Golpe a los migrantes en Los Ángeles: el DHS pide datos de los programas de asistencia de la ciudad “para causar miedo”

En una maniobra que generó alarma entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, el gobierno federal decidió intervenir en los programas de ayuda que administra el condado de Los Ángeles. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a través de su oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional, solicitó de manera formal los registros de beneficiarios del Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes.

Los Ángeles: un pedido judicial que apunta a migrantes que reciben ayuda estatal

La citación, emitida por la oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, se amparó en el Título 8 del Código de los Estados Unidos y solicitó toda la documentación relativa a quienes han recibido asistencia a través del Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes (CAPI, por sus siglas en inglés) desde enero de 2021 hasta la actualidad.

El objetivo declarado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dependiente del DHS, es investigar si inmigrantes en situación irregular accedieron a beneficios federales, algo que la ley prohíbe. En este caso, el programa es estatal y sus fondos provienen exclusivamente de los contribuyentes de California, un estado santuario con políticas que protegen extranjeros.

De acuerdo con la orden, el ICE exigió los siguientes datos a la oficina de Servicios Públicos y Sociales del Condado de Los Ángeles, organismo que administra el programa:

• Nombre y fecha de nacimiento de cada solicitante.
• Copias de las solicitudes de asistencia.
• Estado migratorio de cada beneficiario.
• Documentación que acredite la inhabilitación para recibir el beneficio federal SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario).
• Declaraciones juradas presentadas como parte del proceso de solicitud.

La solicitud federal apunta a descubrir si personas indocumentadas que reciben CAPI también se vieron beneficiadas del programa federal SSI, algo que violaría la ley.

“La era del despilfarro se terminó”: la advertencia de Kristi Noem

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lanzó una fuerte advertencia en paralelo a la exigencia del DHS a Los Ángeles: “Los políticos de izquierda radical en California priorizan a los inmigrantes ilegales por encima de nuestros propios ciudadanos, incluso dándoles acceso a beneficios en efectivo. Si usted es un inmigrante ilegal, debería irse ahora. La era del despilfarro se terminó”.

Esta declaración formó parte de un comunicado más amplio difundido por el DHS, en el que también se destacó que la citación a Los Ángeles representa solo el comienzo de una campaña más amplia. El documento se alineó con un memorando firmado por el presidente Donald Trump el 15 de abril de 2025, cuyo fin es reforzar el cumplimiento del Título IV de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral.

Este memorando presidencial ordenó al Departamento de Seguridad Nacional, junto con los Departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, el Comisionado de la Administración del Seguro Social y el Fiscal General, garantizar que los inmigrantes sin autorización no reciban fondos de programas federales y que se emprendan acciones civiles o penales contra estados o municipios que infrinjan esa norma.

Temor en las comunidades inmigrantes de California

La respuesta desde organizaciones y expertos en leyes migratorias no se hizo esperar. Para algunos, esta citación no representa solo una pesquisa técnica, sino una estrategia para infundir miedo entre quienes han accedido legítimamente a programas financiados por el Estado de California.

Aunque la ayuda brindada por CAPI no proviene del gobierno federal, sino de recursos estatales recolectados a través de impuestos a la población californiana, el ICE busca generar un efecto disuasivo entre los beneficiarios.

El abogado en temas migratorios, Alex Gálvez, dialogó con el Univision y advirtió que esta medida “es una táctica para causar miedo en la comunidad inmigrante”. Además, señaló que la legalidad del pedido del ICE podría ser disputada en los tribunales, dado que el programa CAPI no otorga dinero federal, sino estatal, lo cual lo coloca fuera del alcance de las restricciones impuestas por el gobierno central.

Asimismo, remarcó que el hecho de que se haya emitido esta citación sobre una base de datos tan sensible —que incluye estatus migratorio, declaraciones juradas y otras informaciones privadas— abre la puerta a violaciones del derecho a la privacidad de los solicitantes y podría erosionar aún más la confianza de los inmigrantes en las instituciones públicas locales.

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