Contribuyentes de Phoenix aún pagan por las redadas migratorias del jefe policial Joe Arpaio
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LA NACION
PHOENIX (AP) — Hace veinte años, cuando Arizona se sentía frustrada por la porosidad de su frontera con México, el estado aprobó una serie de leyes de inmigración tras las quejas incesantes de los que las proponían sobre cómo los contribuyentes locales terminaban pagando la educación, atención médica y otros costos para las personas que estaban en Estados Unidos sin autorización.
El entonces jefe policial del condado Maricopa, Joe Arpaio, asumió con gusto la causa, implementando 20 patrullajes de tránsito a gran escala enfocados en los inmigrantes desde enero de 2008 hasta octubre de 2011. Eso derivó en un veredicto en 2013 de que estaba actuando con móviles de discriminación racial y en que la corte ordenara costosas reformas en los patrullajes del tránsito efectuados por la agencia y, más tarde, en su unidad de asuntos internos.
Ocho años después de que Arpaio perdiera las elecciones y tuviera que dejar el cargo, los contribuyentes del condado Maricopa todavía están pagando facturas jurídicas y de supervisión de cumplimiento derivadas de las medidas de control migratorio. Se prevé que la cuenta alcance los 352 millones de dólares para mediados de 2026, incluidos 34 millones aprobados el lunes por la junta de gobierno del condado.
Aunque la agencia ha logrado avances en algunos frentes y ha obtenido calificaciones favorables de cumplimiento en ciertas áreas, aún no se considera que haya implementado totalmente las reformas ordenadas por la corte.
Desde que se emitió el veredicto de que actuaba con móviles de discriminación racial, la jefatura policial ha sido criticada por dar trato dispar a conductores hispanos y negros en una serie de estudios sobre los automovilistas a los que obligaba a detenerse. Sin embargo, el estudio más reciente muestra mejoras significativas. La agencia también arrastra un retraso tremendo en casos de asuntos internos.
Thomas Galvin, presidente de la junta de gobierno del condado, señaló que el gasto es "impresionante", y se ha comprometido a encontrar una manera de poner fin a la supervisión judicial.
"Creo que en algún momento alguien tiene que preguntar: ¿Podemos simplemente seguir haciendo esto?", planteó Galvin. "¿Por qué tenemos que seguir haciendo esto?".
Los críticos de la jefatura de policía han cuestionado por qué el condado quiere retirarse del caso ahora que los contribuyentes finalmente están comenzando a ver cambios allí.
Hace casi 12 años, un juez federal concluyó que los agentes de Arpaio solían aplicar distinciones racistas hacia hispanos durante sus patrullajes de tránsito enfocados en controlar la inmigración.
Los patrullajes, a los que se les llamaba "barridos", involucraban a un gran número de agentes de Arpaio que llenaban una zona del área metropolitana de Phoenix —incluidos algunos vecindarios predominantemente hispanos— durante varios días para detener a infractores del reglamento de tránsito y arrestar a otros delincuentes.
El veredicto llevó al juez a ordenar una reforma de las operaciones de patrullaje de tránsito, la cual incluía volver a capacitar a los agentes para hacer que los automovilistas fuesen obligados a detenerse con base en la Constitución, establecer un sistema de alerta para detectar comportamientos problemáticos por parte de los agentes, y equiparlos con cámaras corporales.
Posteriormente Arpaio fue declarado culpable de desacato penal al tribunal por desobedecer la orden del juez de 2011 de suspender los patrullajes. Se libró de una posible sentencia de cárcel cuando en 2017 el presidente Donald Trump lo indultó de su declaración de culpabilidad por delito menor.
Varios estudios de detenciones por infracciones de tránsito realizadas después de que se emitiera el veredicto sobre discriminación racial mostraron que a menudo los agentes trataban de manera distinta a conductores hispanos y negros en comparación con otros conductores, aunque los informes no dicen que a los hispanos se les seguía obligando a orillarse con base en su raza.
El último informe, que cubre paradas de automovilistas efectuadas en 2023, proyectó un panorama más favorable, diciendo que no hay evidencia de disparidades en la duración de las paradas o tasas de arrestos y registros para conductores hispanos en comparación con automovilistas blancos. Pero cuando los conductores de todas las minorías raciales fueron agrupados para fines de análisis, el estudio indicó que el tiempo en el que se les obligó a orillarse fue 19 segundos más largo que el de los conductores blancos.
Aunque el caso se centró en los patrullajes de tránsito, posteriormente el juez ordenó cambios en la forma en que el jefe policial manejaba los asuntos internos, que según los críticos estaba sesgada en la toma de decisiones por parte de Arpaio y que protegía a sus agentes de rendir cuentas.
La agencia ha enfrentado críticas por un retraso de años en los casos de asuntos internos, que en 2022 eran unos 2.100 y se redujeron a 939 el mes pasado.
Para mediados de 2026, se pronostica que los contribuyentes paguen 289 millones de dólares tan sólo en costos de cumplimiento para la jefatura policial, más otros 23 millones en costos jurídicos y 36 millones para un personal de profesionales de supervisión que monitorean el progreso de la agencia en el cumplimiento de las reformas.
Galvin ha criticado el dinero gastado en monitoreo y ha cuestionado si ha hecho que alguien esté más seguro.
Raul Piña, miembro de larga data de una junta asesora comunitaria creada para ayudar a mejorar la confianza en la jefatura policial, indicó que la supervisión judicial debería continuar porque los contribuyentes del condado finalmente están viendo mejoras. Piña cree que la crítica de Galvin a la supervisión judicial tiene móviles políticos.
"¿Escribieron cheques en blanco durante años, y ahora suena lógico armar un escándalo de que es súper caro?", preguntó Piña.
Christine Wee, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles que representa a los demandantes, dijo que la jefatura policial no está lista para que le quiten de encima la supervisión judicial.
Wee señaló que los demandantes tienen preguntas sobre los datos de las paradas de tráfico, y creen que el retraso en la cuestión de asuntos internos debe ser subsanado y la calidad de las investigaciones debe ser alta. "La cuestión de salir de la supervisión judicial es prematura", manifestó Wee.
El jefe policial actual, Jerry Sheridan, dijo que se ve a sí mismo pidiéndole a la corte durante su mandato que ponga fin a su supervisión a dicha jefatura. "Me gustaría satisfacer completamente las órdenes judiciales dentro de los próximos dos años", expresó.
Pero poner fin a la supervisión judicial no necesariamente detendría todo el gasto, según ha dicho la jefatura policial en registros judiciales.
Sus abogados dijeron que los costos "probablemente seguirán siendo necesarios incluso después de que termine la supervisión judicial, con el fin de sostener las reformas que se han implementado".
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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