicos argumentan que sin autorización judicial no pueden hacer nada.

Illia explica, con la formalidad que su cargo de subdirector le exige, la decisión de la maternidad Sardá en el caso Tanus. "La Justicia y sus representantes son en definitiva los que rigen el comportamiento social. Y cuando hay que tomar una decisión sobre la que no hay jurisprudencia, son ellos los que deben tomarla. Yo no soy quién para decidir si estoy autorizado a evacuar un embarazo, independientemente de una malformación tan grave como la anencefalia, de manera que lo que hicimos fue solicitarles a los responsables de los actos sociales que dijeran que efectivamente había que tomar ese curso de acción, porque es su arbitrio y no el mío decidirlo."

El matrimonio Tanus consiguió entonces la ayuda de la abogada Perla Prigoshin, presidenta de la fundación Unos con Otros, que asiste a parejas que se enfrentan a situaciones similares. Prigoshin no coincide con la actitud tomada en la Sardá y en otras instituciones públicas: "En los hospitales no se cumple la ley", afirma. Según su punto de vista, los médicos no deberían pedir autorización judicial para realizar un acto que no está penalizado por la ley.

No parecen mediar cuestiones de conciencia: según la encuesta del cedes, ocho de cada diez médicos aprueba la interrupción del embarazo cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer, violación o incesto y malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina.

Se trata, más bien, de una situación legal que, según desde qué lado se mire, es opaca o clara como el agua.

Zulema Palma tiene una opinión muy dura sobre sus colegas. "Se lavan las manos. Los médicos tenemos poder en esto, es cuestión de jugarse. Hay muchos que prefieren curarse en salud y pedirle la autorización a un juez. Y el juez responde que no hay nada que autorizar. Hay un vacío reglamentario. Pero aún así, hay médicos que se comprometen."

En la medicina privada la situación no es muy diferente. Es verdad que algunas mujeres consiguen que, con todas las seguridades médicas, las ayuden a inducir el parto en una clínica; en los papeles figurará que llegaron allí con contracciones o hemorragias; habrá sido un "aborto espontáneo". Pero hay otras que, por muy alta que sea la cuota de su prepaga, no encontrarán apoyo en los mismos médicos que hasta el día anterior les ofrecían sofisticados métodos para la detección temprana de problemas en el feto.

La abogada Prigoshin logró en 2002 la primera sentencia favorable para que una de las más prestigiosas maternidades de Buenos Aires, la Suizo-Argentina, interrumpiera el embarazo de una de sus pacientes.

Fue el undécimo caso que ganó, después del de Silvia Tanus.

En aquella primera oportunidad, el pedido de amparo que presentó ante la Justicia fue rechazado. A los dos meses de haber empezado con sus reclamos, Silvia tenía un panza de siete, dos fallos en contra y la angustia más grande de su vida.

–No salía, no quería ir a ningún lado para que nadie me preguntara nada. Cuando iba al control médico, las embarazadas hablaban de nombres, tejían escarpines. Y vos tenías que estar ahí, hacer la ecografía y escuchar los latidos del corazón... Todo ese tiempo fue horrible. Era como si fuera a tener un bebé: la panza te crece, la ropa no te va… Y no querés comprarte ropa de futura mamá. Hasta tenés que pensar un nombre.

–¿Un nombre?

–Sí, porque si nace vivo tenés que ponerle un nombre.

Silvia sonríe con tristeza y se le llenan los ojos de lágrimas.

–Le pusimos Angel Gabriel.

Los Tanus sentían que la Justicia los estaba torturando. Las mismas palabras usó Illia, el subdirector de la Sardá, cuando le pidieron su opinión. "Yo dije en los estrados judiciales que la continuidad del embarazo en casos de anencefalia fehacientemente comprobada tiene visos de tortura para la madre, porque simula estar dando vida cuando lo que se está gestando es muerte. Y eso ella, por información o por intuición, lo sabe."

Silvia fue a algunas audiencias para contar lo que estaba sufriendo. No recuerda el nombre de los funcionarios, ni siquiera el de uno frente a quien se descontroló porque no soportó que le hablara de los derechos del niño por nacer.

;Usted viene a defender a un bebé que no tiene vida, pero por este bebé no hizo nada. A mí me hubiera encantado que salvaran a mi hijo, que obligaran a Salud Pública a dar ácido fólico, así no habría tantos chicos en sillas de ruedas, con espina bífida, con hidrocefalia…

La Navidad de 2000 fue la peor de todas para Silvia, Luis y su hija Silvina. La pasaron solos y llorando. El 26 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires falló a su favor. Pero al día siguiente, Roberto Cabiche, asesor general de incapaces, del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, en su calidad de defensor de los derechos del niño por nacer (sic), interpuso un recurso en el que argumenta de esta manera: "No corre peligro la vida de la madre y, durante su situación intrauterina, tampoco lo corre mi representado. ¿Entonces por qué decidió el órgano jurisdiccional su muerte anticipada?".

+fallo supremo+ cabiche es un abogado de 79 años y recién llegaba al cargo de asesor general de incapaces cuando intervino en el caso Tanus. Hoy no se mueve ni un centímetro de la opinión que sostuvo hace dos años. "La legislación me obliga a proteger el feto. El argumento que nos ponían de que la madre estaba sufriendo no era válido para nosotros. El anencefálico es un niño enfermo que está en el seno materno y que tiene un plazo de vida muy relativo. En realidad, la vida es relativa para todos: vivir un día, dos horas o 90 años es casi lo mismo. Es la vida. Nada nos dice que la diferencia en el tiempo que tienen dos personas nos autorice a quitarle la vida a una porque nos parece que va a vivir poco."

La legislación a la que hace referencia el funcionario es la forma en que la Argentina suscribió los tratados internacionales sobre los derechos del niño: cuando se debatió el texto en el Congreso, se agregó la fórmula "desde la concepción" y así se cerraron las puertas a cualquier discusión posterior sobre el aborto. Pero Cabiche no sólo actuó dentro de su interpretación de la ley. También siguió sus convicciones personales. "El aborto es un hecho tremendo, desgarrador, violento y arbitrario", dice, aunque considera que la penalización debería tener algunas excepciones. Por ejemplo, en los casos de violación. Y sorprende con nuevas hipótesis: cuando la madre es portadora de sida, y en caso de infidelidad. "El sida es una enfermedad terrible para la humanidad, de manera que una semilla de este mal es sumamente grave; hay que analizar muy bien el caso", dice para explicar la primera opción. En cuanto a la segunda, su argumento es el que sigue. "Puede haber un matrimonio en el que el hombre está imposibilitado de tener hijos y de pronto la mujer concibe un niño que no es, por supuesto, de su marido. Es una situación social muy compleja, que puede traer consecuencias graves para la familia."

El sufrimiento psíquico que alegó Tanus, en cambio, le resulta insuficiente. "Que la portadora del feto se siente deprimida no es argumento para quitarle la vida a un ser que ya está concebido."

Sin embargo, la Corte Suprema opinó distinto. El 10 de enero de 2001 se reunió en plena feria judicial para fallar a favor de Silvia, que ya había llegado a los ocho meses de embarazo. La sentencia no menciona la palabra aborto. Con el tiempo transcurrido, se trataba ya de adelantar el parto en un momento en que cualquier bebé sin malformaciones hubiera sobrevivido.

El fallo sienta un precedente al referirse a la salud mental de la embarazada. "Frente a lo irremediable del fatal desenlace debido a la patología mencionada y a la impotencia de la ciencia para solucionarla, cobran vida en toda su virtualidad los derechos de la madre a la protección de su salud psicológica y física." Firmaron Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Carlos Fayt y Guillermo López; votaron en disidencia el presidente de la Corte, Julio Nazareno, Enrique Petracchi y Antonio Boggiano. Gustavo Bossert, quien en octubre pasado renunció a su cargo en la Corte tras el fallido proceso de juicio político de sus miembros, también tuvo un voto diferente, pero, en su caso, con un postura aún más favorable para Tanus. Según Bossert, "no estamos ante un pedido de aborto" sino frente a un pedido de una induc