Newsom reaparece y apunta contra Trump a un año de históricas redadas migratorias en California

A un año de las redadas migratorias realizadas por agentes federales en el área de Los Ángeles y otras zonas del sur de California, el gobernador Gavin Newsom volvió a pronunciarse sobre los operativos y renovó sus críticas contra el presidente Donald Trump.

A través de una publicación en X, Newsom aseguró que el 6 de junio de 2025 marcó el comienzo de una serie de operativos que, según su visión, tuvieron consecuencias profundas para miles de familias en el sur del estado.

El gobernador sostuvo que hace exactamente un año “los agentes enmascarados” comenzaron “brutales y caóticas redadas” en comunidades de Los Ángeles y en distintas localidades del sur de California.

Además, vinculó aquellas acciones con una posterior intervención federal que, según afirmó, implicó la toma ilegal de control de la Guardia Nacional de California.

De acuerdo con el mensaje difundido por el mandatario estatal, la militarización de barrios estadounidenses formó parte de una estrategia destinada a avanzar sobre objetivos que calificó como autoritarios. En el mismo texto, Newsom apuntó tanto contra Donald Trump como contra Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria de la administración republicana.

El gobernador aseguró que, mientras ambos impulsan una agenda que considera extremista y perjudicial para las comunidades locales, California mantiene su compromiso de respaldar a las familias residentes en el estado y de resistir aquellas políticas que, según su administración, afectan a la población inmigrante.

La conmemoración del primer aniversario también fue acompañada por un comunicado difundido por los demócratas de la Asamblea estatal, encabezados por el presidente de la cámara, Robert Rivas.

En ese documento, los legisladores calificaron las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) como acciones imprudentes e indiscriminadas.

Según el texto, los operativos desplegados en Los Ángeles no estuvieron dirigidos específicamente contra delincuentes violentos, sino que constituyeron una campaña que generó temor e incertidumbre entre trabajadores, familias, pequeños empresarios y comunidades inmigrantes.

El comunicado sostiene que desde entonces la respuesta política del Estado fue impedir que las autoridades migratorias federales amplíen su presencia en espacios sensibles y fortalecer los mecanismos de supervisión sobre las agencias federales.

Entre las iniciativas destacadas por los legisladores aparecen medidas destinadas a:

• Mantener a ICE fuera de escuelas, hospitales, guarderías y centros de votación.
• Permitir que las fuerzas de seguridad estatales investiguen actuaciones de agentes migratorios.
• Exigir que funcionarios de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional se identifiquen mediante credenciales y placas visibles.
• Incrementar los controles sobre las operaciones migratorias realizadas dentro del estado.

El presidente de la Asamblea, Robert Rivas, sostuvo que los agentes federales no llegaron a Los Ángeles para combatir el crimen ni para proteger a la población, sino para intimidar a distintos sectores de la comunidad.

En su declaración mencionó a cocineros, vendedores ambulantes, trabajadores de la construcción y abuelos que acompañaban a sus nietos a la escuela como ejemplos de las personas afectadas por aquellas acciones. Rivas afirmó además que California siempre rechazó ese tipo de políticas y que continuará haciéndolo.

Por su parte, el asambleísta Juan Carrillo, vicepresidente del Caucus Latino, aseguró que el temor generado por las acciones migratorias federales aún impacta a numerosas familias.

Según señaló, muchos inmigrantes todavía se preguntan si es seguro acudir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, buscar atención médica o regresar a sus hogares. También destacó la importancia de garantizar el debido proceso y sostuvo que la población inmigrante es fundamental para la economía, la cultura y las comunidades del estado.

La legisladora Liz Ortega, vicepresidenta del Caucus Latino, afirmó que la disputa sobre inmigración fue una de las principales batallas políticas del último año.

En su mensaje sostuvo que decisiones judiciales posteriores cuestionaron gran parte de las detenciones realizadas por ICE, argumento que utilizó para insistir en que las operaciones federales excedieron los límites legales.