Detención de inmigrantes, un maná económico para prisiones privadas en EEUU

La promesa de Donald Trump de ejecutar la mayor operación antiinmigración de Estados Unidos aceleró la demanda de espacios para detener a decenas de miles de personas. Esto representa una oportunidad económica para unos, pero para otros, un golpe humanitario.

Esta dicotomía se ha vuelto existencial en California City, una depauperada ciudad del estado de California, donde se proyecta la apertura del mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos.

"Cuando hablas con la mayoría de residentes aquí, tienen una opinión favorable, ellos ven el impacto económico", dijo a AFP el alcalde de California City, Marquette Hawkins.

CoreCivic, uno de los grupos líderes del sector y propietario de las instalaciones, sostiene que el centro, ahora en actividades preliminares, generaría unos 500 empleos y más de US$2 millones en ingresos fiscales para la ciudad.

"Muchos de nuestros residentes ya fueron contratados para trabajar en esas instalaciones", dijo Hawkins.

"Cualquier fuente de ingreso que venga a apoyar a la ciudad en su reconstrucción, será vista positivamente", agregó.

Pero para algunos, el precio a pagar es muy alto.

"Sé que tenemos inseguridad alimenticia aquí, la gente tiene que viajar horas para trabajar, y sienten que esto les va a ayudar, sin entender que es la forma más inhumana de tener un trabajo", dice Inishia White, de la Fundación Dolores Huerta.

- "Demanda" -

Con la arremetida antiinmigración de Trump ensañada en el bastión pro-migración de California, el número de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alcanzó en junio el récord de más de 60.000, la mayoría sin convicciones criminales, de acuerdo con cifras oficiales.

Más del 80% de los detenidos está en instalaciones administradas por el sector privado bajo contrato con ICE, expone el proyecto TRAC de la Universidad de Syracuse.

Y con las directrices de Washington de triplicar el promedio de arrestos diarios, más la aprobación de US$45.000 millones que una ley contempla para nuevos centros en los próximos cuatro años, el sector visualiza un boom sin precedentes.

"Nunca en 42 años de historia en esta compañía hemos tenido tanta actividad y demanda por nuestros servicios como ahora", dijo en mayo en una llamada con inversionistas Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic.

Cuando Trump asumió en enero, 107 centros estaban operativos. La cifra ronda ahora los 200.

Ya políticos demócratas cuestionan esta expansión.

"Las compañías que manejan prisiones privadas están lucrando con el sufrimiento humano", dijo la congresista Norma Torres a las puertas de un centro de detención en Adelanto, ciudad en el sur de California, en donde a comienzos de año había tres personas. Seis meses después, alberga a cientos de detenidos.

Torres intentó visitar las instalaciones administradas por el también privado GEO Group, pero dijo que se le impidió la entrada por falta de un preaviso de siete días.

"Es peligroso, ilegal y un intento desesperado de esconder el abuso que se esconde detrás de estas paredes", dijo Torres.

"Hemos escuchado las horribles historias de detenidos arrestados violentamente, con cuidados médicos básicos denegados, aislados por días y heridos, sin tratamiento", agregó.

"Esto es una bomba de tiempo", dijo Kristen Hunsberger, abogada del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes.

"Las necesidades básicas y humanas no están siendo provistas", dijo la abogada, quien también ha recibido denuncias de falta de alimentos, agua y condiciones sanitarias y médicas.

Hunsberger, que pasa horas en la carretera yendo de un centro a otro para localizar a sus clientes, señala además que a muchos se les ha bloqueado el acceso a asesoría jurídica, un derecho constitucional en Estados Unidos.

El gobierno y las corporaciones privadas niegan acusaciones de malos tratos.

"Las afirmaciones de que hay hacinamiento o condiciones precarias en las instalaciones del ICE son categóricamente falsas", dijo en un comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

"Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, tratamiento médico y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados".

- "Condiciones inhumanas" -

Pero algunos familiares de los detenidos a las puertas de los centros difieren.

La estadounidense Alejandra Morales dijo que su esposo estuvo cinco días detenido en Los Ángeles sin comunicación, hasta que fue trasladado a Adelanto.

En el centro de Los Ángeles, dijo Morales, "no los dejan ni lavarse los dientes, no los dejan bañarse, nada. Que los tienen todos durmiendo en el piso, en una celda, todos juntos".

Morales sostuvo que "mucha gente está firmando su deportación, porque no tienen familia o no han tenido como comunicarse con su familia".

Hunsberger sostuvo que para los detenidos y sus familiares, el tratamiento parece deliberado.

"Están empezando a sentir que se trata de una estrategia para agotar a las personas, mantenerlas en condiciones inhumanas y luego presionarlas para que firmen algo en lo que podrían aceptar ser deportadas", dijo.

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