Cupones de alimentos en EE.UU.: la batalla judicial por el estatus migratorio de los beneficiarios

En los últimos meses, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) buscó exigir a los estados la entrega de datos personales de beneficiarios y solicitantes de cupones de alimentos, incluido el estatus migratorio. La medida generó litigios judiciales y, por ahora, un tribunal federal bloqueó que la agencia retuviera fondos administrativos a 22 estados que se negaron a cumplir con el pedido.

A mediados del año pasado, el presidente Donald Trump firmó la ley H.R.1, conocida también como One Big Beautiful Bill, que introdujo cambios sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), como parte de los recortes presupuestarios.

En este marco, el USDA avanzó con pedidos de información a los estados para reforzar controles sobre el programa de cupones de alimentos.

La solicitud incluyó nombres, direcciones, números de Seguro Social, fechas de nacimiento y datos de ciudadanía o estatus migratorio, con registros que retroceden hasta el 1° de enero de 2020.

De acuerdo con Telemundo, la agencia amenazó con retener fondos administrativos a los gobiernos que no proporcionen estos datos.

Los correos electrónicos citados en un informe de NPR muestran que la orden surgió de una solicitud de información por parte de los auditores federales.

Esta incluía datos sobre la ciudadanía o el estatus migratorio, pero no otros que se utilizan comúnmente para verificar la elegibilidad.

El USDA argumentó que esta información era necesaria para garantizar la “integridad del programa” y eliminar el fraude y los pagos indebidos.

Al 18 de junio, la exigencia sigue trabada en tribunales. En febrero de 2026, la jueza federal Maxine Chesney bloqueó que el USDA retuviera fondos administrativos de cupones de alimentos a 22 estados que se negaron a entregar la información solicitada, según informó Associated Press.

La solicitud de datos personales del gobierno federal preocupa a los defensores de los derechos de inmigrantes, quienes advierten que esta recopilación masiva de datos podría convertirse en un “arma de vigilancia”.

En declaraciones para NPR, John Davisson, asesor principal y director de litigios del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, se refirió a las inquietudes respecto a que la estrategia pudiera utilizarse para facilitar la deportación y la vigilancia masiva.

“Lo que están construyendo es un arma de vigilancia que puede utilizarse con todo tipo de fines perjudiciales en el futuro”, advirtió.

Por su parte, Tanya Broder, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, enfatizó las preocupaciones de privacidad que implica la medida.

“La exigencia del gobierno federal de acceso ‘sin restricciones’ a datos confidenciales en múltiples agencias, y su agresiva persecución de inmigrantes, plantean serias preocupaciones sobre la privacidad y la posibilidad de que la información se utilice como arma contra personas que pasarían hambre sin ayuda”, expresó.

En 2023, un informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) mostró que el 11% de los pagos de SNAP se consideraron “indebidos”. Sin embargo, solo el 1% correspondió a problemas a nivel estatal relacionados con la determinación de la elegibilidad para la ciudadanía, de acuerdo con el USDA.

Como regla general, los inmigrantes indocumentados no pueden recibir cupones de alimentos federales en EE.UU. Tras los cambios de H.R.1, la elegibilidad de no ciudadanos quedó limitada principalmente a nacionales no ciudadanos de Estados Unidos, residentes permanentes legales, ciertos inmigrantes de Cuba y Haití, y ciudadanos de países bajo un Compact of Free Association, como Islas Marshall, Micronesia y Palaos.

Asimismo, este año comenzó a regir en varios estados una normativa relativa a los requisitos laborales. Ahora, los beneficiarios de entre 18 y 64 años deben cumplir con ciertas reglas, como trabajar o realizar tareas voluntarias por al menos 20 horas semanales.