Nuevo portazo de Gavin Newsom contra Trump: avanza la primera demanda contra el presidente en California

En 2021, el gobernador de California, Gavin Newsom, designó a Rob Bonta como fiscal general de California. Hoy, él emerge como un firme opositor a las políticas migratorias de Donald Trump. Su más reciente acción, una demanda histórica, busca frenar la orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido por la 14a Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La polémica medida presidencial, que impacta a miles de niños nacidos anualmente en territorio estadounidense, fue calificada por Bonta como “flagrantemente inconstitucional”. Este enfrentamiento suma una nueva contienda a las ya tensas relaciones entre California y la administración Trump.

Rob Bonta: un defensor con raíces profundas

El caso de Rob Bonta tiene un componente profundamente personal. Nacido en Filipinas, llegó con pocos meses de vida a California y pasó su infancia en un remolque en el Valle Central. Sus padres eran activistas del sindicato de campesinos United Farm Workers y colaboradores de figuras como César Chávez.

Estos antecedentes llevaron a Gavin Newsom a nombrarlo fiscal general en 2021, con lo que apostó por un líder conectado con las luchas sociales del estado. Esa trayectoria explica su decisión de encabezar la demanda, respaldado por 18 fiscales generales de estados como Nueva Jersey, Massachusetts e Illinois. La acción busca frenar la orden que impacta en miles de niños, entre ellos 24.500 nacidos año a año en California.

“No permitiremos que esta administración borre 125 años de precedentes legales y viole derechos humanos básicos,” señaló Bonta a través de un comunicado de prensa.

El impacto legal y político de la orden de Trump: riesgos y antecedentes históricos

El origen de este caso se remonta a 1898, cuando la Corte Suprema reconoció la ciudadanía de Wong Kim Ark, un hombre nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos. Este fallo histórico sustenta la demanda actual, que busca bloquear la implementación de la orden ejecutiva antes del 19 de febrero.

Si se aplica, la medida propuesta por Trump podría poner en peligro programas federales esenciales, como el Programa de Seguro Médico para Niños, además de generar costos administrativos exorbitantes para los estados. California, epicentro de esta disputa, corre el riesgo de perder fondos cruciales que financian estos servicios vitales.

“Estos menores quedarían vulnerables a la deportación y perderían acceso a beneficios federales, su número de Seguro Social, la posibilidad de trabajar legalmente al llegar a la adultez e incluso sus derechos cívicos, como votar, formar parte de jurados o postularse para cargos públicos”, explicó Bonta.

Las consecuencias indirectas de la anulación de la ciudadanía por nacimiento en California

Además del impacto en las familias, la orden ejecutiva tendría consecuencias directas para California y otros estados. La pérdida de fondos federales para programas esenciales dejaría a miles sin acceso a servicios esenciales. Paralelamente, los estados tendrían que realizar complejos y costosos ajustes administrativos en tiempo récord antes del 19 de febrero, lo que generaría una crisis operativa y financiera para los gobiernos locales.

“La medida no solo amenaza derechos individuales, sino que también pone en riesgo la estabilidad de los sistemas sociales y económicos que respaldan a miles de comunidades en todo el país”, advirtió el fiscal general de California.

La demanda liderada por Rob Bonta, con el respaldo de Gavin Newsom y otros aliados políticos, intenta mantener los derechos legales que tienen las personas nacidas en Estados Unidos. La próxima decisión judicial podría marcar un hito histórico, no solo para California, sino para toda la nación.

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