Golpe a migrantes: el acuerdo 287 (g) en Carolina del Norte que permitirá a estos condados colaborar con ICE

La colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelve a encender alarmas entre comunidades migrantes en Carolina del Norte. En lo que va del año 2025, seis nuevos condados han firmado acuerdos 287(g), esto suma un total de 21 agencias locales aliadas con ICE, lo que sitúa al estado entre los cinco con mayor número de estos convenios en el país.

Carolina del Norte le da el sí al acuerdo 287 (g) contra migrantes

El acuerdo 287(g), establecido por una ley federal en 1996, permite a ciertos oficiales locales actuar con funciones limitadas de agentes migratorios dentro de las cárceles. Aunque no se aplica en operativos callejeros, el convenio habilita a los alguaciles a verificar el estatus migratorio de los detenidos y, si no cuentan con un estatus legal, notificar a ICE e iniciar procesos de deportación, explica.

Hasta 2024, Carolina del Norte no había sumado nuevos acuerdos durante la administración de Joe Biden, explica Enlace Latino. Sin embargo, tras el retorno de Donald Trump a la presidencia, el estado reactivó y aceleró la firma de convenios. Entre el 5 de marzo y el 21 de mayo de 2025, firmaron Carteret, Columbus, Craven, Cherokee, Onslow y Union.

Acuerdos 287(g): qué funciones tienen los oficiales locales

Los acuerdos 287(g) se dividen en tres modalidades que explica El Enlace Latino:

• Modelo de Grupo de Trabajo (Task Force Model): permite a los oficiales arrestar e interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin autorización.
• Modelo de Control Penitenciario (Jail Enforcement Model): autoriza interrogar a personas detenidas y emitir órdenes de retención para que ICE las recoja.
• Modelo de Oficial de Servicio de Ordenanzas (Warrant Service Officer): permite ejecutar órdenes administrativas dentro de las cárceles, pero no interrogar ni investigar estatus migratorio.
• Los seis acuerdos firmados en 2025 corresponden al tercer modelo, considerado más limitado en facultades, aunque igualmente preocupante para organizaciones defensoras de los derechos migrantes.

Impacto en la comunidad inmigrante

La abogada Becca O’Neill, asesora especial de McFadden, dijo que esas órdenes estarán relacionadas con violaciones de inmigración, no con delitos penales generales. Según estudios previos realizados durante la implementación del 287(g) en el condado Mecklenburg entre 2006 y 2018, más de 15000 personas fueron deportadas, explica Charlotte Observer.

Estos efectos trascienden lo judicial. Investigaciones de la Universidad de Duke concluyeron que la presencia del programa redujo las visitas prenatales de madres migrantes por miedo a ser detectadas y deportadas. Asimismo, otras familias dejaron de salir incluso a comprar alimentos por temor a interacciones con la policía.

Diferencia con la Ley HB 10

El abogado William Vásquez aclara que el acuerdo 287(g) no es lo mismo que la Ley HB10 aprobada en Carolina del Norte en 2024. Esta última obliga a notificar a ICE solo en casos de delitos graves, explica Univisión. En cambio, bajo el 287(g), cualquier persona indocumentada detenida por infracciones menores como manejar sin licencia puede ser reportada y detenida por ICE desde la cárcel.

El crecimiento de estos acuerdos no parece detenerse. Actualmente, hay un proyecto en la Asamblea General del estado, la SB 153 o “Ley de Protección Fronteriza de Carolina del Norte”, que busca sancionar a gobiernos locales que no cumplan con las normas migratorias estatales, según Enlace Latino. Esta iniciativa también prohíbe las llamadas ciudades santuario, a pesar de que en Carolina del Norte no existen debido a restricciones legales vigentes.

Con estos cambios, Carolina del Norte se suma a la tendencia nacional de endurecer la colaboración entre ICE y gobiernos locales. Solo es superado por Texas, Florida y Georgia en cantidad de acuerdos activos.

El panorama genera preocupación en las comunidades latinas, que se sienten nuevamente bajo amenaza. Activistas y grupos de derechos humanos, como El Centro C, han convocado protestas y reuniones comunitarias para pedir la revocación de estos acuerdos y proteger a las familias de la separación y el temor constante.

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